El financiamiento de operaciones militares estadounidenses en Afganistán e Iraq está, por ahora, bloqueado en el Congreso legislativo. No así el de la guerra contra el narcotráfico en América Latina.
Pero aún resta el aval del Senado de Estados Unidos al paquete de 400 millones de dólares para que México y países de América Central combatan el tráfico ilícito de drogas y el crimen organizado, aprobado por la Cámara de Representantes la semana pasada.
La Iniciativa de Mérida, anunciada por el presidente George W. Bush en octubre pasado, incluye un aporte estadounidense de 1.400 millones de dólares durante tres años. Lo aprobó la cámara baja, dominada por el opositor Partido Demócrata, integrado en una ley general de presupuesto.
La mayoría de los fondos se dirigirán a equipamiento militar y entrenamiento de tropas, en especial de México, por donde pasa más de 90 por ciento de la cocaína importada ilegalmente por Estados Unidos, según el Departamento de Estado (cancillería) de este país.
La iniciativa es denominada "Plan México" por sus críticos, en alusión al Plan Colombia contra el narcotráfico en ese país sudamericano.
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Organizaciones de derechos humanos consideran que la guerra contra las drogas emprendida por Estados Unidos tiene, como único efecto, aumentar la violencia y empeorar la situación de los derechos humanos.
Tras asumir la presidencia a fines de 2006, Felipe Calderón desplegó 25.534 militares en diversos estados mexicanos contra los carteles del narcotráfico. Washington aplaudió la decisión, a la que percibió como una muestra de compromiso en la guerra contra las drogas.
Pero quienes cuestionan la medida ven en ella un acicate para la violencia, especialmente en la amplia frontera entre los dos países, y a los abusos de derechos humanos a cargo de fuerzas de seguridad.
El año pasado, según cifras oficiales, la violencia vinculada con el narcotráfico ocasionó 2.650 muertes, una cifra que supera en unos 300 la de 2006.
"Dar armas, equipamiento militar, capacidad de espionaje y vigilancia y entrenamiento a fuerzas de seguridad con antecedentes de abusos es como echar gasolina al fuego", dijo Laura Carlsen, directora del programa para América del Centro para Políticas Internacionales con sede en Washington.
Además, según la experta, "el sistema de justicia mexicano es incapaz de controlar" esos abusos "o no tiene voluntad de hacerlo"
Carlsen estimó que sólo en 2007 desertaron 17.000 militares mexicanos, con frecuencia para recibir salarios más elevados de los carteles del narcotráfico. Muchos de ellos lo hicieron con sus equipos y contaban con entrenamiento especial.
"En los últimos años, soldados mexicanos cometieron flagrantes abusos en actividades de aplicación de la ley", según un informe de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York.
"En mayo de 2007, por ejemplo, soldados detuvieron arbitrariamente a 65 personas en el estado de Michoacán, mantuvieron a algunos en aislamiento en una base militar, golpearon a muchos de los detenidos y violaron a cuatro menores de edad", indicó HRW.
En un intento por atender estas preocupaciones, el Congreso dedicó parte de la iniciativa a financiar una "reforma judicial, consolidación institucional y actividades para el imperio de la ley".
Además, al cuarta parte de los fondos se retendrán hasta que el Departamento de Estado (cancillería estadounidense) informe que el gobierno mexicano está tomando medidas contra militares y policías implicados en violaciones de derechos humanos y asumiendo "compromisos significativos con la sociedad civil".
Pero estas disposiciones no han sido acompañadas por mecanismos adecuados de control, advirtieron activistas.
"Hay algunas previsiones positivas de salvaguardia de los derechos humanos, pero no son suficientes. Hay carencias, definitivamente", dijo a IPS la directora para América de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, Renata Rendón.
Las cláusulas sobre derechos humanos de la Iniciativa de Mérida hacen poco para atender "los muy altos niveles de corrupción que penetraron todos los partidos políticos y la mayoría de las instituciones" mexicanas, según Rendón.
En ese sentido, agregó, no se ha avanzado mucho en el combate contra la impunidad de los abusadores desde que Calderón asumió la presidencia.
A tal punto es ominosa la impunidad en ese país latinoamericano que "las víctimas se niegan, con frecuencia, a elevar denuncias", advirtió en un informe reciente el Departamento de Estado.
Continúan las masacres, la tortura y la violación a manos de uniformados, y los avances en varias investigaciones de casos muy connotados son escasos, según el estudio.
A pesar de las preocupaciones de los activistas, parece poco probable que el Senado estadounidense deseche los fondos para la Iniciativa de Mérida cuando la analice, pues la ley que los contiene incluye medidas populares de gran impacto político dentro de Estados Unidos, como un programa de beneficios para veteranos militares.
De todos modos, el financiamiento de la Iniciativa se redujo 150 millones de dólares respecto de la cifra original.
El senador demócrata Robert Menéndez dijo a IPS que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) le aseguró que las fuerzas mexicanas, en su trabajo conjunto con agentes estadounidenses, operan "con los mejores estándares".
"Queremos que esto continúe y se fortalezca" a través de la Iniciativa de Mérida, añadió. "Debemos ayudar a México a cubrir algunas necesidades inmediatas de seguridad, no sólo por ser buenos vecinos, sino por el bien de nuestra propia seguridad."
De hecho, los críticos de la Iniciativa consideran que la clave del proyecto es, en realidad, la seguridad de Estados Unidos, en especial los problemas de la inmigración ilegal en la frontera sur y el riesgo de terrorismo.
Pero esos aspectos quedaron fuera de foco por la trascendencia de lo referido a la lucha antidrogas, advierten activistas.
La intención del gobierno de George W. Bush, según Carlsen, es unificar la estrategia de defensa de Canadá, Estados Unidos y México en un denominado "perímetro de seguridad".
Tal estrategia establece un enfoque militar de la seguridad, que vuelve más factibles los abusos que una estrategia contra el crimen de largo plazo, encierra "serias violaciones a la soberanía nacional" y "amenaza las libertades civiles de los ciudadanos de los tres países".
