El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, nacionalizó este miércoles Siderúrgica del Orinoco (Sidor), la mayor acería del país, al fracasar las negociaciones para renovar el convenio colectivo de trabajo entre el sindicato y el consorcio argentino Ternium, propietario de la mayoría de las acciones.
"La empresa tuvo una actitud colonizadora y arrogante y, luego de un largo proceso de negociaciones que resultaron infructuosas para la solución del conflicto de Sidor con sus trabajadores, el comandante presidente (Chávez) tomó la decisión en la madrugada de asumir el control de la siderúrgica", anunció el vicepresidente Ramón Carrizález.
Sidor, ubicada a orillas del río Orinoco y a unos 500 kilómetros al sudeste de Caracas, produce 4,2 millones de toneladas de acero al año y cuenta con 12.000 empleados.
Ternium, perteneciente al poderoso Grupo Techint, tiene 60 por ciento de las acciones y el resto, a partes iguales, son del Estado y de los obreros. Es la mayor siderurgia del área andina y el Caribe.
"Fuimos sorprendidos por esta medida, pero la celebramos. Llevábamos 15 meses con el convenio de trabajo vencido y el Estado puede acceder rápidamente a nuestras demandas", dijo a IPS por teléfono Nerio Fuentes, activista del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss).
Por su parte, Víctor Moreno, presidente de la federación de trabajadores en la región sudoriental, advirtió contra un exceso de optimismo, pues "hubiéramos preferido resolver primero la contratación y luego discutir si convenía o no la re-nacionalización", que es en realidad lo anunciado ya que el Estado creó Sidor hace medio siglo y la privatizó a fines del 90.
Esta nacionalización es la segunda decisión de su tipo en los últimos 10 días, después que Chávez dispuso que el Estado tomara el control de la industria cementera, lo cual afecta a la firmara mexicana Cemex, la francesa Lafarge y la suiza Holcim.
En lo que va de año, el Estado venezolano ha colocado sus manos sobre cada vez más palancas de la economía, por la vía de expropiaciones o rescate de tierras de dominio público en el área rural y por la adquisición de empresas en el campo industrial.
Se ordenó recuperar el hato El Frío, en las llanuras del sur, que opera como una estación biológica privada y cría unos 25.000 vacunos en 63.000 hectáreas de sabanas inundables, y el Estado compró la principal planta lechera del sudoeste. Desde 2003 Chávez impulsa la posesión estatal de negocios en la agricultura y la agroindustria.
También el gigante consorcio estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) adquirió pequeñas compañías distribuidoras de gas doméstico, lanzó una red de expendios de alimentos a precios subsidiados y estudia comprar cadenas de distribución y supermercados.
El año pasado, el Estado compró la empresa Electricidad de Caracas, para completar el control de la producción y distribución de energía eléctrica, así como la compañía de telefonía básica.
El economista José Guerra observó a IPS que antes de ordenarse la estatización de Sidor ya el sector privado venezolano había cedido, en dos años, negocios con ventas globales de 10.000 millones de dólares, que equivalen a cinco por ciento del producto interno bruto.
Además de Pdvsa, con comercializaciones superiores a los 100.000 millones de dólares, 10 de las mayores 12 empresas venezolanas están en manos del Estado.
Varias de las nacionalizaciones, o de los amagos, calzan con apremios políticos del gobierno de Chávez. Ya el año pasado había advertido a Techint que estatizaría Sidor si mantenía para algunos de sus productos precios más altos que los de exportación.
La intervención del entonces presidente de Argentina, Néstor Kirchner (2003-2007), a instancias de Paolo Rocca, el presidente de Techint, contuvo la medida, pero una nueva carta a Chávez del empresario argentino, enviada el martes, no tuvo el mismo éxito.
"No creo que esta medida afecte las buenas relaciones que mantenemos con el gobierno de la República Argentina, que ha sido siempre muy respetuoso de las decisiones internas de los países", comentó Carrizález.
Chávez ordenó también estudiar la estatización de las filiales de los bancos españoles Santander Bilbao Vizcaya después que en noviembre pasado, durante la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile, el rey Juan Carlos le espetó "¿por qué no te callas?" cuando había interrumpido la exposición del jefe del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero.
En marzo último, cuando escaló el conflicto político que enfrenta a Bogotá con Quito y Caracas a partir de que el ejército de Colombia atacó y mató a guerrilleros de ese país en suelo ecuatoriano, Chávez pidió a sus ministros una lista de las empresas colombianas establecidas en Venezuela, para considerar la nacionalización de sus activos.
Los movimientos sobre los sectores agrícola, de la agroindustria y distribución de alimentos se relacionan con la escasez de algunos productos esenciales, como leche, carne, pollo, huevos, azúcar, arroz, aceite, harina de trigo y frijoles negros que, intermitentemente, desde hace un año ha castigado a los consumidores venezolanos.
La medida hacia las firmas cementeras se relaciona con el déficit de viviendas, que organismos privados estiman entre 1,5 y dos millones de unidades en este país de 6,5 millones de hogares y 27,5 millones de habitantes, según el gubernamental Instituto de Estadísticas.
"No es ninguna medida contra un país o una empresa, sino que ellos tienen una estrategia trasnacional y la nuestra es la del desarrollo nacional", dijo el ministro de Energía, Rafael Ramírez, también presidente de Pdvsa y quien fue encargado por Chávez para buscar con la industria cementera "una negociación sin traumas". Los gobiernos de México, Francia y Suiza deploraron el anuncio y se declararon atentos a la indemnización debida por la nacionalización de estas cementeras, con capacidad para producir unos nueve millones de toneladas por año. Adquirir sus activos puede costar entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, según estudios privados.
Ramírez dijo que propondrá a las cementeras "que permanezcan con inversiones en el país y seamos socios en empresas mixtas", de las que el Estado tendría al menos 60 por ciento de acciones, al estilo de los acuerdos de explotación de crudo a los que fueron forzadas a migrar dos docenas de empresas petroleras en 2007.
Carrizález dijo que el esquema podría repetirse en Sidor y, en ese caso, el Estado llegaría a tener 60 por ciento de acciones y el restante 40 por ciento se repartiría entre el consorcio Ternium y los trabajadores.
A medida que se desgranan las nacionalizaciones, dirigentes de asociaciones de ganaderos, industriales y comerciantes critican que el gobierno "está aplicando el programa socialista que fue rechazado por los venezolanos el 2 de diciembre de 2007".
Ese día, con 51 por ciento de votos por el "No", la ciudadanía rechazó la propuesta de reforma constitucional que elaboraron Chávez y el parlamento y que prometía reordenar sobre bases definidas como socialistas y con predominio del sector estatal tanto la actividad económica como la organización de las comunidades y la administración pública.
