Los poderes medicinales o alimenticios de muchos vegetales reditúan a veces enormes beneficios económicos, lo que los coloca en el centro de un debate ético, comercial y legal.
Hasta hace menos de 40 años, la planta era conocida sólo por los bosquimanos, los habitantes aborígenes de la región, que la llaman kowa.
Pero en los años 70, soldados sudafricanos la descubrieron en sus marchas de ocupación en Angola, al observar que sus guías bosquimanos la consumían y soportaban varios días sin beber ni comer otros alimentos.
En 1996, estudiosos del Centro Sudafricano de Investigación Científica e Industrial pudieron aislar el extracto de la planta, que denominaron P57AS3, con las propiedades ya conocidas por los bosquimanos, y recomendado para reducir la ingesta de calorías.
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En 1997, el laboratorio Phytopharm compró la licencia para el desarrollo y comercialización del hoodia. Hoy, varios gigantes biotecnológicos, como Pfizer y Unilever, comparten los beneficios.
Pero apenas en 2009 los bosquimanos tendrán derecho a alguna compensación financiera.
Abundan ejemplos similares de biopiratería, en la que incurren investigadores o empresas cuando usan sin autorización la diversidad biológica de países en desarrollo y de conocimientos colectivos en productos y servicios.
Esta práctica debería eliminarse con reglas internacionales claras, han dicho expertos y representantes gubernamentales. Ése es uno de los propósitos del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, en vigor desde 1993.
"La justa participación de los pueblos de los países del Sur en los beneficios económicos derivados de la comercialización de su saber y de los recursos biológicos de sus regiones es un problema central a ser resuelto en los debates actuales", dijo a Tierramérica Konrad Übelhör, encargado de biodiversidad en la agencia alemana de cooperación y desarrollo (GTZ, por sus siglas en alemán).
Übelhör recordó que, además de compartir los beneficios, los pueblos del Sur tienen derecho a transferencia de tecnología y educación para modernizar la obtención de las propiedades vegetales que pertenecen al inventario de sus tradiciones.
Andreas Drews, también de la GTZ, dijo a Tierramérica que una causa fundamental de la biopiratería radica en el marco legal internacional de las patentes.
"El aspirante a una patente no está obligado actualmente a documentar el origen de su saber," dijo Drews. "Por esa sola razón, no conocemos las dimensiones reales de la biopiratería".
"Para conceder una licencia o patente, debería ser obligatorio que el beneficiario documente el origen de los agentes activos de los productos", agregó.
El párrafo 5 del artículo 15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica establece que los médicos tradicionales y los gobiernos de sus países, que durante siglos emplearon recursos biológicos específicos de sus regiones, deben dar "consentimiento previo informado" para el uso comercial internacional de tales recursos.
Las multinacionales de biotecnología argumentan que tal consentimiento no es necesario para comercializar plantas medicinales y sus derivados o alegan que a menudo es imposible obtenerlo.
"La biopiratería viola la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, (2007)", dijo a Tierramérica Michael Frein, del Servicio Evangélico para el Fomento del Desarrollo.
Sin embargo, ésta no tiene carácter obligatorio y tampoco hay todavía un régimen vinculante en el marco del Convenio, así que son casi inexistentes las posibilidades de defenderse contra la biopiratería, agregó.
Además, gobiernos de países industrializados como Estados Unidos se niegan a ratificar el Convenio.
Pero si, por ejemplo, firmas estadounidenses quieren explotar semillas registradas ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), deben firmar contratos obligatorios de distribución de regalías a los propietarios oficiales.
La biopiratería y los medios para contrarrestarla están en debate en Bonn desde el 12 de este mes, en la reunión celebrada hasta el 16 por los países miembros del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, instrumento adjunto al Convenio, y en las discusiones posteriores, de la IX Conferencia de las Partes del Convenio, que se extiende desde el 19 hasta el 30 de mayo en esta misma ciudad.
En esos encuentros se intenta adoptar regímenes internacionales obligatorios para el acceso justo a los recursos de la biodiversidad y el reparto equitativo de sus beneficios, para el uso seguro de organismos genéticamente modificados y para cumplir con el objetivo al que se comprometieron los 191 países partes del Convenio: revertir para 2010 el actual ritmo de pérdida de flora y fauna.
Se requiere unanimidad para establecer estas normas.
Delegados de Australia, Canadá y Japón, y representantes de grandes compañías biotecnológicas, registradas en las naciones ricas, se oponen a un sistema legal internacional contra la biopiratería. Pero Brasil, India, Indonesia, Malasia, México y Sudáfrica insisten en la necesidad de reglamentar el uso comercial de recursos genéticos y establecer mecanismos de compensación.
Para Übelhör, de la GTZ, "es natural" que los países pobres exijan compartir los beneficios. "Ochenta por ciento de la biodiversidad se encuentra en los países en desarrollo", dijo a Tierramérica.
"En el acceso a la biodiversidad y en su explotación ecológicamente sostenible radica la solución de la lucha contra el hambre", añadió.
* El autor es corresponsal de IPS. Este artículo fue publicado originalmente el 24 de mayo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
