Más de 5.000 comunidades indígenas y campesinas de Perú comenzaron esta semana a recolectar firmas para presentar una acción de inconstitucionalidad contra el decreto del presidente Alan García para incentivar la inversión privada en tierras comunales.
El decreto legislativo 1.015, aprobado el 20 de este mes por García, establece que las inversiones privadas en terrenos de comunidades indígenas de la sierra y la selva de este país andino y amazónico pueden considerarse autorizadas si obtienen los votos favorables de la mitad más uno de los miembros de las asambleas comunales.
Esta disposición modifica una ley vigente que exigía un mínimo de 66,6 por ciento de votos favorables de los miembros calificados de cada comunidad, inscriptos en el padrón comunal y por tanto con voz y voto.
Ahora se podrá "gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto de disposición sobre tierras comunales" con la aprobación de una mayoría simple de una asamblea, señala el decreto, sin el requisito de que sus miembros sean calificados.
Cinco organizaciones de campesinos y pueblos indígenas se han unido para cuestionar el decreto ante el Tribunal Constitucional y realizar una serie de movilizaciones.
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Las jornadas de protestas se iniciarán el 4 de junio en Lima y llegarán al clímax entre el 22 y el 24 de ese mes en la sierra y la Amazonia, según los organizadores. Poco después, se realizará un paro nacional agrario, los días 8 y 9 de julio.
"No podemos permitir más abusos y que se vendan nuestras tierras imponiéndonos normas inconsultas", dijo a IPS el presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), Antolín Huáscar.
Según sus cuentas, de 5.680 comunidades campesinas en la sierra y de más de 1.300 en la Amazonia, son más de 5.000 las que están articuladas en las organizaciones que se sumarán a las movilizaciones.
El reclamo se fundamenta en que el Poder Ejecutivo aprobó el decreto valiéndose de las facultades legislativas que le había extendido el parlamento para otro fin: la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y en vista de que no había conseguido que la norma fuera aprobada semanas antes por el Poder Legislativo. La presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso legislativo, Gloria Ramos, dijo a IPS que ese cuerpo rechazó la iniciativa por considerar que atentaba contra los derechos de las comunidades.
"El Ejecutivo ha burlado el poder del Legislativo para hacer lo que quiere, y por eso pediremos que se derogue la norma", dijo Ramos, de la centroizquierda Unión por el Perú (UPP).
El también opositor Partido Nacionalista Peruano, con la parlamentaria Yaneth Cajahuanca a la cabeza, presentó el jueves un proyecto de ley para derogar el decreto.
En forma paralela, se lleva a cabo la recolección de 30 firmas de legisladores opositores para elaborar otra demanda de inconstitucionalidad contra la polémica norma.
El vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Robert Guimaraes, señaló a IPS que el decreto legislativo fomenta la desarticulación del sistema de propiedad colectiva los pueblos indígenas, sin considerar que "somos un país multicultural".
"Los indígenas tenemos una visión distinta del territorio porque para nosotros es un bien colectivo, no individual, y además está relacionado a costumbres y valores culturales", explicó Guimaraes, quien viajará la primera semana de junio a Washington para solicitar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Aidesep, que prepara el sustento legal de la demanda de inconstitucionalidad, señala que el decreto viola el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que exige a los estados consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos.
La norma también violaría varios artículos de la Constitución, que establecen que las comunidades son autónomas en su organización, y garantizan la propiedad comunal.
"Al extinguirse la propiedad comunal se desaparece a una comunidad o pueblo indígena, puesto que para nuestros pueblos no existe un indígena sin territorio", señala el análisis legal de Aidesep, redactado por el abogado Bady Casafranca.
El presidente García ha dicho que el decreto pretende acabar con una "suerte de racismo selectivo" que impedía a las comunidades de la sierra y la Amazonia las mismas oportunidades que las de la costa. Desde hace unos años, éstas pueden aprobar la inversión privada en sus tierras por simple mayoría.
En un artículo titulado "Receta para acabar con el perro del hortelano" publicado en el diario El Comercio en 2007, el jefe del Estado anunció el decreto, por la necesidad de que los comuneros de la sierra y la selva dejen de ser "ciudadanos de segunda clase y sin iniciativa".
El texto, considerado el ABC del gobierno para fomentar la inversión privada y terminar con la oposición, llama a ésta el "perro del hortelano".
Para Huáscar, incentivar el uso individualista de la tierra ha originado la pérdida de tierras.
El ingreso de la inversión privada ha ido de la mano de la formalización y fragmentación de la propiedad comunal y ha dado lugar a que muchos campesinos costeños se vieran obligados a empeñar sus títulos de propiedad para obtener créditos, ante la falta de apoyo estatal para mejorar la productividad de sus tierras, señaló.
"Si esto sucede también en los andes y la Amazonia, lo único que se va a conseguir es que los indígenas pierdan su territorio, migren a las ciudades, en donde serán discriminados, y peligre la seguridad alimentaria del país. ¿Qué garantías existen para que las comunidades ingresen al mercado o salgan ganando con este incentivo de la inversión privada?", se preguntó.
Algunos advierten que el decreto abre espacio a la manipulación de las asambleas comunales.
"La práctica común de muchas empresas ha sido fomentar la creación de organizaciones comunales paralelas a las formales, y la captación de algunos de sus miembros, lo que les ha permitido, en muchos casos, romper el tejido social e imponer sus decisiones", señaló el abogado Javier Jahncke, de la no gubernamental Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz.
Pero el gerente general del gubernamental Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos, Rodolfo Beltrán, advierte que el decreto es sólo una opción para mejorar la producción agropecuaria de más de 300.000 hectáreas de tierras comunitarias, registradas por esa entidad.
"El decreto es una alternativa, no es un mandato ni para vender ni para alquilar", señaló.
