En un terreno minado de sentimientos nacionalistas y división política, el parlamento de México y más de 160 especialistas iniciarán este martes dos meses de debates televisados en directo sobre la reforma de la alicaída empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
Aunque varios participantes prometieron imprimir a las discusiones un contenido técnico, datos ciertos y objetivos pragmáticos, los observadores dudan de que eso sea posible tratándose del sector petrolero, que aporta 40 por ciento del presupuesto del Estado y soporta una fuerte carga simbólica desde su estatización en 1938.
Pemex tiene un simbolismo similar al de la Virgen de Guadalupe, declaró el ex presidente Vicente Fox (2000-2006). Hasta el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha dicho que es como una "diosa intocable".
Los debates se realizarán en 21 jornadas en la sede del Poder Legislativo, seis de ellas en mayo, 10 en junio y cinco en julio. La última será el 15 de julio. Dos días después, el 17, los diputados y senadores iniciarán su propia discusión con miras a aprobar las reformas de Pemex.
Todo el proceso será transmitido en vivo por el estatal Canal del Congreso, de alcance nacional.
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El eje de los debates está las propuestas de reformas a cinco diferentes cuerpos legales, presentadas a inicios de abril por el presidente conservador Felipe Calderón, que la oposición de izquierda considera "entreguistas y privatizadoras".
El gobierno sostiene que dará a Pemex autonomía de gestión y un perfil que la acerque al funcionamiento de una empresa y la aleje de su situación actual, más semejante a la de un ministerio. Se prevé que en el transcurso de las discusiones se efectúen enmiendas a la iniciativa.
Uno de los escasos puntos de vista concordantes entre gobierno y oposición es el relativo al diagnóstico. Para todos está claro que la empresa estatal no tiene recursos ni tecnología para invertir a largo plazo y que urge un cambio profundo en sus esquemas de operación.
Otro hecho incontrovertible es que las reservas probadas de petróleo mexicano tienen un horizonte de apenas nueve años y que el país, a pesar de ser exportador de crudo, importa cada vez más gasolinas y otros derivados.
Los diagnósticos gubernamentales indican que Pemex adolece de múltiples problemas. Mientras en Estados Unidos la utilidad que se obtuvo por la refinación de un barril de 159 litros de crudo, antes de impuestos, fue en 2007 de 15,9 dólares, en México se ubicó en siete dólares.
Pemex registró en 2006 ventas de 691.000 dólares por empleado, mientras la estadounidense Exxon tuvo en ese mismo año ventas por 4,5 millones de dólares por trabajador.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en México se producen 24 barriles diarios por cada trabajador de Pemex. El consorcio estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) produce 43 barriles diarios por cada uno de sus empleados.
Una encuesta nacional efectuada por la consultora privada Ipsos-Bimsa y el diario El Universal, publicada este lunes, mostró que 29 por ciento de los consultados se manifestaron a favor de las reformas, 27 por ciento en contra y 44 por ciento no expresaron una postura definida.
La encuesta realizada a 1.000 personas en sus viviendas entre el 18 y el 23 de abril, indica que 32 por ciento de los entrevistados asociaron la reforma propuesta por el gobierno con algo positivo, 28 por ciento con algo negativo y 25 por ciento con aspectos tanto positivos como negativos.
El izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), que ocupó por más de dos semanas de abril las tribunas del parlamento para exigir un debate amplio, es el principal opositor a la reforma. Pero, si bien constituye el segundo bloque parlamentario en cantidad de legisladores, no tiene una posición unida en este tema.
Un sector promete que jugará sus cartas en el parlamento y pugnará por una reforma a través del diálogo, mientras otro, encabezado por el ex candidato presidencial Andrés López Obrador, advierte que si el resultado del debate no es el que espera, lo impugnará con movilizaciones callejeras y la ocupación de aeropuertos y edificios del Estado.
El gobernante Partido Acción Nacional (PAN), primera fuerza parlamentaria, y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México entre 1929 y 2000 y es la tercera fuerza legislativa, no coinciden sobre las propuestas del Poder Ejecutivo.
Pero muchos estiman que podrían llegar a un acuerdo y aprobar las reformas, pese al rechazo de la izquierda.
Los foros de debate incluyen 18 temas, entre ellos un estudio jurídico para definir si las propuestas respetan o no el marco de la Constitución, un análisis sobre el destino de la renta petrolera, la restitución de reservas, órganos de regulación, participación del sector privado, regulaciones para compañías extranjeras, arbitrajes internacionales, transparencia, rendición de cuentas, tecnología y tareas de investigación.
