Un ayuno de agentes del Ministerio Público de Honduras, exigiendo la destitución del fiscal general y de su adjunto, por no revisar casos de corrupción, cobraron visos de crispación política, cuando el presidente del Congreso advirtió sobre intenciones de quebrar el «orden constitucional».
El ayuno líquido de 28 días que llevan acabo 25 fiscales, y que denominan "huelga de hambre", no ha podido levantarse, pese a 10 jornadas de negociaciones.
La confrontación que domina las peticiones de los manifestantes contiene "señales y voces que pretenden irrumpir el orden constitucional, y nosotros les decimos que vamos a defender el Estado de derecho", dijo el domingo por la noche el presidente del Congreso legislativo, Roberto Micheletti, en mensaje transmitido en cadena de radio y televisión.
"Las bases de la democracia se sustentan en el respeto de los derechos y en el cumplimiento de deberes. Nosotros hemos estado anuentes al diálogo con los fiscales en protesta, les hemos dado muestras de querer cumplir con sus peticiones, pero no nos pidan que violemos la Constitución y sus leyes", dijo Micheletti, del gobernante Partido Liberal (PL).
Esa violación, a su juicio, radica en el reclamo de destitución del fiscal general, Leónidas Rosa, del opositor Partido Nacional (PN), y de su adjunto, Omar Cerna, del PL.
Rosa y Cerna son acusados de negligencia administrativa por mantener en suspenso desde hace años investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en los que estarían implicados importantes personajes del mundo político y empresarial, ligados al PL y al PN, las dos fuerzas que conforman el bipartidismo hondureño.
Esos casos que hoy agitan los fiscales, dieron pie en 2005 a la renuncia del entonces fiscal general Ovidio Navarro y de su adjunto Yuri Melara. El Congreso los reemplazó por Rosa y Cerna, intentando subsanar el deterioro institucional del Ministerio Público, lo cual no sucedió.
Los fiscales ayunantes sostienen que los nuevos titulares fueron nombrados en forma irregular —si bien no impugnaron los nombramientos en su momento, como manda la ley—, y hoy aducen negligencia en el seguimiento de los procesos, por lo que demandan su destitución y la conformación de una auditoría social a los expedientes congelados.
Micheletti, que encabezó las negociaciones junto con miembros de tres de los cinco partidos representados en el parlamento, se mostró favorable a la auditoría social y a crear una comisión especial de ciudadanos honorables que, junto a una comisión técnica jurídica, revisen todos los archivos de casos de presunta corrupción.
Pero "no podemos destituir a las autoridades porque estaríamos violando la Constitución y la ley interna del Ministerio Público", añadió.
En marzo de 2009, el parlamento nombrará a las nuevas autoridades del Ministerio Público, según lo establece la ley, dando paso así a un proceso en el que se investirá también una nueva Corte Suprema de Justicia, así como a los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, entre otros. Y el país entrará, a su vez, a un nuevo proceso para elegir nuevo gobierno.
Los ayunantes han llamado a la insurrección y a solicitar la cabeza de la directiva del Congreso y su disolución, por considerar que no representa al pueblo, sino a grupos fácticos de poder.
El ayuno de los fiscales, que permanecen en tiendas en la sede del Congreso, es apoyado por ciudadanos, representantes de grupos sociales e indígenas y líderes religiosos y evangélicos, como el superior de la Comunidad Jesuita de Honduras, el sacerdote Ismael Moreno.
Jari Dixon, uno de los fiscales rebeldes, llamó a la insurrección ciudadana y pidió la destitución de la directiva del Congreso y de los diputados, porque "este es un Congreso que no quiere atender al pueblo y sus reclamos, es un Congreso que se confabula con los grupos de poder y apaña sus actos de corrupción. La Constitución dice que podemos ir a la insurrección", acotó.
El fiscal Víctor Fernández, otro ayunante, solicitó respaldo a las acciones de protesta que prepara para esta semana la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, que aglutina a organizaciones sociales y sindicales, especialmente en la zona norte.
"La carpa de la dignidad", donde se alojan los ayunantes, es visitada a diario por ciudadanos comunes que firman un libro contra la corrupción. Hasta ella llegó, hace dos semanas, el presidente Manuel Zelaya, quien manifestó su respaldo a la protesta y se atrevió, incluso, a solicitar la renuncia del fiscal adjunto Cerna, miembro de su propio partido.
Ese pronunciamiento de Zelaya, respaldado por la presidenta del PL, Patricia Rodas, generó dudas sobre la autenticidad del ayuno, al grado de que analistas, diputados y líderes opositores advirtieron sobre las intenciones del presidente de perpetuarse en el poder, que el propio gobernante ha rechazado.
El analista Olban Valladares dijo a IPS que Zelaya cometió un grave error al pedir la renuncia del fiscal adjunto, "porque está irrespetando la normativa jurídica y el Estado de derecho, además de prestarse al juego de grupos interesados de descrédito a las instituciones. Si hay síntomas de un continuismo, es mejor que se quede fuera de nuestras fronteras".
A su vez, el cardenal católico Óscar Andrés Rodríguez señaló que "cuando se desestabilizan las estructuras jurídicas, la anarquía puede producir falsos líderes, puede producir caudillos".
Las negociaciones entre los manifestantes y el Congreso han estado marcadas por acciones de fanatismo religioso de cultos evangélicos, descrédito a personas e instituciones, sospechas de infiltración en el movimiento y en su equipo negociador y hasta de ataques a la prensa por no informar "con objetividad".
Sectas evangélicas llevaron a cabo un acto simbólico de exorcismo de la prensa, mediante la quema de periódicos. También se montaron piquetes en torno a la residencia del fiscal general y en los estacionamientos del Congreso para no dejar salir a los diputados.
El fiscal general Rosa dijo a IPS que "nosotros estamos anuentes a todo lo que ellos piden, en el marco de la ley. Estamos abiertos a la auditoría, se les ha concedido todo lo que piden, pero no quieren, sembrando la duda que alguien quiere violentar el orden constitucional", acotó.
El comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, dijo a IPS que no se puede atentar contra el Estado de derecho y alertó de que en un estado anárquico, "quienes más ganan son los poderes paralelos ligados al narcotráfico que quieren un narcoestado en Honduras, y ya hace días lo vengo denunciando".
