Mientras el maltrato a las mujeres aumenta día a día en España, la legislación y los órganos judiciales se muestran débiles para combatir este delito, afirman actores de diferentes ámbitos que reclaman una nueva y enérgica reforma legal.
Desde que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero fue investido jefe de gobierno en 2004 se aprobó una Ley de Igualdad, se incorporaron mujeres a puestos claves de la administración, se crearon juzgados especializados y se emitieron instrucciones de combate drástico a los perpetradores de violencia doméstica.
Pero los casos van en ascenso: entre 2001 y 2007 murieron en España 425 mujeres víctimas de la violencia machista. El año pasado fueron 71.
Entre el 4 de enero y el 12 de mayo, las asesinadas fueron 32 y el calendario registró una fecha negra: el 27 de febrero, con cuatro muertas.
Desde que se crearon los juzgados de violencia sobre la mujer, en 2005, hasta fines del año pasado, fueron procesados 69.400 hombres, y condenados 48.971. Sólo en 2007 hubo 126.293 denuncias.
Pero los juzgados están atiborrados de expedientes y sin personal suficiente, según fuentes judiciales y evidencias cotidianas, y por eso los procesos demoran años.
También influye la inacción por demoras de jueces y policías para hacer cumplir las sentencias o disposiciones, y la benevolencia que se aplica en algunos casos, afirman diferentes fuentes.
El lunes, un tribunal redujo de 25 a 17 años la sentencia de prisión que debe cumplir el colombiano Andrés Julián L. H., beneficio al que accedió por haber reconocido el delito que se le imputaba: la violación sexual de una niña de 10 años, que quedó embarazada y tuvo un hijo producto de ese ataque.
La madre de la víctima, Laura Montenegro, dijo a la prensa que "lo justo hubiera sido la cadena perpetua".
Dos días antes, el ex compañero de María Juana, de 67 años, la degolló en represalia porque ella lo había denunciado por amenazas. La justicia había dispuesto una orden de alejamiento que él infringió, como muchos sometidos a restricciones similares, debido a una vigilancia policial escasa o inexistente.
El Código Penal permite que los padres abusadores puedan recuperar la tutela de sus hijos. La prensa divulgó en estos días el caso del policía José María Cenamora, condenado por violar a su hija y a su hijastra, que se suicidó con 17 años de edad después de contar los abusos sufridos durante años a su madre y tíos.
La jueza encargada del caso lo condenó a cuatro años y medio de prisión, tres por los ataques a la hijastra y 18 meses por el perpetrado contra su hija, que ahora tiene 10 años. Pero sólo aceptó suspenderle la patria potestad por un período igual a esta última pena, desestimando el período de seis años, que prevé la ley.
La periodista especializada Mónica Belaza, del madrileño diario El País, opinó que con ese criterio "cabe concluir que la ley penal considera que en algunos casos una violación, agresión o abuso sexual de un padre o madre a un hijo puede ser compatible con su cuidado y protección".
Otro caso de polémica fue el de la argentina Sylvina Bassani, asesinada por su ex marido el 10 de abril, a pesar de que había denunciado varias infracciones a la orden de alejamiento que pesaba sobre el agresor.
El tribunal a cargo de ese sumario había solicitado ayuda al Consejo General del Poder Judicial porque la cantidad de casos que se le habían atribuido superaba sus posibilidades. Tras la muerte de Bassani, la secretaria del juzgado advirtió de que "el retraso en el negociado de violencia causa inquietud", porque hay otros 41 juzgados que también se encuentran colapsados.
Según la ciudad o provincia en las que las denuncias se tramitan, los colapsos son mayores o menores. "Las víctimas reciben una respuesta judicial de calidad muy diferente, según sea el lugar", afirma Montserrat Comas, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.
En respuesta a dos centenares de demandas de aplicar las mismas penas a hombres y mujeres agresores, argumentando que la diferenciación es inconstitucional, el Tribunal Constitucional resolvió este miércoles mantener esa diferencia por siete votos a favor y cinco en contra.
El jurista y rector de la centenaria Sociedad de Estudios Internacionales, Fernando de Salas López, dijo a IPS que a igual delito se debería aplicar la misma pena, con independencia de que se trate de varones o mujeres. No sólo hay que combatir eficazmente la violencia de género, sino también la que se produce en muchas familias contra las personas mayores, que son "más endebles y sensibles", agregó.
De igual forma se pronunció el abogado y ex juez Javier Gómez de Liaño, en un artículo publicado el martes en el madrileño diario El Mundo.
"En función del sexo, de la religión, del nacimiento, del aspecto físico, de la raza o de cualquier otra singularidad semejante, todas las diferencias que se intenten arbitrar para compensar desequilibrios históricos merecen ser tachadas de contrarias a la Constitución y, en consecuencia, inadmisibles", sostuvo.
Este aspecto está contemplado en el artículo 14 de la Constitución: "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
Pero el Tribunal ha sostenido las penas diferenciadas y su palabra es ley.
Ahora se trata de que la legislación se cumpla, y a ello se refirió la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega en el III Encuentro Internacional España-África, Mujeres por un Mundo Mejor, iniciado el lunes y concluido este miércoles en Níger.
"Si no queremos que las leyes se conviertan en letra muerta, hay que convertirlas en realidades" y eso es posible en el caso de la violencia de género, dijo.
"En muchos países las mujeres hemos obtenido el reconocimiento de los derechos políticos y sociales que nos corresponden. Hemos logrado que a lo largo y ancho de todo el planeta se reconozca legalmente el derecho a la igualdad, y la política de género ya forma parte de la agenda internacional", agregó la vicepresidenta.
Se ha avanzado, "pero hay que seguir avanzando", aceptó.
