Organizaciones que representan a sobrevivientes y familiares de víctimas de la guerra guatemalteca (1960-1996) denunciaron que la fiscalía no ha cumplido tres sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Existe una deuda del Estado de Guatemala con las víctimas del conflicto armado. Estamos aquí para denunciar la falta de una investigación y sanción de los responsables de graves violaciones de los derechos humanos", afirmó este jueves en una conferencia de prensa Marcela Martino, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
En los casos conocidos como Villagrán Morales y Otros, Bámaca Velásquez y la masacre de la aldea Plan de Sánchez, la CIDH se pronunció en los años 2001, 2002 y 2004 exhortando al Estado a "investigar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos", pero todos siguen impunes, dijo.
En 1996, con los Acuerdos de Paz Firme y Duradera concluyeron 36 años de guerra entre la insurgente Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el Estado, que dejaron unas 200.000 víctimas, en su mayoría indígenas, con el ejército como responsable de más de 90 por ciento de los crímenes, según la independiente Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), que cifra en al menos 45.000 los desaparecidos.
Mario Minera, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh) se refirió a la masacre en Plan de Sánchez, cometida el 18 de julio de 1982 en el norteño departamento de Alta Verapaz, en la que murieron 268 personas, y la describió como una "gravísima violación al derecho a la vida perpetrada por las fuerzas de seguridad del Estado".
Minera criticó la "falta de voluntad del Ministerio Público (fiscalía) para investigar y señalar a los responsables" del crimen, que se sometió en 1996 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que contribuye, a su juicio, a reforzar el clima de impunidad en Guatemala.
"En la masacre de Plan de Sánchez, cuyo responsable intelectual es (el ex dictador) Efraín Ríos Montt, no ha habido una investigación profunda", reiteró Juan Francisco Soto, coordinador del Programa de Justicia y Reconciliación de Caldh.
La Audiencia Nacional de España emitió el 7 de julio de 2006 una orden internacional de captura con fines de extradición a ese país contra el hoy diputado Ríos Montt y otros funcionarios de su gobierno acusados por la dirigente indígena Rigoberta Menchú, laureada en 1992 con el premio Nobel de la Paz.
Según el auto del tribunal español, 93 por ciento de los crímenes fueron cometidos por agentes del Estado, 430 aldeas fueron borradas del mapa y hubo 667 masacres.
Ochenta y tres por ciento de las víctimas, muchas de ellas torturadas, pertenecían a la etnia maya y 17 por ciento eran ladinos (mestizos). Cerca de 1,5 millones de personas tuvieron que huir de sus hogares, más de 45.000 siguen desaparecidas y 150.000 buscaron refugio en México.
La Corte Interamericana, que emitió un pronunciamiento por el caso Plan de Sánchez el 29 de abril de 2004, requirió al Estado guatemalteco el 28 de noviembre de 2007, en una resolución de cumplimiento, que "investigue, juzgue y eventualmente sancione a los autores materiales e intelectuales de la masacre de Plan de Sánchez".
Martino declaró que a cuatro meses del inicio del gobierno del socialdemócrata Álvaro Colom, investido el 14 de enero, "existe una necesidad urgente de que se tomen las medidas oportunas para que el Ministerio Público pueda cumplir con su obligación de investigar".
La activista se refirió a la falta de una investigación completa y efectiva de la desaparición forzada de Efraín Bámaca Velásquez, comandante de la URNG, a manos de agentes del Estado el 12 de marzo de 1992.
También al caso de Villagrán Morales y Otros, cuyos hechos se remontan al 15 de junio de 1990 cuando cuatro jóvenes fueron secuestrados, torturados y asesinados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, y días después un amigo de ellos murió a manos de tres policías en presencia de varios testigos.
"Tantos años después de los hechos y tras las sentencias de la Corte Interamericana, el Estado no avanza en las investigaciones", lamentó Martino.
La Corte ordenó al Estado guatemalteco en su sentencia de 26 de mayo de 2001 investigar los hechos, identificar y sancionar a los responsables y adoptar en su derecho interno las disposiciones necesarias para asegurar el cumplimiento de esta obligación.
Sin embargo, casi siete años después de la emisión de la sentencia, no ha habido diligencias efectivas en este último caso.
"Nos erigimos en portavoces del clamor de las familias de las víctimas para que el Ministerio Público abra procesos contra los autores de las masacres", afirmó Minera.
Según afirmaron las organizaciones denunciantes en un comunicado conjunto, los casos siguen en la impunidad "con la permisividad del mismo Estado, demostrando la falta de capacidad y, peor aún, la posibilidad de encubrir a los responsables de estos hechos".
Martino apuntó, además, que el Ministerio Público no brinda información "precisa y clara" a la Corte Interamericana, sino que reitera la que existe desde hace años, ya que no se dan nuevas actuaciones.
También consideró preocupante que los familiares de las víctimas y los sobrevivientes no tengan acceso adecuado a la información contenida en los expedientes.
La representante de Cejil dijo a IPS que los afectados por el conflicto armado no sólo buscan resarcimiento económico "sino el accionar el Ministerio Público contra los responsables".
En abril de 2003 se creó el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), concebido como un conjunto de políticas, proyectos y acciones para indemnizar y dignificar a quienes más sufrieron con la guerra, como lo recomendó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, con un presupuesto de 300 millones de quetzales anuales (unos 40 millones de dólares).
Como no existe un registro nacional de víctimas, se desconoce el número real de personas afectadas por la guerra y por lo tanto no se puede precisar la cantidad necesaria para indemnizarlas.
El 25 de febrero, Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas de la guerra, instituido por decreto, el presidente Colom manifestó su compromiso con las víctimas.
"Hoy quiero hacer un compromiso con Guatemala, pero especialmente con las víctimas", afirmó entonces al anunciar la apertura de los archivos del ejército, que contienen información vinculada a denuncias de genocidio.
El gobernante reconoció que el Estado cometió atrocidades y consideró que lo mejor era trasladar los archivos militares a la Procuraduría de los Derechos Humanos.
