La falta de información y de prevención que rodeó un escape de radiactividad, ocurrido hace casi cinco meses en una central nuclear española, puso en alerta a las poblaciones vecinas, ecologistas y organizaciones sociales.
Una de las ocho generadoras eléctricas que funcionan con energía nuclear de España, ubicada en el nororiental municipio catalán de Ascó, sobre el mar Mediterráneo, sufrió una pérdida de material radiactivo el 29 de noviembre de 2007, pero sus autoridades omitieron informar a los vecinos, impidiendo posibles medidas de protección.
La filial española de la organización ecologista Greenpeace, que denunció lo ocurrido el 5 de este mes, sostuvo este martes que entre las medidas de protección que no se adoptaron por ese silencio, había una imprescindible: la anulación de visitas a la generadora eléctrica, ya que alumnos de varios colegios la recorrieron después del escape.
El director del católico Colegio de los Hermanos Maristas de Girona, Robert Serra, dijo a IPS que lo más preocupante fue que "se siguieran permitiendo las visitas de escolares sabiendo lo que había pasado en noviembre". Por eso, añadió, su institución dispuso que todos los escolares que participaron en la visita fueran sometidos a revisión para prevenir cualquier problema de salud.
Frente al velo que aún cubre lo sucedido, Greenpeace dirigió este martes al estatal Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) 50 preguntas que, de acuerdo a la legislación vigente, deberán ser respondidas antes de 30 días.
La organización ecologista quiere saber cuáles son las normas en vigor de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs, propietaria del reactor, para procedimientos de la unidad y para las acciones de sus operarios, el diseño de sistemas de seguridad y su cumplimiento, así como la notificación a las autoridades de los hechos relevantes.
"Conocer lo que realmente sucedió es necesario para que los ciudadanos puedan reclamar la imposición de las sanciones…, de acuerdo con la legislación nuclear, así como para iniciar las acciones penales que resulten pertinentes por delito medioambiental y las reclamaciones que procedan, en caso de acreditarse la existencia de daños a las personas o al ambiente causados por las radiaciones ionizantes", dijo a la prensa Carlos Bravo, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace.
Luego de la denuncia de Greenpeace, el CSN emitió un comunicado, poco explicativo.
Este martes, el CSN divulgó una nueva declaración donde afirma que la fuga radiactiva fue cien veces superior a lo inicialmente declarado por la empresa, por lo cual resolvió abrir un expediente para sancionarla y disponer que 700 personas presuntamente afectadas sean sometidas a estudios médicos.
En base a un informe que recibió el lunes, el CSN acusó este martes a la central de "un inadecuado control del material radiactivo" y de transmitir "una información incompleta y deficiente", dijo.
El escape, calificado por la empresa como de nivel uno, es evaluado ahora por el CSN como de nivel dos, uno de los cuatro más graves de la historia nuclear española.
El subdirector de Protección Radiológica del CSN, Manuel Rodríguez, explicó que la entidad había dado una información inadecuada porque era a su vez incorrecta la recibida, y añadió que "el valor de la actividad estimada en el exterior de la central es cien veces superior a lo que la central declaró hace una semana", aunque entonces la empresa estaba al tanto de los hechos.
El día 4, la empresa informó al CSN de que se habían emitido 235.000 becquerelios (unidad que mide la actividad radiactiva de una sustancia), mientras en su informe final asegura que la fuga fue de 19,5 millones de becquerelios.
El día 7 el CSN reunió a los 13 alcaldes de la zona para brindarles información de lo sucedido, pero en ese encuentro los responsables de la central tampoco vertieron la verdadera información.
El activista Bravo insistió en que esa omisión informativa es grave.
La empresa titular de la central, cuyos accionistas mayoritarios son las transnacionales españolas Endesa e Iberdrola, sostuvo en una declaración fechada el lunes que "los datos obtenidos del análisis de las partículas localizadas y retiradas confirman que la emisión es de baja significación radiológica y no afecta ni a la salud de las personas ni al medio ambiente".
"Una vez finalizados los trabajos de limpieza, considerados prioritarios tras el hallazgo, se ha procedido a analizar en laboratorio y con métodos de precisión las partículas recogidas y realizar los cálculos necesarios", agregó.
Para Bravo, esto es "totalmente insuficiente para dar una explicación lógica del origen y de las causas del suceso, así como para hacer una valoración de las consecuencias radiológicas".
Además, puntualizó, "no existe un umbral mínimo para los efectos estocásticos (vinculados al azar) de la radiación ionizante, incluso aunque la radiactividad estuviera por debajo de los límites reglamentarios, algo que como poco está por demostrar". Ante lo que consideró "operación irresponsable" de la central nuclear, Greenpeace exigió al CSN y al gobierno retirarle la licencia de explotación y suspender de forma cautelar la actividad de Ascó y de otro reactor de la misma empresa.
La cuantificación de la emisión radiactiva es esencial para valorar el riesgo de las personas y el ambiente y para verificar infracciones legales, según dispone la legislación vigente.
Mientras el debate prosigue, la central continúa operando, la sociedad civil aumenta su preocupación y el gobierno espera un detallado informe del CSN para resolver, aunque ya dispuso que la presidenta de ese organismo, Carmen Martínez Ten, comparezca ante el Congreso de los Diputados para explicar lo ocurrido, en una fecha aún no determinada.
