Interpol sostuvo este jueves que no hubo alteraciones al contenido de computadores incautados al guerrillero colombiano «Raúl Reyes», pero también indicó que el manejo no técnico en las 52 horas iniciales complica «en gran medida el proceso de validación de las pruebas para presentarlas ante los tribunales».
Los computadores y demás dispositivos superaron sin daños el ataque que, según el gobierno colombiano, no violó el espacio aéreo de Ecuador, si bien el incidente provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países andinos.
Se trata de 609,6 gigabytes de datos (incluidos los archivos de sistema y de aplicación) contenidos en ocho elementos informáticos incautados: tres ordenadores portátiles, dos discos duros externos y tres llaves USB, que contienen 37.872 documentos escritos, 452 hojas de cálculo, 210.888 imágenes, 22.481 páginas web, 7.989 direcciones de correo electrónico y 10.537 archivos de sonido y vídeo.
El material incluye 983 archivos encriptados, cuyo descifrado demoró dos semanas.
Ante las dudas que generó la filtración gota a gota a la prensa de algunos contenidos, por parte del Ministerio de Defensa de Colombia, el 10 de marzo los dispositivos fueron entregados a Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal), que hizo de ellos dos copias idénticas bajo el procedimiento de "imaging" (obtención de imágenes forenses de datos), cuyos valores de "hash" (o de troceo) coinciden con el original.
Una copia fue entregada a Colombia y otra permanece sellada en Interpol, con sede en la ciudad francesa de Lyon, para controles futuros.
La comisión técnica de Interpol a cargo de verificar si los archivos habían sido modificados tras la incautación, fue integrada por un coreano, un australiano y un singapurense, que no conocen el idioma español. La policía internacional remarcó que el peritaje técnico no incluyó una valoración de contenidos, pero considera que toda la información pertenece al guerrillero abatido.
El secretario general de Interpol, el estadounidense Ronald Kenneth Noble, informó este jueves a mediodía en la sede de la cancillería colombiana sobre los aspectos públicos de la investigación, al tiempo que entregó al gobierno un informe confidencial.
MANEJO NO TÉCNICO
El informe público, disponible en Internet y entregado a la prensa, repite de distintas formas que "no se creó, modificó ni eliminó ningún dato" de los dispositivos "entre el 3 de marzo de 2008 a las 11:45 horas y el 10 de marzo", cuando los recibió Interpol para efectuar las copias imagen.
En ese lapso, los datos fueron examinados de manera técnica por "especialistas en investigación informática forense de la Policía Nacional de Colombia", dice el reporte.
Pero se violaron los principios técnicos forenses con anterioridad, cuando "un funcionario" de una unidad antiterrorista "accedió directamente" a los dispositivos de "Reyes", "en circunstancias exigentes y marcadas por la premura del tiempo", según comunicaron "abiertamente" a Interpol autoridades colombianas.
El acceso de dicho funcionario "dejó rastros" en un total de 48.055 archivos de sistema, "cuyas marcas de tiempo indicaban que habían sido creados, abiertos, modificados o suprimidos como consecuencia del acceso directo" entre el 1 de marzo y el 3 del mismo mes.
Interpol recuerda que "el decomiso de las ocho pruebas documentales informáticas se practicó el sábado 1 de marzo entre las 5:50 y las 7:50 horas (hora en el lugar de decomiso, -5.00 horas GMT), pero estas ocho pruebas no fueron entregadas a los especialistas en informática forense de la policía judicial colombiana hasta 48 horas más tarde".
Desde el momento de la incautación y el 3 de marzo a las 11:45 horas, "el acceso a los datos contenidos en las citadas pruebas no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley".
"El acceso directo puede complicar en gran medida el proceso de validación de las pruebas para presentarlas ante los tribunales, porque en este caso los funcionarios de las fuerzas del orden deben demostrar o probar que el acceso directo que efectuaron no afectó materialmente a la finalidad de las pruebas", dice el informe forense público de Interpol.
En la rueda de prensa únicamente habló el secretario Noble. Al finalizar, el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, citado por Interpol junto con el canciller Fernando Araújo como testigos de la entrega del informe, declaró que Colombia había respetado la cadena de custodia del material incautado, lo que implica que éste sería válido judicialmente.
EL CONTENIDO
En la información dada a conocer por las autoridades colombianas aparece una viva correspondencia interna de las FARC, que da cuenta de la actividad de esa guerrilla para dotarse de armamento en el mercado negro, aparentemente aprovechando a uniformados o funcionarios corruptos en Venezuela, algo que ocurre al menos desde comienzos de los años 90.
También evidencia una intensa actividad diplomática y política de las FARC, consideradas "terroristas" por Colombia, la Interpol, la Unión Europea y Estados Unidos.
El cruce de cartas entre insurgentes evidencia que el presidente venezolano Hugo Chávez y las FARC silenciaron que la guerrilla cometió un ataque contra unidades venezolanas a unos 20 kilómetros dentro de territorio venezolano, el 23 de septiembre de 2004, en el que murieron cinco uniformados y una ingeniera de 23 años, funcionaria de Pdvsa, la empresa venezolana de petróleo.
Según el gobierno colombiano, la información muestra que Chávez estaría dando apoyo financiero y logístico a las FARC. Los documentos, según dijo en la noche del 2 de marzo el director general de la Policía Nacional, Óscar Naranjo, "no sólo implican cercanía, sino una alianza armada entre las FARC y el gobierno venezolano".
Pero el analista estadounidense Adam Isacson, del Center for Internacional Policy en Washington, hizo notar que en el material de "Reyes" "no aparece ningún documento o escrito de parte de los propios venezolanos. Las comunicaciones de las FARC reflejan solamente la versión de la guerrilla sobre los acontecimientos".
Para Bogotá, los documentos muestran también supuestos vínculos entre las FARC y el gobierno de Ecuador, cuyo presidente Rafael Correa reiteró esta semana en una gira europea que su país "no limita con Colombia, limita con las FARC".
A mediados de abril, cuando José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, tuvo que rendir testimonio ante el subcomité para Asuntos del Hemisferio Occidental del Congreso estadounidense, indicó que "no existe evidencia" para vincular a Venezuela con la guerrilla colombiana.
El aparente vínculo de Venezuela con las FARC, en las actuales condiciones internacionales, "se trata del apoyo al terrorismo por parte del Estado" venezolano, lo que afectaría la paz del hemisferio, advirtieron el 26 de abril 21 académicos de Estados Unidos y Gran Bretaña en una carta abierta que criticó la cobertura de los medios sobre este tema.
La autenticación de la información por parte de Interpol "no implica la validación de las interpretaciones colombianas de su contenido", existe una "brecha" "entre las exageraciones de Colombia y lo que realmente dicen los documentos", subrayaron.
