Tras un mes de negociaciones infructuosas con el gobierno de Argentina, los gremios agropecuarios en conflicto resolvieron sostener el diálogo, pero en estado de movilización junto a las carreteras.
"Fueron 30 días sin demasiados avances, esto no conforma a los productores", dijo a IPS Omar Barchetta, secretario gremial de la Federación Agraria Argentina (FAA), que agrupa a pequeños y medianos agricultores. "Por eso decidimos seguir dialogando, pero apostados junto a las rutas", añadió.
El conflicto se desató el 11 de marzo, cuando el gobierno de Cristina Fernández anunció aumentos del impuesto a la exportación de oleaginosas (soja y girasol). La medida provocó un rechazo en bloque de productores agropecuarios grandes, medianos y pequeños y reactivó una serie de demandas pendientes del sector.
Muchos productores se lanzaron a las carreteras sin esperar el llamado de los dirigentes gremiales y cortaron el paso de camiones con alimentos en 14 provincias. En tres semanas provocaron desabastecimiento, consiguieron un inesperado apoyo en las ciudades y expusieron debilidades del gobierno que había asumido apenas tres meses antes.
Luego de 21 días de paro y bloqueos de carreteras, cuando se empezaba a sentir la escasez de alimentos en las ciudades, las entidades gremiales anunciaron una tregua de un mes para dialogar con el gobierno. Pero las negociaciones, a su juicio, arrojaron escasos resultados.
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El desgaste de la crisis determinó la primera baja en el gabinete de Fernández: la renuncia del ministro de Economía, Martín Lousteau, autor del plan de retenciones móviles a las exportaciones agrícolas.
Pero el gobierno no modificó el aumento del impuesto y ofreció compensaciones y otras medidas que, además de no convencer a los sectores movilizados, tampoco se concretan.
Las exportaciones de carne siguen sujetas a restricciones de cuotas, el precio de la leche sigue retrasado y aún no se ponen en marcha los mecanismos de compensación para los productores más pequeños o para quienes están más lejos de los puertos, afirman los gremios.
Los líderes de cuatro organizaciones de productores anunciaron este viernes un nuevo plazo hasta el martes 6. Ese día, el jefe del Gabinete, Alberto Fernández, los convocó a discutir el nudo del conflicto, las retenciones (impuesto a las exportaciones) que hasta ahora se había negado a negociar.
Al anunciar el fin de la tregua, el presidente de la FAA, Eduardo Buzzi, aseguró que en el campo hay "rabia, malestar y ansiedad", pero se mantiene "la voluntad de seguir dialogando", por eso se retoma la protesta pero sin sus aspectos más polémicos: el paro, el corte de rutas y el desabastecimiento.
Los manifestantes estarán a partir de este sábado junto a las carreteras en asambleas y repartiendo volantes, dijo Buzzi. Se decidió comerciar lo indispensable y no cortar el tránsito, aunque puede haber algún sector que lo haga, admitió. Tampoco queremos provocar desabastecimiento de alimentos, dijo.
Con matices, la Sociedad Rural, de grandes propietarios, Coninagro, que agrupa a las cooperativas, y Confederaciones Rurales Argentinas, que representa a 12 federaciones regionales y a 300 sociedades rurales, se mostraron de acuerdo con la continuidad del diálogo y la movilización.
El problema del campo hoy no es técnico ni tiene razones económicas, sino que "es netamente político e institucional", dijo a IPS el ingeniero agrónomo Jorge Elustondo, ex vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Elustondo es coordinador del Foro Permanente del Complejo Agroindustrial Alimentario, iniciativa del Grupo Fénix, conformado por profesores de la Universidad de Buenos Aires críticos del modelo neoliberal que imperó en los años 90.
El Foro procura reunir a agricultores, semilleros y técnicos.
Argentina está "frente a una oportunidad única", con buenas condiciones macroeconómicas, y "con las cuatro entidades del campo por primera vez convergiendo en una agenda común que reivindica el planeamiento estratégico y la intervención del Estado en la actividad", opinó.
"Es incomprensible que esta oportunidad no se aproveche", dijo Elustondo.
Este país atraviesa un período de crecimiento económico con superávit fiscal y balanza comercial favorable, pero "el gobierno se cierra en sus posiciones", en lugar de abrirse al diálogo con los sectores rurales y con el Congreso legislativo, para que allí se discutan los conflictos planteados por las agremiaciones agropecuarias, estimó. Más allá de las dificultades para encausarla, la crisis ha permitido "un enriquecimiento de la agenda" del sector. Ahora el debate no se limita al aumento de impuestos, sino que incluye la discusión sobre la concentración de la tierra, la intervención del Estado, la necesidad de diversificar la producción y de fomentar las economías regionales, opinó.
