Cinco trabajadores y tres jubilados del consorcio estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) están desaparecidos desde hace un año. Una legisladora y activista social sospecha que el ejército los detuvo, pero algunas pistas señalan al narcotráfico o al mismo sindicato de la empresa.
Los familiares de los desaparecidos desesperan, pues la Procuraduría General (fiscalía) no tiene hasta la fecha ningún dato concluyente.
"A nadie parece importarle este caso y menos a la Procuraduría, si pensamos que fueron soldados quienes les detuvieron", dijo a IPS la legisladora Rosario Ibarra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y líder del Comité pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, conocido como Comité Eureka.
En su opinión, los trabajadores y jubilados de Pemex pudieron haber sido detenidos bajo la sospecha de vínculos con el insurgente Ejército Popular Revolucionario (EPR). Ibarra lleva 30 años pugnando porque sean entregados con vida cientos de desaparecidos, especialmente de los años 70 y 80, entre ellos su hijo, presuntamente guerrillero.
El EPR mencionó en un comunicado de enero a dos de los desaparecidos de Pemex como víctimas de una guerra sucia de las autoridades contra activistas sociales, e hizo explotar en julio y septiembre de 2007 varios oleoductos y gasoductos de la empresa estatal.
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Una fuente de la oficina de prensa de la Procuraduría dijo a IPS que hay varias líneas de investigación sobre el caso, pero se mantienen en reserva por cuestiones de seguridad. Sin embargo, la fuente confirmó que todavía no se ha solicitado ninguna orden de detención a la justicia. Los ocho desaparecidos fueron detenidos por hombres armados entre el 16 y el 20 de mayo de 2007. Todos habían sido empleados de la refinería de Cadereyta, en el norteño estado de Nuevo León, donde se procesan unos 200.000 barriles diarios de crudo.
Cadereyta es un municipio de 1.000 kilómetros cuadrados y unos 75.000 habitantes enclavado en el centro de Nuevo León. Su alcalde, Edelmiro Cantú, pertenece al gobernante Partido Acción Nacional (PAN).
Pero las explosiones reivindicadas por el EPR se llevaron a cabo en estados muy alejados de la refinería en la que trabajan poco más de 2.000 personas.
Entre los ocho desaparecidos está Hilario Vega, ex diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en Cadereyta, y su hermano David Vega, comisionado del mismo sindicato.
David y otros cuatro trabajadores salieron la noche del 16 de una reunión sindical, pero nunca llegaron a sus casas. Al día siguiente, Hilario recibió una llamada de los presuntos captores de su hermano y, siguiendo sus instrucciones, salió a buscarlo. Hasta la fecha nadie conoce su paradero. El 20 de mayo fueron secuestrados los demás.
A pesar de que el hecho afectó a dirigentes del sindicato petrolero, éste no emitió ningún pronunciamiento. Al cumplirse el primer aniversario, tampoco ha sido mencionado.
"Estamos desesperados y decepcionados con las autoridades, pues no tenemos ni un dato o indicio que indique qué pasó con mis hermanos", dijo a IPS Salomón Vega, hermano de los desparecidos y también trabajador de la petrolera en Cadereyta.
"Un año desaparecidos y nada, esto es inaudito", agregó Vega vía telefónica desde Nuevo León.
La senadora Ibarra, del pequeño Partido del Trabajo, considera que "hay un silencio y un desinterés general que no se entiende sobre estos desaparecidos, yo no me explico qué sucede, o será que de tantos casos similares ya a nadie le importa".
La ola represiva emprendida contra opositores, especialmente guerrilleros, a los gobiernos del PRI, que se mantuvo en el poder en México entre 1929 y 2000, afectó a miles y dejó al menos 532 personas desaparecidas, según varios reportes de organizaciones humanitarias.
Hay versiones no confirmadas de que los desaparecidos se oponían a los proyectos del gobierno del conservador Felipe Calderón de abrir la empresa estatal a inversiones privadas. "Yo no lo sé, pero por ese lado puede haber datos que las autoridades no quieren dar a conocer".
Según Salomón Vega, sus hermanos no tenían una posición definida. "Ellos eran dirigentes sindicales y veían por todos los trabajadores, nada más", declaró.
"Nuestra familia ha simpatizado con el PRI" y que jamás tuvo vínculos con activistas sociales o grupos de izquierda, afirmó.
El columnista del diario Reforma, Miguel Granados, opinó que al "hecho grave y agobiante" de la desaparición de los empleados y jubilados de Pemex ha "seguido un silencio, una despreocupación oficial y social por la suerte de estas personas, que parece no importar a nadie".
La hipótesis de que los desaparecidos fueron capturados por militares corrió a cargo de diarios de Nueva León. No obstante, hasta la fecha no se conocen datos que lo confirmen.
Unos 2.500 militares y 500 policías federales están desplegados en Nuevo León desde febrero de 2007 cumpliendo operativos contra el narcotráfico. En 2006 y 2007, 163 personas fueron asesinadas en ese distrito en hechos vinculados a la actividad de las mafias.
De forma periódica, carros militares recorren Cadereyta y zonas aledañas, un fenómeno nuevo para sus habitantes, desatado a partir de la decisión gubernamental de involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el tráfico de drogas.
El sindicato petrolero ha estado vinculado al PRI desde hace más de 60 años. Varios de sus líderes fueron legisladores de ese partido, tal como el desaparecido Hilario Vega.
Hermén Macías, director del semanario Lo Nuestro de Cadereyta, declaró al diario El Universal que los hermanos Vega son famosos por las redes de impunidad y corrupción que construyeron en el sindicato de la refinería.
Macías acusó a los Vega de intentar asesinarlo en 2004 por haber publicado artículos que denunciaban actos de corrupción del sindicato.
De los cinco hermanos y cinco hermanas de la familia Vega, ocho laboran en Pemex, incluyendo a los desaparecidos.
IPS intentó entablar una entrevista formal con algún sindicalista de Cadereyta, pero ninguno quiso contestar. Un trabajador activo de la refinería, que pidió no mencionar su nombre, acusó a los hermanos Vega de ser "unos corruptos totales".
"No sabemos qué paso con ellos (los desaparecidos), pero tenían una larga cola que les pisaba. En el sindicato manejaban todo a su antojo, igual que sucede con ahora con los que los sustituyeron. Incluso se habla de que tenían relaciones con narcotraficantes", dijo el trabajador.
El 28 de abril, un juez penal de Monterrey, capital de Nuevo León, dictó auto de prisión contra José Izaguirre, reemplazante interino de Hilario Vega en la secretaría general del sindicato de Cadereyta. A ese dirigente en funciones se lo acusa de vender puestos de trabajo en la refinería.
Según la justicia, Izaguirre tiene tres presuntos cómplices, también sindicalistas. Pero ningún arresto se ha materializado, pues antes de que se dictara sentencia los acusados interpusieron amparos legales que aún no han sido resueltos.
Estos mismos dirigentes están denunciados por nepotismo en beneficio de directores de la refinería de Cadereyta. Documentos exhibidos por el diario Reforma en enero indican que el sindicato apoyó la contratación de hijos y sobrinos de los ejecutivos en la refinería.
