Costa Rica presenta dificultades para perseguir los delitos ambientales, porque carece de recursos económicos, de tribunales especializados y de controles estatales sólidos, reconocieron dos altos funcionarios. La ministra del Ambiente, Elizabeth Odio, y el contralor Ambiental Guillermo Porras, señalaron al diario La Nación que las autoridades no pueden proteger adecuadamente la biodiversidad debido a la falta de recursos técnicos y económicos.
Porras admitió que Costa Rica, asiento de cuatro por ciento de los seres vivos que habitan el planeta, está «al borde de la impunidad en materia de delitos ambientales».
La extracción ilegal de madera y la contaminación por residuos sólidos e industriales se cuentan entre los principales delitos ambientales en este país.
