La decisión del gobierno de la capital de México de hacer obligatorio el transporte escolar colectivo a partir de septiembre, para abatir la contaminación y el tránsito vehicular es rechazada por asociaciones de padres y especialistas. Si bien la decisión tiene el propósito de mejorar la calidad del aire, no se origina en un proceso de consulta ciudadana y no incluye medidas para mejorar y ampliar las unidades de transporte escolar, dijo a Tierramérica Arnulfo Arteaga, de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Arteaga, ex miembro del gubernamental Consejo de Administración de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, advirtió que si el gobierno no admite la consulta ciudadana, podría fracasar.
Su voz se sumó a la de grupos de padres que señalaron que no tienen dinero para pagar el transporte escolar y que no acatarán la medida.
Según autoridades municipales, en la capital se realizan 4,4 millones de viajes escolares en automóviles particulares, lo que constituye el segundo motivo de movilidad. Sólo 8,2 por ciento de las escuelas de la ciudad cuentan con transporte propio.