Entre los más de 160 participantes invitados, hay especialistas en temas petroleros, historiadores, dirigentes políticos y sociales y académicos. López Obrador, la principal figura opositora, no se inscribió en los debates.
El proyecto del gobierno pretende dotar a Pemex de flexibilidad para negociar contratos con particulares y realizar todo tipo de compras, ámbitos en los que ahora enfrenta engorrosos pasos administrativos.
La propuesta no incluye modificar la Constitución, que establece que el petróleo es un bien de propiedad exclusiva de los mexicanos y cuyo usufructo no puede compartirse con particulares.
Los cambios serían en normas secundarias, que permitan a la empresa establecer contratos flexibles con particulares, afirma el gobierno. A cambio, éstos recibirían pagos de acuerdo a su desempeño y no con dinero proveniente de la extracción y venta de crudo.
La propuesta precisa que en refinación, transporte, almacenamiento y distribución de petróleo y derivados podrán participar empresas privadas nacionales o extranjeras a través de un régimen de permisos administrativos, que de hecho ya existe.
El gobierno sostiene que la renta petrolera —diferencia entre la inversión que se requiere para extraer un barril y lo que se obtiene por su venta— no será el rasero que se use para efectuar los pagos a las empresas e insiste en que no se usará dinero de la industria para honrar esos contratos.
Se pagará en efectivo, sin considerar la relación costo-beneficio de la extracción y comercialización del crudo, dice el gobierno.
Pero el PRD sostiene que tal argumento no es más que un juego de palabras. Finalmente todos los pagos se harán, en mayor o menor medida, con los ingresos petroleros, pues de allí proviene 40 por ciento del dinero que dispone el Estado. Se usará por lo tanto la "renta petrolera" y eso es contrario a los intereses nacionales, afirma.
Aunque la Constitución establece que el crudo y los recursos energéticos asociados son propiedad del Estado y que éste tiene la responsabilidad exclusiva de explotarlo, normas secundarias ya permiten contratar a privados para apoyar esas labores a través de acuerdos llamados "cesión de permisos", "contratos de obra" y "contratos de servicios múltiples".
Lo que pretende la reforma de Calderón es facilitar esa relación con el sector privado, hoy encadenada a complicados trámites en los que los pagos se realizan de acuerdo al resultado de las licitaciones.
Como en la reforma propuesta por Calderón, la lógica de ganancia de las empresas no está ligada a cuál es el precio del barril del crudo o de la unidad de gas en los mercados.
La izquierda sostiene que lo que se viene haciendo con Pemex es una privatización disfrazada y que ha habido una deliberada política de dejar a la empresa a la deriva para justificar su traspaso al sector privado.
Desde hace más de 13 años, cuando se introdujeron reformas legales relacionadas al sector de la energía, los gobiernos defienden la posibilidad de que Pemex trabaje con el sector privado.
"Déjeme poner un ejemplo simple: no se puede pedir a la señora que vende jugo de naranja que el extractor de líquido que usa sea nacional igual que la mesa, el cuchillo, los vasos y todo lo que necesite para garantizar su negocio, que sin dudarlo es de ella y de nadie más", dijo a la prensa la secretaria (ministra) de Energía, Georgina Kessel.
Legisladores del PRD interpusieron en 2003 una demanda de inconstitucionalidad contra los contratos de Pemex con particulares. En 2005, el litigio fue considerado improcedente por tribunales federales.
En los hechos, son muchos los grandes jugadores del sector petrolero que ya actúan en México.
La española Repsol YPF, la empresa mixta brasileña Petrobras, la estadounidense Lewis Energy y las mexicanas Servicios Múltiples de Burgos, Industrial Perforadora de Campeche, Desarrollo y Servicio Petrolero y Monclova Pirineos Gas, producen gas.
Energy Maintenance Services Group, también de Estados Unidos, es contratista de Pemex para realizar trabajos de operación, construcción y mantenimiento de tuberías.
Además, están vigentes contratos con la estadounidense Halliburton —la polémica empresa vinculada a negocios obtenidos en el marco de la guerra contra Iraq— y la francesa Schlumberger en la perforación de pozos, estudios geofísicos y dotación de maquinaria especializada.
La empresa estatal también ha celebrado convenios en materia de investigación, desarrollo científico y tecnológico con la anglo-holandesa Shell, las estadounidenses ExxonMobil y Chevron, la noruega Statoil, la canadiense Nexen, la danesa Maersk Olie Og Gas y la ya mencionada Petrobras.
