El gobierno de Zimbabwe asesinó, torturó e intimidó brutalmente a personas que votaron por la oposición en los comicios del 29 de marzo, según un informe sobre la violencia postelectoral en ese país africano realizado por una organización religiosa.
El 5 de este mes, destaca el estudio, seis personas fueron asesinadas en la septentrional aldea de Chaona, en un ataque dirigido por un mayor retirado, llamado Mhandu, quien es un legislador de la oficialista Unión Nacional Africana – Frente Patriótico (ZANU-PF, por sus siglas en inglés).
Un testigo de la masacre relató que en Chaona "hubo 15 votos para la ZANU-PF y alrededor de 80" para el opositor Movimiento por el Cambio Democrático (MDC, por sus siglas en inglés). "Esa fue la ofensa que cometieron y ese fue el precio que debieron pagar", agregó.
"El mayor Mhandu dijo que tenían que aprender. Los parientes de las personas asesinadas fueron golpeados, inclusos sus esposas e hijos. La comunidad todavía está traumatizada", señaló el testigo.
El informe, titulado "Castigando el Disenso, Silenciando Ciudadanos: Las elecciones de Zimbabwe de 2008", difundido el miércoles en Johannesburgo, fue elaborado por el Fondo para la Paz y la Solidaridad (SPT, por sus siglas en inglés), organización religiosa que documenta las violaciones a los derechos humanos en esa nación africana.
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El estudio se basa en información recogida en 681 entrevistas, realizadas en Zimbabwe entre el 1 de enero y el 30 de abril, a las que se agregan testimonios de representantes de la sociedad civil y profesionales de la salud.
Los autores describen una campaña de torturas, golpizas y destrucción de viviendas desde el día de las elecciones, que provocó la muerte de al menos 22 personas. Los ataques fueron realizados por miembros de la ZANU-PF, incluyendo a veteranos de guerra y el ala juvenil del partido.
Pero, destaca el estudio, fueron planeados por un Comando Conjunto de Operaciones integrado por oficiales del ejército, miembros de la policía y la Organización Central de Inteligencia.
Militares, policías y miembros del servicio de inteligencia participaron directamente en 56 por ciento de los ataques mencionados en el informe. También lo hicieron legisladores oficialistas.
El estudio no menciona actos de violencia cometidos por los partidarios del MDC, pero los autores visitaron un centro comercial donde seguidores de la oposición destruyeron locales propiedad de simpatizantes del oficialismo, en represalia por los ataques contra negocios de personas vinculadas al MDC.
La violencia fue especialmente intensa en las áreas rurales de la septentrional provincia de Mashonaland, un tradicional bastión de la ZANU-PF, donde muchos votantes apoyaron por primera vez a la oposición. Los autores del estudio creen que el propósito es intimidar a los votantes con vistas a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el 27 de junio.
Brian Raftopoulos, un académico de Zimbabwe, dijo en Johannesburgo durante la presentación del estudio que la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC, por sus siglas en inglés), "debe acercar a las partes, desmantelar las estructuras de violencia y crear un gobierno de transición que supervise la redacción de una nueva Constitución y establezca las condiciones para nuevas elecciones libres y limpias".
La segunda vuelta del 27 de junio, agregó, no es práctica ni deseable, a causa del clima de violencia.
Las recomendaciones del informe del SPT fueron criticadas por analistas y algunos líderes civiles, por considerar que pueden otorgar una nueva legitimidad al régimen del presidente Robert Mugabe, ignorando un proceso electoral en el que los ciudadanos eligieron a los líderes de su preferencia.
Nicole Fritz, directora del no gubernamental Centro de Litigios de África Austral, que promueve el estado de derecho y el respeto a las libertades individuales, advirtió contra acuerdos entre las elites en el nombre de la paz. "Las cuestiones de la justicia internacional no pueden estar sujetas a negociaciones políticas. No se pueden otorgar amnistías por crímenes contra la humanidad", afirmó.
El papel de Sudáfrica como mediador también genera dudas. Elinor Sisulu, portavoz de la no gubernamental Crisis en Zimbabwe, una coalición de organizaciones cívicas con sede en Johannesburgo, acusó al presidente de ese país, Thabo Mbeki, quien lideró un esfuerzo mediador de la SADC en 2007, de no reconocer la gravedad de la situación.
Sisulu mencionó los intentos de Mbeki para bloquear una intervención del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, sugiriendo que los africanos podían resolver los problemas.
La analista política Deprose Muchena señaló que un equipo de mediación debe incluir a otros líderes con experiencia y que Mbeki no tendría que actuar solo.
Por el momento, el MDC ha lanzado su campaña electoral con vistas a la segunda vuelta de los comicios presidenciales. Su líder, Morgan Tsvangirai, anunció este jueves que regresará a Zimbabwe el fin de semana. Demoró el retorno desde Sudáfrica porque los responsables por su seguridad dijeron que había evidencias de un complot para asesinarlo.
El informe del SPT cita a un activista del MDC, al que no identifica. "Lo que ha emergido claramente en Zimbabwe es que una elección no es una elección, ya que la ZANU-PF cree que sabe mejor que la gente lo que es bueno para las personas", afirmó.
"No pueden forzarnos a hacer lo que no deseamos. No nos pueden obligar a votar por el hambre y la pobreza. No pueden coaccionarnos para votar a terroristas como estos", enfatizó".
