Los paraísos fiscales privan a los países pobres de más fondos de los que reciben en forma de asistencia al desarrollo, según la red de economistas, contadores y académicos Tax Justice Network.
Las autoridades fiscales de los países, incapaces de controlar ese dinero, pierden 250.000 millones de dólares al año, monto que quintuplica el necesario financiar los Objetivos de Desarrollo para el Milenio calculado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El portavoz de Tax Justice Network, John Christensen, sostuvo que la Unión Europea (UE) exhibe una actitud "ligeramente esquizofrénica" hacia los problemas que origina la evasión fiscal y la falta de controles.
Instituciones del bloque han "liderado al mundo" en sus iniciativas contra la evasión fiscal, pero muchos de los más notorios paraísos fiscales están en países de la UE o en territorios de ultramar de sus miembros, recordó Christensen.
Entre ellos figuran Andorra, Luxemburgo y Mónaco y jurisdicciones británicas como la City de Londres (el distrito financiero de la capital británica), las islas Caimán, Jersey, Guernsey y Man.
Christensen, ex empleado del sector bancario de Jersey, recordó una investigación de la estadounidense Universidad de Massachussets según la cual se fugaron de África 607.000 millones de dólares desde 1970, cinco veces la cantidad que recibió de asistencia al desarrollo en el mismo periodo.
La fuga de capitales involucra el movimiento de dinero de un país a otro en el que una firma o inversor cree que logrará mejores retornos.
Según Christensen, Gran Bretaña es uno de los principales culpables al atraer esta fuga por no regular suficientemente las compañías financieras radicadas en la City.
"La City de Londres es el mayor paraíso fiscal del mundo", dijo. "A Gran Bretaña le satisface atraer capitales africanos, asiáticos y latinoamericanos, y nadie allí pregunta si esos capitales proceden de actividades delictivas."
Christensen manifestó su apoyo al código de conducta de la UE sobre pago de impuestos creado en 1998, que recomienda a los países y a sus territorios dependientes desistir de prácticas fiscales consideradas dañinas, como ofrecer beneficios especiales a no residentes.
El año pasado, la Comisión Europea, rama ejecutiva de la UE, consideró que la isla de Man no cumplía con el código. Christensen llamó la Comisión a analizar el caso de Jersey y Guernsey, que operan con regímenes fiscales similares a los de Man, incluida la exención de impuestos a muchas empresas.
El experto también urgió al órgano que acepte la solicitud que en 2007 formuló el Parlamento Europeo de diseñar reglas más estrictas para las compañías que operan en el sector de las industrias extractivas, como las mineras o petroleras.
Los europarlamentarios piden que se le exija a todas las compañías el registro de los impuestos que pagan en cada país en el que operan, lo que "reduciría radicalmente la capacidad de las corporaciones transnacionales de sacar su lucro de las naciones en desarrollo", según Christensen.
Stephen Store, funcionario de la Comisión Europea a cargo de políticas impositivas, indicó que el bloque tiene facultades limitadas en la materia. La responsabilidad radica en los 27 gobiernos más que en las instituciones en Bruselas.
Aun así, dijo, el código de conducta fue beneficioso, pues incluye cláusulas contra prácticas impositivas dañinas que, sin embargo, son incluidas en acuerdos comerciales y de cooperación política firmadas con países ajenos a la UE.
"Los autores del código sabían que la cooperación en materia impositiva no debía detenerse en las fronteras", sostuvo Store.
La no gubernamental Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (Eurodad) lamentó que la justicia financiera no era atendida con suficiente ahínco en el bloque.
Aunque los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio estipulan que los gobiernos de todo el mundo deberían diseñar regulaciones financieras más estrictas, el último documento en la materia elaborado por la Comisión Europea, el 9 de abril, incluye propuesta alguna al respecto.
Eurodad también manifestó su frustración por la lentitud en los estudios del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sobre los efectos de la evasión fiscal en los países pobres.
El presidente del Banco, Robert Zoellick, dijo en septiembre pasado que se inclinaba por realizar ese tipo de estudios. Pero los activistas consideraron que desde entonces no se ha hecho lo suficiente.
Eurodad también urgió a Francia, que asumirá en julio la presidencia rotativa de la UE, a insistir en estos asuntos. El presidente francés Nicolás Sarkozy pidió en febrero al FMI estudiar la posibilidad de instaurar un impuesto mundial al lucro de las compañías petroleras.
Pero activistas cuestionan a Francia por su apoyo a los paraísos fiscales de Mónaco y Andorra.
