Aunque «con paso muy lento», la tendencia en América es al «fortalecimiento de los derechos humanos», señaló la activista María Victoria Fallon en la antesala de la 38 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se realiza en Colombia.
"El Sistema Interamericano (en el área humanitaria) se fortalece, como se han ido fortaleciendo también algunas democracias dentro del hemisferio", agregó Fallon, portavoz de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos, en diálogo con IPS.
En similar sentido se pronunció el secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, en la sesión inaugural del domingo por la noche de la reunión máxima del foro que reúne a 34 países de América, todos a excepción de Cuba excluida desde 1962. El encuentro transcurre en Medellín, capital del noroccidental departamento de Antioquia, y finalizará este martes.
En estas reuniones de la OEA, la Coalición ventila el tema de los derechos humanos y la obligación de los estados miembros de cumplir con las resoluciones del Sistema Interamericano de Justicia, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las convenciones ratificadas por los países.
Pero esta ocasión es especial: entre 2008 y 2009 cumplen 60 años la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 40 años la adopción de la Convención Americana de Derechos Humanos y 30 años de su entrada en vigor.
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Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cumple 50 años, y 30 la Corte.
Por eso, la Coalición, una alianza de organizaciones defensoras de derechos humanos que litigan ante la Corte y la Comisión, propone a la actual Asamblea General siete medidas concretas.
Mientras todos los países ratifican la Convención, la Asamblea debe solicitar a los países que no lo han hecho, como Estados Unidos, que entreguen un informe nacional sobre el estado de los derechos humanos y su legislación.
La segunda medida es que la Asamblea ratifique, en una resolución, la autonomía e independencia de la Corte, con sede en San José de Costa Rica, y la Comisión, con oficinas en Washington.
"Los miembros de la Comisión y de la Corte son elegidos por la Asamblea General, que es un organismo político. Si bien la Comisión es un órgano que podríamos caracterizar como jurídico-político, y la Corte como un órgano totalmente judicial, de alguna manera la elección de sus miembros puede llegar a tener una incidencia política", comentó Fallon a IPS.
"Lo que nosotros pedimos es que se avance para que cada día la elección de los miembros de la Comisión y de la Corte sea más transparente, y orientada fundamentalmente por las capacidades individuales, la experiencia y el compromiso de las personas que sean propuestas para esos cargos", añadió.
Actualmente, cada gobierno propone ternas para reemplazar a los integrantes de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"Es una función política. Estamos pidiendo que existan mecanismos internos, dentro de cada estado, que posibilite a la sociedad civil participar en la postulación de candidatos", señaló la jurista.
Otras dos medidas se refieren al financiamiento adecuado de ambas instancias y a la posibilidad de que éstas funcionen de manera permanente.
La Coalición aspira a que la Asamblea General de la OEA adopte una resolución para que los miembros que aún no hayan acatado recomendaciones de la Comisión o sentencias de la Corte presenten, "a más tardar en mayo de 2009, un plan de cumplimiento que incluya medidas de no repetición", indica el pronunciamiento leído por Fallon. Las víctimas merecen un interés especial de la Coalición. El Sistema Interamericano es un mecanismo para que ellas obtengan "justicia y reparación adecuadas", por lo que "es imperioso" eliminar todos los obstáculos que se atraviesan en ese objetivo.
"Para las víctimas es sumamente costoso acudir ante el Sistema. Y cada vez es más difícil, porque depende totalmente de la financiación que puedan hacer agencias que apoyan el trabajo en derechos humanos", advirtió Fallon.
En ese sentido, la propuesta de la Coalición de crear, mediante resolución de la Asamblea, un Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano, "tiene acogida favorable en distintos ámbitos de los (poderes) ejecutivos en distintos países" miembros, adelantó.
Respecto de la protección a la labor de los defensores de derechos humanos, otro punto focal de la Coalición, los integrantes de la OEA deben adoptar "a más tardar en enero de 2009" planes de acción para la promoción, garantía, respeto y protección de esa actividad.
También, "recordar el carácter vinculante de las medidas cautelares y provisionales emitidas por los órganos del Sistema Interamericano", pues son "una herramienta clave para proteger y garantizar el derecho a la vida y la integridad personal".
El llamado Pronunciamiento de la Coalición fue expuesto por Fallon en la mañana del domingo, en una sesión preliminar de la Asamblea General de la OEA denominada "Diálogo de jefes de delegación con representantes de la sociedad civil".
A Fallon, como a los demás que intervinieron en la sesión, le dieron dos minutos para expresar sus planteamientos.
¿Hubo diálogo?, preguntó IPS. "No, no hay diálogo. Y ese es precisamente uno de los obstáculos que nosotros hemos señalado en el entendimiento entre la sociedad civil y la Asamblea General de la OEA", dijo la activista.
"Es una muestra más de la dificultad para que los estados escuchen a la sociedad civil sobre lo que se necesita en América", sostuvo.
