BOLIVIA: Universidades en letargo

Los problemas internos que afrontan las universidades estatales de Bolivia son de tal envergadura que han llevado a que la academia falte a un compromiso, otrora ineludible, como es participar en primera fila en los grandes debates nacionales.

Un buen ejemplo de esa actitud pasiva es la falta de pronunciamientos desde las altas casas de estudio de La Paz y de Santa Cruz de la Sierra sobre el fuerte enfrentamiento, que tiene epicentro precisamente en esas ciudades, entre el gobierno izquierdista de Evo Morales y autoridades y movimientos derechistas de la llamada media luna oriental y su pretendida autonomía.

En este contexto de batalla política, con la empobrecida región occidental en un frente y los ricos departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija en el otro, las universidades han abandonado el papel ganado desde 1928, cuando su presencia en la política fue fundamental para impulsar cambios y obtener su propia autonomía de gobierno y administración.

El rostro visible de las universidades hoy son aislados estudiantes identificados con las tendencias de derecha que se oponen a Morales y conforman grupos de choque como la radical Unión Juvenil Cruceñista y el brazo violento del Comité Interinstitucional de Sucre, la capital legal de Bolivia.

A estos sectores estudiantiles le atribuye el gobierno nacional la agresión y humillación perpetrada el 24 de mayo contra autoridades municipales de origen quechua, en un acto que provocó censura generalizada en todo el país.

El sistema universitario estatal, representado por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), grupa a 10 casas de estudio superior, nueve de las cuales funcionan en igual número de capitales departamentales en que está dividido el país, a las que se agrega la Universidad Nacional de Siglo XX, instalada en la población minera de Llallagua, en el sudoccidental departamento de Potosí.

"La universidad ha perdido iniciativa en la conducción intelectual y política", explicó a IPS Jerjes Justiniano, ex rector de la Universidad Gabriel René Moreno, de Santa Cruz de la Sierra.

El ámbito académico debería ser el escenario del debate para examinar opciones autonómicas y competencias institucionales, comentó Justiniano, un prestigioso abogado de izquierda que dirigió la universidad cruceña de 1984 a 1987 y de 1990 a 1993, y luego ocupó un escaño como diputado en dos oportunidades.

Una "gremialización" (sindicalización) en lugar del desarrollo de la ciencia y el conocimiento nacional se ha impuesto en las universidades, donde predomina la lucha de intereses sectoriales, tanto de profesores como de los estudiantes, comentó a su vez a IPS Pablo Ramos, cuatro veces rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), de La Paz.

Con mayor énfasis, el profesor e investigador Joaquín Saravia expresó a IPS que la universidad estatal está "enclaustrada en la rutina y no tiene incidencia ni social ni política".

Ramos, desde La Paz, y Justiniano, desde Santa Cruz de la Sierra, coinciden en observar la pérdida de iniciativa de la dirección universitaria y una fuerte tendencia a resolver problemas internos, ajenos a los acontecimientos de la política nacional donde los grupos de poder económico cuestionan el avance del programa social del presidente Morales.

La lejanía entre las actividades académicas y la turbulenta política de hoy se diferencia de manera abismal con los días en que la lucha universitaria se codeaba con el poder.

En la presidencia de Hernando Siles Reyes (1926-1930), los profesores y estudiantes de la universidad estatal respaldaron procesos de cambio, el reordenamiento del Estado para administrar sus recursos financieros y otras medidas, hasta lograr representación en el gabinete ministerial de ese mandatario.

Siles Reyes recogió la fortaleza universitaria para abandonar al influyente Partido Republicano de entonces y crear el 5 de enero de 1927 el Partido de la Unión Nacionalista.

Al calor de su proximidad con el poder, el movimiento universitario consiguió su autonomía de gestión y la incorporación en el nuevo texto constitucional a través del referendo celebrado el 11 de enero de 1931.

A consecuencia de ese acontecimiento, la universidad apoya, por naturaleza, las autonomías, explicó Justiniano.

Este académico repasó que esa condición de independencia de gobierno y administración sólo está precedida por la autonomía municipal, reconocida aún antes de la creación de la república boliviana, el 6 de agosto de 1825.

Ramos, por su parte, considera que la autonomía universitaria sufre de debilidad por una pérdida de ideales y de inmediato recuerda su papel protagónico, desde 1928, cuando su lucha por la independencia institucional acompañaba la conquista de medidas como la nacionalización de las minas de estaño, la reforma agraria y el voto universal que llegaron con la llamada Revolución Nacional, entre 1952 y 1953.

Compara ese pasaje de la historia con la situación presente, que muestra a profesores buscando sólo mejoras salariales y estudiantes en pugna por obtener ventajas en el uso de recursos financieros del presupuesto universitario, de un modo que desvirtúa el co-gobierno paritario docente-estudiantil.

Define a la universidad autónoma como una comunidad democrática de trabajo intelectual, con un interés por el desarrollo de la ciencia, por buscar el aporte al conocimiento nacional, la libertad de pensamiento y de cátedra, y también como un movimiento social.

Ramos, profesor e investigador nacido en el sureño departamento de Tarija, recuerda que las primeras corrientes a favor de las autonomías surgieron del Chaco boliviano, en la región fronteriza con Paraguay, una zona empobrecida donde no existen universidades.

Justiniano, en tanto, es un profesional identificado con las luchas sociales y defiende las autonomías regionales, pero hace notar que su posición es favorable a una autonomía definida técnicamente como una mayor descentralización técnica y administrativa.

Con esa explicación marca distancia con las posiciones opositoras de las corrientes derechistas y pro autonomistas a las cuales les atribuye una simple "pugna por el poder político ideologizado".

El gobierno asegura que los impulsores de las autonomías regionales esconden un interés por crear una especie de "republiquetas" para fracturar la unidad nacional.

Aún alejada de la realidad, la universidad pública consiguió preservar su autonomía en el nuevo proyecto de Constitución, que en su artículo 92 reconoce "la libre administración de sus recursos, el nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo" y otras facultades para su gestión interna.

A pesar de su principio de crear un órgano de fiscalización mediante las organizaciones sociales, el gobierno no logró introducir este mecanismo de control para las universidades en el proyecto constitucional.

De igual manera, los autonomistas cruceños cedieron a la presión estudiantil y terminaron reconociendo su autodeterminación con un cambio en el texto de sus estatutos autonómicos.

En abril de 1970, la UMSA fue protagonista de una revolución universitaria y enfrentó al gobierno dictatorial de Alfredo Ovando Candia (1965, 1966 y 1969-1970) para conquistar el co-gobierno docente-estudiantil y el derecho a veto político contra personas contrarias a sus principios y la democracia.

Desde entonces, los aspirantes al rectorado deben obtener una mayoría de votos entre profesores y estudiantes, mediante una ponderación que otorga igual valor a ambos estamentos del ámbito universitario en el Consejo Universitario que gobierna, donde la participación también es equilibrada.

El principal soporte financiero de las universidades estatales es entregado por el gobierno nacional que reconoce, mediante la ley 843, cinco por ciento de la recaudación efectiva de las rentas nacionales, mediante un procedimiento denominado co-participación tributaria, del que también se benefician 327 gobiernos municipales con 20 por ciento en ese caso.

Durante la gestión 2007, el Tesoro General de la Nación transfirió 632 millones de bolivianos (unos 86 millones de dólares), a los cuales se agregan ingresos por el registro de estudiantes, venta de servicios y otras modalidades.

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