A pesar del anunciado rechazo del opositor Partido Demócrata, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, envió este martes al Congreso el tratado de libre comercio (TLC) firmado con Colombia. Las dos cámaras legislativas tienen en conjunto 90 días hábiles de plazo para votarlo.
Para el gobierno de Bush, este tratado comercial con el país andino se aprueba si la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, permite que su mayoritaria bancada demócrata vote individualmente.
Analistas en Colombia consideran que el riesgo es muy alto debido a que, si la votación no pasa, el TLC se cae definitivamente, o demorará varios años en ser aprobado.
De hecho, es la primera vez desde 1975, cuando se creó el llamado Fast Track o Autoridad para la Promoción Comercial, que un gobierno de Estados Unidos somete a votación un proyecto que rechaza el partido mayoritario en el legislativo.
El Fast Track consiste en una autorización del Congreso al presidente para que éste negocie acuerdos comerciales con gobiernos, los que luego deben ser ratificados por los parlamentarios, o no, sólo en bloque, sin posibilidad de modificación parcial alguna. En los hechos, esos posibles cambios se negocian antes de la presentación formal.
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Interrogado por periodistas sobre el riesgo tomado por Bush al echar el TLC al agua, el ministro colombiano de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, expresó que respalda ese paso y que es Bush "el que conoce cómo funciona la política estadounidense".
"El TLC es un tema de prioridad nacional", señaló Plata. Y repitió que éste no se trata "del TLC del presidente (colombiano Álvaro) Uribe" sino de un acuerdo comercial "para la posteridad".
"No voy a entrar en quejas puntuales", dijo Uribe el sábado. Y pidió "respeto" si Colombia es tema de las campañas preelectorales en Estados Unidos.
Colombia entró al debate electoral estadounidense por cuenta de que Bush estableció que, mientras en Venezuela gobierne Hugo Chávez, la alianza con el presidente derechista de su vecina Colombia es asunto de "seguridad nacional".
El candidato republicano John McCain, quien para muchos analistas en Colombia será el próximo presidente estadounidense, ya declaró su abierto apoyo al tratado bilateral de libre comercio.
Mientras, ambos precandidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos se deslindan del acuerdo comercial con Colombia como de la peste. Barack Obama ya había expresado su tajante oposición, mientras que la senadora Hillary Rodham Clinton reiteró el lunes su llamado a los legisladores demócratas a votar en contra.
Harry Reed, líder del Partido Demócrata en el Senado, calificó de "gran error" la decisión de Bush, pues su maniobra pondrá al TLC en peor situación. Por su parte, Pelosi y el presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios, Charles Rangel, ratificaron que no darán su apoyo al texto tal como está.
Las objeciones se centran en que los TLC afectan la estabilidad del empleo estadounidense en determinadas ramas, a que la matanza de sindicalistas y la falta de derechos laborales en Colombia continúa, y a que las laxas normas ambientales de este país sudamericano para las industrias supondrían un "dumping" (comercio desleal) para los productores estadounidenses.
Analistas estiman que la carta que se juega Bush sobre la "seguridad nacional" obligará a los demócratas a definir si el gobierno de derecha de Colombia es o no aliado de Washington, en un contexto de avance electoral de opciones socialdemócratas e izquierdistas en América Latina y de señales de aislamiento tanto de Estados Unidos como de Colombia.
Por otra parte, si los demócratas votan afirmativamente el TLC, perderían el crucial apoyo de las centrales sindicales estadounidenses.
Quizá por eso, un optimista ministro Plata expresó: "Lo fácil en la vida sería no tomar decisiones".
Las contradicciones no se han hecho esperar.
El presidente de la empresa de relaciones públicas Burson-Marsteller, Mark Penn, era hasta el domingo el principal estratega de la campaña política de la senadora Clinton.
Dada la oposición de ésta a los TLC, Bogotá consideró una jugada maestra contratar en Washington hace un año, por 300.000 dólares anuales, a Burson-Marsteller, para que ésta influyera en los legisladores estadounidenses a favor del TLC y de la financiación de la guerra civil contra las guerrillas izquierdistas mediante el Plan Colombia.
Penn tuvo que renunciar a asesorar a Clinton luego de que el diario neoyorquino The Wall Street Journal informó de una reunión de Penn con la embajadora colombiana en Washington, Carolina Barco.
Mientras la senadora Clinton argumenta la violación de derechos sindicales en Colombia para su oposición al TLC, Penn además es consultor de empresas transnacionales como Coca-Cola, con enredos judiciales por el asesinato de dirigentes de organizaciones de trabajadores en sus instalaciones embotelladoras en Colombia.
Para Rafael Rincón, director de la Oficina háBeas Corpus, consultorio de derechos y gobernabilidad de la noroccidental ciudad de Medellín, Penn asesora a empresas "en el campo del debilitamiento sindical y de la 'precarización' de los derechos laborales".
Ante la revelación del conflicto de intereses, Penn se disculpó con los sindicatos estadounidenses diciendo que su reunión con la embajadora Barco fue "un error de juicio".
Argumentando falta de respeto, Uribe de inmediato puso fin al contrato de Penn con la embajada colombiana.
Colombia se ha vuelto una papa caliente en Washington. El presidente Bush considera el TLC con Colombia un asunto de seguridad nacional, de la misma manera que hace cinco años consideraba el asunto Iraq", advirtió Rincón.
Para el analista, "el escándalo Penn dejó al descubierto que la política exterior de Colombia está fundada en el tráfico de influencias" y "se reduce al lobby de la guerra".
Si el TLC fracasa, desde ya se ve que se le achacará la culpa de la desaceleración económica que algunos expertos prevén para Colombia a partir de 2012.
Mauricio Cárdenas, ex ministro y hoy director de Fedesarrollo, sostiene que sin TLC la inversión disminuirá a partir de 2009 y la economía decrecería anualmente en medio punto porcentual.
En el último año, asesorada por BursonMarsteller, la embajadora Barco ha organizado visitas a Colombia de más de 50 parlamentarios estadounidenses para convencerlos de las bondades de aprobar el tratado bilateral de libre comercio.
El lunes, Barco reconoció que los artículos y editoriales favorables al gobierno de Colombia y que piden la aprobación de su TLC, publicados en la prensa estadounidense en el último año, se deben a la gestión de Burson-Marsteller.
