Cuba reaccionó con cautela al anuncio de que la Unión Europea (UE) decidió suspender definitivamente un conjunto de medidas diplomáticas aplicadas a La Habana por el arresto en 2003 de 75 opositores acusados de subversión y conspiración con Estados Unidos.
El diario oficial Granma se limitó a publicar la noticia sin mayores comentarios, bajo un título que dice: "Acuerdan cancilleres de la UE revocar injustas sanciones contra Cuba". En su reseña, la publicación agrega que "la UE pretende reactivar el diálogo político con La Habana".
Pero fuentes diplomáticas europeas consultadas por IPS aclararon que esa nota no se puede considerar una respuesta oficial. "Seguramente la habrá cuando las autoridades conozcan el texto sobre el tema", cuya redacción se está ajustando y podría ser aprobado el lunes en Bruselas, señaló una de las fuentes.
"Si así hubiera ocurrido, yo creo que sí es un paso en la dirección correcta", dijo el jueves por la noche el canciller cubano Felipe Pérez Roque, abordado por un periodista de la agencia Reuters en una recepción en honor del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez.
Los embajadores de la UE acreditados en La Habana realizaron este viernes su encuentro mensual, en el cual la decisión de Bruselas, aunque esperada, fue "un punto más" de la agenda, comentó un diplomático que aceptó conversar con IPS a condición de no ser identificado.
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Grupos disidentes cubanos reaccionaron con decepción o abierto rechazo, en tanto otros, de tendencia moderada, consideraron "correcta" la decisión del bloque de 27 países.
"Apoyamos el diálogo como vía para llegar a la democratización. Ahora, en lenguaje beisbolero, hay que decir que la bola está del lado del gobierno cubano", comentó a IPS el opositor Manuel Cuesta Morúa.
El bloque europeo había suspendido la aplicación de las sanciones en 2005, aunque de manera temporal. El gobierno cubano insistió en marzo que cualquier posibilidad de dialogar pasaba por el cese sin condiciones de esas medidas, que implicaban un reconocimiento de la disidencia.
Las sanciones incluían limitar las visitas gubernamentales y reducir la participación europea en actos culturales en Cuba, así como invitar a miembros de la oposición a las recepciones organizadas por las fiestas nacionales de los estados miembros de la UE.
Este último punto irritó especialmente al gobierno cubano, que considera a los opositores (que actúan sin reconocimiento legal) "mercenarios" al servicio de la política hostil de Estados Unidos.
De acuerdo con las noticias despachadas desde Bruselas, los ministros de Relaciones Exteriores de los 27 países alcanzaron un acuerdo que propone, además del cese definitivo del castigo, el inicio de un diálogo político con el gobierno cubano encabezado por Raúl Castro.
Pero, a propuesta de algunos países que se resistían a esa decisión, la UE debería reexaminar "los resultados del diálogo político y de derechos humanos" dentro de un año. El canciller socialista español, Miguel Ángel Moratinos, aclaró que esa reevaluación no incluiría "la implantación de las medidas", levantadas definitivamente. Granma entendió esa condición como "un compromiso renovado con la llamada Posición Común" impulsada en 1996 por el entonces derechista gobierno español, encabezado por José María Aznar (1996-2004), que para La Habana es "instrumento injerencista en los asuntos internos de Cuba".
Esa postura fue aprobada por el Consejo Europeo —conformado por los jefes de Estado y de gobierno de los 27 países, asistidos por sus cancilleres— con el fin de fomentar el proceso de transición hacia el pluralismo democrático y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en Cuba, así como la elevación y mejoría del nivel de vida del pueblo cubano.
Esa Posición Común, que complicó por años las relaciones y habría obstaculizado un acuerdo marco sobre cooperación, no fue mencionada como problema para una normalización de los vínculos durante la visita a La Habana en marzo del comisario europeo para el Desarrollo, Louis Michel.
En esa ocasión, Michel y su anfitrión, el canciller Pérez Roque, concordaron en que para establecer un diálogo político abierto que abarque todas las cuestiones, incluidos los derechos humanos, resultaba imprescindible el levantamiento definitivo de las sanciones de 2003.
Michel expuso su postura favorable al cese de las sanciones, pero aclaró que "es el Consejo el que debe decidir", y que para ello hace falta "unanimidad" entre sus miembros.
En rueda de prensa en Bruselas, el canciller Moratinos dijo, al confirmar la decisión de la UE, que la intención es iniciar una etapa de diálogo que no esté condicionado ni limitado por unas medidas que, cree el gobierno español, nunca habían servido para gran cosa y habían sido incluso contraproducentes.
Madrid encabeza las posturas favorables a dialogar con La Habana. Ésta ha insistido en más de una ocasión que no acepta presiones ni imposiciones de ninguna clase. (FN/IPS/pg/dcl/la eu ip hd fc sl/08)
