Agresiones, limitaciones y amenazas contra organizaciones no gubernamentales aparecen en oleadas en Nicaragua, Colombia, Perú y Venezuela, según informes de defensores de derechos humanos y datos reunidos por IPS.
En Managua, la activista de la Coordinadora Civil, Georgina Muñoz, denunció este mes que el gobierno del izquierdista Daniel Ortega promueve una campaña de desprestigio y amenazas contra las organizaciones no gubernamentales (ONG) registradas en Nicaragua, por las críticas que éstas hacen a medidas de su administración.
Muñoz, en representación de más de 24 ONG afiliadas a la Coordinadora Civil, denunció que funcionarios del gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) acosan a activistas y los amenazan con quitarles permisos para sus operaciones y con fiscalizar sus cuentas y estados financieros.
"El mismo Ortega ha iniciado una campaña en sus discursos de plazas públicas, llamándonos peones del imperio, peleles, agentes de la CIA y vende patrias", dijo Muñoz.
Poco antes, Ortega y varios legisladores del partido gobernante habían denunciado que ONG recibían financiamiento de Estados Unidos para atacar y debilitar a la administración del FSLN.
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A fines de mayo, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), donó más de 300.000 dólares a 15 organizaciones civiles para proyectos de desarrollo social, investigaciones académicas y fortalecimiento institucional en materia de derechos civiles.
La Coordinadora Civil y sus entidades afiliadas realizan actividades de defensa de derechos humanos, de respaldo a grupos feministas, de promoción del ambiente, de amparo de derechos reproductivos y a la diversidad sexual, de fomento de la transparencia en la función pública y de tolerancia política.
La directora del no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, dijo a IPS que la entidad ha soportado presiones e insultos desde instituciones del Estado, cuando sus activistas presentan denuncias en oficinas públicas.
"Desde que tomó posesión (en enero de 2007), Ortega ha mantenido un discurso agresivo contra muchos sectores no oficiales. Sus seguidores atacan y agraden a golpes a los periodistas, acusan a las organizaciones de malos manejos financieros y arremete contra las mujeres", señaló Núñez de Escorcia, antigua militante del FSLN.
En su opinión, hay más "ensañamiento" contra las organizaciones de mujeres que reclaman el aborto terapéutico, extirpado del sistema de salud y penado con cárcel en 2006, durante una campaña electoral en la que FSLN se aproximó a la Iglesia Católica.
"Ortega empezó con las mujeres y vemos que es a ellas a las que más ha atacado, al extremo de que existe una denuncia en la Fiscalía General de la República, para imputar acciones delictivas a un grupo de nueve dirigentes", sostuvo.
Las acciones incluyen el bloqueo a información oficial contra el Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas, luego de que señalara falta de transparencia en el manejo de la cooperación venezolana, dijo su director, Javier Meléndez.
La Comisión Permanente de los Derechos Humanos, con más de 30 años de presencia en el país, ha recibido amenazas anónimas de muerte, así como advertencias de que podrían retirarle la licencia, luego de que acogiera un reclamo de trabajadores despedidos de instituciones públicas, según dijo su portavoz, Marcos Carmona.
El Consejo Supremo Electoral anunció que impulsaría una ley para impedir al no gubernamental Grupo Cívico Ética y Transparencia realizar la observación de procesos comiciales.
La autoridad electoral está conformada por una mayoría de miembros del FSLN y del Partido Liberal Constitucionalista, aliado del gobierno y liderado por el ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2002), convicto por actos de corrupción y lavado de dinero.
El Grupo Cívico —capítulo nicaragüense de Transparencia Internacional— había alertado de anomalías en la preparación de las elecciones municipales que se celebrarán en noviembre, dijo a IPS su director ejecutivo, Roberto Courtney.
Pero Nicaragua no es una excepción. En Venezuela, Colombia y Perú se han registrado situaciones similares, según datos recabados por corresponsales de IPS.
