Comer menos es lo único que pueden hacer por ahora los salvadoreños más pobres frente al aumento constante de los precios internacionales de los alimentos, que repercute en el comercio interno de fríjoles, arroz, tortillas, leche, huevos y pan, fundamentales en la dieta local.
La gravedad de la crisis alimentaria en El Salvador es un diagnóstico en el que coinciden especialistas extranjeros, defensores de consumidores y el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Oscar Humberto Luna, quien considera que en este país centroamericano reina un "panorama desolador".
Francisco García, un empleado de 29 años, lamentó que sus ingresos hayan sido "impactados aproximadamente en 40 por ciento de mi presupuesto mensual de febrero a la fecha". "Lo que antes compraba con 200 dólares, ahora necesito 300", precisó.
Si "antes compraba un galón (3,79 litros) de leche, ahora sólo compro medio galón ( ), comemos menos que antes", se quejó García, mientras esperaba el autobús en el centro de San Salvador.
Algo similar le sucede a Gabriela Ortiz, una ama de casa de 22 años, a quien su presupuesto se le incrementó "entre 60 y 80 dólares mensuales", desde comienzos de año.
El representante en El Salvador del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Carlo Scaramella, informó a IPS que esa agencia de la Organización de las Naciones Unidas realiza un estudio de la situación en este país, Guatemala, Honduras y Nicaragua, con el fin de medir el impacto proyectado de la crisis en la población más pobre.
Aunque aún no está el diagnóstico y, por ende, todavía "no se pueden precisar los efectos", si se puede hablar de lo que ya está sucediendo y es que la población ha comenzado ha reorganizar su economía familiar, apuntó.
"La gente ha comenzado a tener menos acceso a la alimentación" y tiene una "menos apropiada", tras haber perdido poder adquisitivo, indicó Scaramella. Alertó, además, que la situación de las familias en el área rural es mucho más grave, porque cada hogar pobre ahora "es mucho más pobre".
"Ahora la gente sólo puede comprar la mitad de lo que podía comprar hace un año", particularmente en cuanto al maíz, fríjol y arroz, ya que su costo se duplicó, aseveró Scaramella.
Datos del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), con base a fuentes gubernamentales y del Consejo Regional de Cooperación Agrícola (Coreca), indica que la canasta básica rural aumentó de 101,14 dólares a 122,78 entre abril de 2007 y marzo pasado, mientras que la urbana pasó de 140,57 a 159,77 dólares.
También el CDC informó que en el año finalizado en enero el precio de la libra de fríjol (0,453 de kilogramos) subió de 50 centavos de dólar a 84 centavos, el arroz de 32 a 50 centavos de dólar y el maíz trepó de 16 a 22 y la leche de 95 centavos de dólares a 1,03 dólares.
Es un "shock alimentario", ya que los gastos destinados a la compra de alimentos constituyen más de la mitad de los ingresos de los hogares más pobres, según la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), un centro de pensamiento de la empresa privada.
La carestía de los alimentos en el mercado internacional está basada, según muchos especialistas, en la utilización de algunos cultivos —principalmente el maíz— en la producción de biocombustibles, en el incremento apabullante del valor del petróleo y de los fertilizantes, así como en la creciente demanda de productos comestibles de países emergentes como China e India.
Factores externos que, para aumentar la problemática, se suman al modelo de apertura comercial y al desmonte del sector agropecuario, implementados en este país desde 1990 por el gobierno de entonces de Alfredo Cristiani (1989-1994) con el argumento de que era más barato importar que producir alimentos.
Esa política condujo a la quiebra de la agricultura nacional, mientras florecían empresas vinculadas a la importación de granos básicos, aseveró a IPS el economista Raúl Moreno. "Ese fue un error fundamental", aseguró.
El procurador Luna señaló que observa con "profunda preocupación" el "deterioro progresivo" de las condiciones de vida y de la soberanía y seguridad alimentaria de los salvadoreños.
Consideró "conveniente", además, que entre otras medidas el gobierno "decrete un Estado de emergencia nacional" y "realice acciones de atención a la crisis", que incluya la creación de una comisión nacional al respecto, que posibilite la recuperación del sector agropecuario y promulgue una ley sobre seguridad alimentaria y nutricional.
El gobierno derechista de Antonio Saca, en tanto, conformó hace dos semanas una comisión multidisciplinaria para que le formule recomendaciones tendientes a afrontar la crisis.
El propio Saca reiteró que mantendrá los subsidios al gas propano y a la energía eléctrica, además de impulsar la producción nacional de alimentos, pero que había que "apretarse el cinturón".
La comisionada presidencial para la agricultura, Carmen Elena Díaz, confirmó a IPS que el gobierno invertirá unos 115 millones dólares para "incentivar a pequeños agricultores" y los apoyará con la distribución gratuita de unos 350.000 sacos de fertilizantes y semilla mejorada de maíz para que se eleve el rendimiento de este cultivo.
Acciones que muchos analistas han catalogado de "electoreras" de cara a las elecciones generales convocada para el próximo año.
El arzobispo auxiliar de San Salvador, monseñor Gregorio Rosa Chávez, reclamó al presidente que en sus declaraciones él sólo se refiera a los "factores externos" de la crisis, pero elude a "las políticas que se desarrollan en el país", que también son causante de este "mal".
"Un diagnóstico objetivo indica todo lo contrario. El mayor problema está dentro del país y eso es lo que hay que cambiar, (pues) lo demás ciertamente golpea pero no es el punto clave", sentenció el alto prelado católico.
Y criticó que en la comisión multidisciplinaria no haya representación de los agricultores.
De regreso en la calle, Max Flores, un jubilado de 62 años que trabajó en la industria del pan, considera que los comerciantes "especulan y abusan", ya que no hay relación entre el aumento de las materias primas y el precio final de los alimentos a los consumidores.
A su vez, Giorgina Díaz, de 30 años y con nueve meses de embarazo, estimó "absurdo" el llamado del presidente Saca "a que comamos menos".
