MINERÍA-PERÚ: Delito de lesa fotocopia

Activistas y políticos locales de la norteña región peruana de Piura, acusados ante la justicia de terrorismo, secuestro y extorsión por oponerse a inversiones mineras que el gobierno apoya, aseguran que la única prueba en su contra son recortes de prensa.

Vista del cerro de Algamarca, rico en oro

Crédito: Presidencia de Perú

La Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas acusó a 35 ambientalistas, activistas de derechos humanos, alcaldes y autoridades comunales que apoyaron una consulta vecinal en el que se rechazaron las operaciones de la minera Minera Río Blanco Copper.

En la consulta ciudadana celebrada el 16 de septiembre, que no tuvo carácter vinculante, 90 por ciento de los electores rechazaron la actividad minera en Piura.

En gira por China, el presidente peruano Alan García se comprometió con los nuevos dueños de Río Blanco Copper, cuya accionista mayoritaria es la compañía Zijin, a impulsar el proyecto minero en Piura, según informó la empresa en un comunicado.

"No hay razones para fracasar en el proyecto", dijo entonces García a los empresarios chinos el 20 de marzo, según el comunicado.
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Ambientalistas y otros activistas de la sociedad civil cuestionan a la compañía minera por realizar operaciones de exploración sin permiso de las comunidades campesinas, como exige la ley y según comprobó la gubernamental Defensoría del Pueblo.

El gobierno guardó silencio ante la denuncia de la asociación local que respalda a la minera, presentada el 24 de marzo, a pesar que se comprometió a crear vías de diálogo con las comunidades para resolver el conflicto que se desarrolla en las alturas de Piura hace cuatro años.

Los choques registrados desde 2002 alcanzaron tal grado de violencia que han tenido como saldo de dos muertos, varios heridos, más de 200 procesos penales contra campesinos y diversas campañas de desprestigio.

La mayoría de miembros de comunidades locales cercanas al proyecto se oponen a la actividad minera por temor a que contamine sus ríos y afecte la biodiversidad del área.

Pero la asociación acusadora, que se califica de comunidad campesina sin tener autorización legal para ello, apoya abiertamente a la minera e incluso, según los dirigentes comunitarios opuestos al proyecto, tiene entre sus miembros a ex trabajadores de la compañía.

La denuncia presentada ante la Fiscalía de Piura solo tiene como sustento 300 fotocopias de artículos de prensa sobre la participación de los acusados en actividades de protesta contra Río Blanco Copper, según el abogado defensor, Víctor Álvarez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

A partir de estos recortes, los demandantes acusan a los ambientalistas integrar grupo "antisistema", remanente de organizaciones insurgentes armadas como Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y el Movimiento Bolivariano, dijo Álvarez a IPS.

A pesar de su relativa debilidad, la fiscalía elevó la denuncia en apenas 24 horas a la Dirección contra el Terrorismo para que la policía realice las investigaciones pertinentes. Pero, a pedido de Álvarez, los fiscales reconsideraron su decisión y se harán cargo de la pesquisa ellos mismos.

Los alegatos de los denunciantes coinciden con los del gobierno, que en las últimas semanas ha tratado de desacreditar con los mismos calificativos a los dirigentes nativos y de la sociedad civil contrarios a la venta de predios amazónicos para actividades privadas.

"Rechazamos la hostilización contra quienes defienden el ambiente y los derechos de las comunidades locales, así como también por la criminalización de la protesta social", señala en un comunicado publicado el viernes la no gubernamental Red Muqui, apoyada por más de 35 organizaciones nacionales e internacionales y por legisladores.

"Exigimos a las autoridades que detengan estas maniobras (…) y que asuman su rol en la protección y promoción de los derechos humanos", agregó la Red.

Los denunciantes constituyen "una fachada de los intereses de la empresa para que nos presenten como un grupo antisocial, porque al gobierno le preocupa que se detenga la inversión minera" aunque ésta "vulnere los derechos de las comunidades", dijo Javier Jahncke, miembro de la Red Muqui y coordinador de la consulta vecinal en Piura.

El temor a eventuales represalias recrudece, según Jahncke, porque el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería sancionó a la empresa por incumplir sus compromisos ambientales para la exploración.

Según este órgano oficial, la minera lanzó efluentes ácidos con metales pesados y otros contaminantes a través de vertederos que carecen de la impermeabilización necesaria, por lo que pueden afectar aguas subterráneas.

Esta amenaza de contaminación coincide con reiteradas denuncias de activistas hoy acusados ante la justicia.

Hace más de dos años, dirigentes locales y un sector de la Iglesia Católica que apoyaba a comunidades contrarias a la minera Majaz, antecesora de Río Blanco Copper, debieron soportar un clima de hostilidad similar.

Una televisora de alcance nacional divulgó entonces una denuncia falsa sobre la existencia de una "red de terror", encabezada por sacerdotes opuestos al proyecto Río Blanco y dirigentes locales vinculados con el narcotráfico y organizaciones insurgentes.

Los responsables de esa noticia aseguraron luego que respondía a informes de fuentes policiales que les puso a su disposición el propio Ministerio del Interior. Pero esa cartera negó haber brindado los datos irreales.

Activistas sospechan que la información fue aportada en las sombras por directivos de Majaz.

La empresa reconoció públicamente el año pasado errores en su política de vínculo con las comunidades. El primer ministro Jorge del Castillo aseguró luego que los nuevos inversionistas chinos no avanzarían en el proyecto sin el aval social de la población local.

Ese compromiso quedó en palabras.

Entre los acusados de terrorismo, secuestro y extorsión figuran el presidente de la Federación Provincial de las Comunidades Campesinas de Ayabaca, Magdiel Carrión, los representantes de las comunidades que rodean el proyecto minero e incluso cuatro alcaldes que apoyaron la consulta vecinal de septiembre.

"Todo es más de lo mismo. No hay ningún cambio de actitud de la empresa ni del gobierno. Sólo quieren hacernos ver ante los demás como ignorantes y revoltosos. Las comunidades están indignadas y no van a dar un paso atrás. Continuaremos rechazando a la mina", dijo Carrión a IPS.

Los impulsores de la consulta vecinal ya fueron amedrentados anteriormente. Pocas semanas antes de esa instancia, el Jurado Nacional de Elecciones lo declaró ilegal y acusó a los alcaldes organizadores de usurpación de funciones.

"No tengo nada que temer. Cuando me llamen las autoridades iré sin abogado, porque esa denuncia es una tontería", declaró a IPS el alcalde de El Carmen de la Frontera, Ismael Huayama.

Pero Jahncke y otros activistas también aseguraron haber recibido amenazas de muerte telefónicas, por lo que solicitaron una investigación de la fiscalía, e incluso la intervención del relator especial de las Naciones Unidas para la Protección de Defensores de los Derechos Humanos.

"Creemos que el fiscal debería archivar la denuncia ante la falta de pruebas. Pero igual consideramos acudir a instancias internacionales porque esto es un escenario de represión", apuntó el abogado Alvarez.

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