En diciembre de 2006, el gobierno peruano de Alan García, de origen socialdemócrata intentó establecer por ley la obligación de que las ONG se inscribieran en padrones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y quedaran sujetas a la fiscalización de los recursos que recibían del exterior, entre otras limitaciones a su actuación.
Las acciones legales se detuvieron el 7 de septiembre de 2007, cuando el Tribunal Constitucional acogió una acción de rechazo que las ONG presentaron contra la ley, pero la campaña de desprestigios y amenazas contra los activistas civiles se mantienen, dice un informe de Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitido en enero de este año.
De acuerdo con la Comisión, esa y otras medidas se tomaron porque las ONG "han promovido acciones judiciales por violaciones de derechos humanos cometidas durante el primer período gubernamental de García (1985-1990), especialmente en el caso de la masacre de presos en el penal de El Frontón, en junio de 1986".
Sectores del gobierno y seguidores del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) han desatado acusaciones de terrorismo contra la Comisión, el Instituto de Defensa Legal y la Asociación Pro Derechos Humanos.
Estas organizaciones acompañan a familiares de las víctimas de masacres que ejecutaron comandos especiales de inteligencia militar en la primera administración de Fujimori.
El presidente derechista de Colombia, Álvaro Uribe, principal aliado de Estados Unidos en esta región, fustiga sistemáticamente a las ONG desde septiembre de 2003.
Por entonces, el mandatario calificó de "traficantes de derechos humanos" y "voceros del terrorismo" a los autores de un balance de su primer año de mandato, titulado "El embrujo autoritario" y elaborado por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, que agrupa a más de 80 organizaciones.
Al mismo tiempo, comenzaron a florecer entidades civiles ultraderechistas y ONG integradas directamente por paramilitares desmovilizados. Colombia vive una guerra civil de casi medio siglo.
Luego de cada ataque verbal de Uribe o de sus asesores a los defensores de derechos humanos, se multiplican las amenazas de muerte contra éstos y sus organizaciones.
Hacia 2004 el gobierno de Uribe "comenzó a proyectar un mayor control, pues consideró que las ONG de derechos humanos estaban haciendo oposición con recursos de la cooperación", dijo a IPS Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
A mediados de 2005 el gobierno expidió los "Lineamientos para el enfoque de los proyectos de cooperación internacional", que dispuso eliminar del lenguaje de la cooperación términos como "conflicto armado", "crisis humanitaria", "comunidad de paz", entre otros, y prohibía financiar gestiones de diálogo y negociación.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) amenazó con irse de este país andino, que registra la mayor población desplazada por la guerra después de Sudán. Las presiones contra las ONG se mantienen y algunas han optado por disminuir sus críticas, según González Posso.
"Hubo mucho malestar", pero, por ejemplo, el papel de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos "se desdibujó", dijo. Esta oficina "tuvo una posición bastante independiente" desde sus inicios, en 1997, hasta hace cerca de año y medio, "pero ahora ha caído en una subordinación de hecho a las directrices del gobierno", según el director de Indepaz.
En Venezuela, donde gobierna el izquierdista Hugo Chávez, un informe de la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos, emitido en diciembre y actualizado este mes, denunció el recrudecimiento de las agresiones a los defensores y defensoras de derechos humanos desde 1997.
"Las condiciones en que desarrollan su labor los defensores de los derechos humanos se han deteriorado de manera significativa, situación ésta en la que el Estado venezolano tiene una responsabilidad fundamental", dice parte del informe.
La mayoría de las violaciones a los derechos humanos de estos activistas permanecen impunes y son cometidas por agentes del Estado, según el documento.
Desde 1997 se han cometido seis ejecuciones de miembros de organizaciones civiles, y agresiones directas a 38 integrantes de entidades de defensa de derechos humanos, en 59 actos registrados de violencia física y sicológica, que incluyen golpes, detenciones y amenazas de todo tipo.
* Con aportes de Constanza Vieira (Bogotá), Humberto Márquez (Caracas) y Ángel Páez (Lima).
