El departamento de Santa Cruz, líder de la corriente autonomista a la que adhieren seis de las nueve regiones de Bolivia, decidirá este domingo sobre un estatuto contrario a la Constitución vigente y al proyecto de carta magna impulsado por el presidente Evo Morales.
Redactado el 15 de diciembre de 2007 —seis días después de concluida la Asamblea Constituyente que aprobó un proyecto de Estado unitario, social de derecho, plurinacional e intercultural—, el estatuto cruceño reclama un "alto grado de autonomía para manejar competencias relativas a justicia, hacienda, administración y guerra", evocando una antigua y colonial resolución de intendentes que data del año 1872.
De la suerte de esta consulta dependerán otras que se realizarán en meses subsiguientes en otros departamentos autonomistas, si bien en base a contenidos diferentes. Además, tanto el gobierno como la autoridad electoral nacional han declarado que estos referendos son inconstitucionales e ilegales.
Observadores y políticos izquierdistas interpretan el estatuto cruceño como un intento separatista y sustentan su argumento en el artículo 12 del proyecto, que proclama "acuerdos intergubernamentales" entre la región y el gobierno central, en una relación parecida al bilateralismo entre estados independientes.
"El Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz celebrará convenios de colaboración para la gestión y prestación de servicios correspondientes a materias de su exclusiva competencia, tanto con el Estado Nacional como con otros departamentos y los Gobiernos Municipales", afirma el texto, contrariando la integración propuesta por las corrientes afines al gobierno.
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EL PETRÓLEO Y OTROS TESOROS
Además de la independencia administrativa, el centro del debate es la posesión y uso de los abundantes recursos naturales y económicos de Santa Cruz, en el este del país: extensas zonas aptas para el cultivo, yacimientos petroleros, una de las mayores reservas de hierro del mundo y vastas zonas de bosques, selvas y recursos hídricos.
El estatuto cruceño atribuye al gobierno departamental competencias que corresponden al gobierno nacional, según la Constitución vigente, por ejemplo el control sobre tierras, agricultura, ganadería, sanidad animal, suelos forestales y bosques, el aprovechamiento forestal, hidráulico e hídrico, áreas protegidas, medio ambiente y equilibrio ecológico y uso de la diversidad biológica.
"Los recursos naturales renovables, su disposición y gestión ambiental, están a cargo del gobierno departamental, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones, promoviendo la responsabilidad social y la solidaridad colectiva", afirma el artículo 86 del proyecto que los cruceños aprobarán o rechazarán este domingo.
La Constitución afirma en su artículo 136 que "son de dominio originario del Estado, además de los bienes a los que la Ley les da esa calidad, el suelo y subsuelo con todas sus riquezas naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como los elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento".
A su vez, el proyecto constitucional impulsado por el gobierno del MAS (Movimiento al Socialismo) establece la defensa de los recursos naturales e intenta evitar una mayor presencia de empresas transnacionales en este país de cerca de 10 millones de habitantes.
Los recursos naturales "son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo", según el artículo 349 del proyecto aprobado por la Asamblea Constituyente, cuyo referendo aprobatorio aún no tiene fecha.
El presidente indígena Morales obtuvo el respaldo de 53,7 por ciento de los sufragios el 18 de diciembre de 2005, con la promesa de recuperar los hidrocarburos y otros recursos naturales en poder de empresas extranjeras.
Hasta el momento consiguió renegociar 44 contratos petroleros y, en consecuencia, los ingresos fiscales aumentaron desde unos 180 millones de dólares en 2005 a 2.000 millones a fines del año pasado, según cifras oficiales.
Los seguidores del MAS atribuyen a los impulsores de la autonomía cruceña —empresarios y propietarios de grandes extensiones de tierra— el propósito de desconocer estas políticas de Morales y restituir al capital extranjero la influencia que ejercía en la política económica nacional.
Esa opinión se sustenta en que el proyecto autonomista faculta al gobierno departamental para "la definición de políticas rectoras para la protección, aprovechamiento, conservación y restauración de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, para establecer en el ámbito de su jurisdicción y competencia, políticas públicas y normas complementarias para incrementar los niveles de protección y conservación", según el proyecto de estatuto.
LA TIERRA
Otro frente de confrontación es la reforma agraria. El plan gubernamental de entrega de tierras, que privilegia a campesinos y pueblos originarios, choca con los intereses de terratenientes afincados en Santa Cruz, entre los cuales tienen influencia familias inmigrantes de Estados Unidos, Europa, Asia y de países vecinos como Brasil, Colombia y Perú.
El proyecto de nueva constitución en su artículo 397 prohíbe el latifundio y la doble titulación de tierras "por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país".
La restricción comprende a los predios que no cumplan una función económica y social, y sean orientados a "la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral, o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley", agrega.
Para completar este contenido del proyecto constitucional, el gobierno anuncia aún sin fecha un referendo para definir la superficie máxima permitida para la propiedad agraria, que estaría establecida entre 5.000 y 10.000 hectáreas.
Según datos del estatal Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), algunas familias poseen hasta 200.000 hectáreas de tierras en Santa Cruz.
De acuerdo con la Constitución vigente, "las tierras son del dominio originario de la Nación, y corresponde al Estado la distribución, reagrupamiento y redistribución de la propiedad agraria conforme a las necesidades económico-sociales y de desarrollo rural".
El capítulo de ordenamiento territorial y uso del suelo del estatuto cruceño establece que "es competencia del Departamento Autónomo de Santa Cruz, aprobar, mediante la correspondiente Ley Departamental, el Plan Departamental de Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso del Suelo, dentro de su jurisdicción territorial, en el marco de las leyes básicas nacionales que regulan este procedimiento y de acuerdo a la capacidad de uso mayor de la tierra".
El proyecto de estatuto anuncia en su artículo 102 una futura ley de tierras e insiste en que el derecho de propiedad agraria, la regularización de los derechos, la distribución, redistribución y administración de las tierras en el departamento de Santa Cruz es responsabilidad del Gobierno Departamental.
La iniciativa promete sanciones contra quienes posean "grandes extensiones de tierras improductivas, por ser contrario al interés colectivo y no cumplir ninguna función social ni económico-social".
LA SEGURIDAD
En materia de seguridad ciudadana, el Poder Ejecutivo de Santa Cruz aspira a atribuirse esa tarea como "responsabilidad prioritaria" y a promover acciones "en concurrencia con el Estado Nacional, los Gobiernos Municipales Autónomos, la Policía Nacional y el Concejo Departamental de Seguridad Nacional".
Para ello se sugiere la creación de un "organismo de seguridad" con cometidos propios de un cuerpo policial que, agrega, coordinará con la Policía Nacional y la Gendarmería de los Gobiernos Municipales.
La Constitución vigente establece la función policial de manera integral y bajo un mando unificado, de modo similar al proyecto oficialista de nueva carta magna, que otorga al Estado nacional la misión de la seguridad interna "de manera integral, indivisible y bajo mando único".
