Aunque ya se ha entregado a las autoridades Gastao Salsinha, el líder de los soldados rebeldes de Timor Oriental acusados de intentar asesinar al presidente José Ramos-Horta, no existen signos de una solución para la rehabilitación de alrededor de 600 desertores del ejército de ese país.
La mayoría de ellos han rechazado la propuesta gubernamental de reincorporarse como nuevos reclutas.
"Todos queremos volver al ejército, pero no aceptamos la exigencia de volver a presentar una solicitud de ingreso", dijo a IPS uno de los militares rebeldes, quien pidió ser identificado como "Roberto".
El gobierno había tomado tiempo atrás la decisión de darlos de baja. La mayoría desertó en 2006, alegando que eran discriminados en materia de ascensos y beneficios.
No se ha logrado encontrar una salida a la conmoción interna en las filas del ejército. La expulsión de los desertores disparó una ola de violencia que dejó 37 muertos y forzó a 150.000 personas a abandonar sus hogares.
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Los analistas consideran que el atentado del 11 de febrero contra Ramos-Horta constituyó otro episodio de la enconada disputa entre el gobierno y los rebeldes en torno a la percepción de estos últimos sobre la existencia de discriminación regional.
Salsinha tomó el comando de los desertores luego del ataque contra el presidente, en el que murió el líder original del grupo, Alfredo Reinado. Desde ese momento ha estado negociando la rendición que se produjo el martes.
Pero las autoridades no han aceptado la demanda de los rebeldes respecto de una rehabilitación incondicional. "El gobierno no negocia", dijo a IPS Joaquim Fonseca, asesor del primer ministro, José Alexandre "Xanana" Gusmão, el mítico ex guerrillero antiindonesio.
El pedido fue reiterado por Salsinha luego de su rendición, según una fuente del Movimiento Unido para la Justicia Nacional, que ha apoyado a los militares rebeldes desde el inicio del conflicto.
"Deserté porque era discriminado y quería ayudar a resolver los problemas internos del ejército", señaló "Roberto", quien como único hijo de una familia campesina pobre tiene que mantener a sus padres de avanzada edad y también a sus cinco hermanas.
Las acusaciones de discriminación en el ejército ocuparon el centro del debate político en 2006 y el opositor Partido Democrático (PD), liderado por Fernando Lasama, ha tomado el tema como bandera.
La rama juvenil del PD lo utilizó para movilizar a habitantes de las regiones hacia la capital, donde realizaron demostraciones contra el gobierno.
El PD también solicitó a los militares rebeldes que apoyaran a Ramos-Horta en su período presidencial, que comenzó en 2007 y se extenderá hasta 2012. Un acuerdo firmado por el actual mandatario y Lasama incluía un punto que hacía referencia a los desertores, que continuarían siendo considerados como miembros del ejército.
Pero luego el gobierno decidió no cumplirlo y expulsó a los militares rebeldes.
Según Ramos-Horta, la oferta de permitirles que se vuelvan a incorporar como nuevos reclutas es una "concesión importante. La disciplina del ejército es estricta y no se puede entrar y salir de él a placer".
Para Vital dos Santos, un legislador del PD, los rebeldes "se han convertido en víctimas de las ambiciones de los líderes políticos. Es injusto. Ellos no tienen la motivación de provocar un golpe de Estado".
La politización del tema fue reconocida en el borrador de un informe sobre los episodios de 2006, redactado por una comisión de alto nivel encargada de investigar el tema.
Los rebeldes, señaló, "sentían que la situación en el ejército no los favorecía e intentaron hallar una solución. Pero la intervención política externa generó una crisis mayor", agravada por protestas y enfrentamientos armados.
Tiago Sarmento, un ex miembro de esa comisión, dijo a IPS que los actos de discriminación e indisciplina en el ejército fueron "frecuentemente politizados".
El PD no está libre de culpas, agregó, porque integra la coalición de gobierno. "Utilizó a los rebeldes para ganar apoyo y acceder al poder", dijo Sarmento.
Dos Santos rechazó esa acusación. "No podemos resolver solos el problema. Queremos que haya diálogo entre el gobierno y los rebeldes", aseguró.
