Militantes de la revuelta social de octubre de 2003 en Bolivia, que derrocó al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y preparó el terreno para Evo Morales, se declaran frustrados con el gobierno del líder izquierdista y se proponen retomar los postulados de cambios revolucionarios.
Después de transcurridos dos años y cuatro meses de mandato, algunas organizaciones sociales y analistas entienden que el gobierno de Morales sigue los esquemas de sus antecesores de derecha, sustentados en la exportación de materias primas y en el marco de un modelo de desarrollo atribuido al Banco Mundial (BM), según comentaron a IPS por separado.
Tras la renuncia y fuga del derechista Sánchez de Lozada el 17 de octubre de 2003, cuando sólo había transcurrido poco más de un año de su segundo gobierno (el primero fue de 1993 a 1997), el parlamento impuso en el cargo a su vicepresidente Carlos Mesa por vía de sucesión constitucional.
Finalizaba así una protesta con marchas y bloqueos de ruta por alrededor de un mes de parte de campesinos, indígenas, sindicatos y otras organizaciones sociales y vecinales, principalmente del oriente del país, que tuvo como detonante el rechazo a la ya pactada exportación de gas natural a América del Norte a través del norte chileno y por lo cual se dio en llamar la Guerra del Gas.
Tampoco Mesa pudo completar el mandato original de Sánchez de Lozada, pues cayó el 6 de junio de 2005 víctima de una fuerte oposición surgida entre legisladores de la franja oriental del país, más desarrollada y que concentra los mayores recursos naturales.
El entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez, reemplazó a Mesa y entregó el 22 de enero de 2006 el mando constitucional a Evo Morales, quien había sido elegido con 53,7 por ciento de los votos en las elecciones generales del 18 de diciembre de 2005.
El dirigente del Comité Pro Intereses del Gran Chaco, Miguel Justiniano, expresó a IPS que la insurrección popular de octubre de 2003 proponía una Asamblea Constituyente para el cambio del sistema capitalista por otro modelo de gobierno, pero hoy siente que ese objetivo está lejano.
Justiniano es uno de los actores del reciente movimiento cívico en la región petrolera de Camiri, en el oriental departamento de Santa Cruz, que demanda una real nacionalización de los campos gasíferos, y mantiene distancias y fuertes diferencias con los movimientos cívicos que impulsan la autonomía departamental.
A fines de marzo, fuerzas militares reprimieron a pobladores de Camiri que demandaban la recuperación de tres campos petroleros en poder de empresas extranjeras, para transferirlos a la firma estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Este dirigente del Chaco boliviano ahora traza nuevas metas y reclama al gobierno la nacionalización de los yacimientos mineros y, en particular, las vetas de plata localizadas en el occidente del país, explotadas por la compañía estadounidense San Cristóbal, cuya propiedad es atribuida al magnate y financista internacional George Soros.
"La política de exportar materias primas como un modelo de desarrollo no ha cambiado", dijo a IPS el profesor universitario y analista de temas energéticos Justo Zapata.
El experto reconoce una mejora sustancial en materia de ingresos fiscales por concepto de la exportación de gas natural, tras la renegociación el 28 de octubre de 2006 de 44 contratos con empresas petroleras extranjeras. Pero reprocha a Morales por continuar la venta de este combustible sin incorporar su industrialización.
Entre 2005 y fines de 2007, los ingresos del Estado boliviano subieron de 180 millones a 2.000 millones de dólares por la aplicación de mayores cargas tributarias a las empresas transnacionales.
Como ejemplo, Zapata señala que el gas natural exportado a Brasil contiene cinco compuestos, entre ellos el propano y butano que se requieren para convertirlos en combustible licuado, un producto escaso en el mercado interno y que el gobierno desea importar para enfrentar la temporada invernal en la cual aumenta la demanda.
La separación de los compuestos y aprovechamiento para el Estado boliviano reportaría 500 millones de dólares por año, dice el analista, quien lamenta que el gobierno demore en la instalación de plantas de separación e industrialización hasta 2012, como en el caso de la procesadora que será construida en el departamento de Tarija, al sur del país.
El activista social y representante de la organización Pueblo Acción y Soberanía, Vladimir Ortiz, sostuvo que el Banco Mundial trazó una agenda en respuesta a los objetivos populares de octubre de 2003, y entregó al gobierno de Mesa un programa que contemplaba la modificación de la ley de hidrocarburos, un referendo sobre el gas, una asamblea constituyente, la estabilidad macroeconómica y un programa anticorrupción.
Los temas anotados tuvieron una aplicación sucesiva y puntual durante el mandato de Mesa, con el referendo sobre el gas en julio de 2004, y luego con el gobierno de Morales se encaminaron las reformas a la ley de hidrocarburos y se realizaron las sesiones de la Asamblea Constituyente, inaugurada en agosto de 2006 y finalizada en diciembre de 2007.
Ortiz indicó a IPS que el proceso de autonomías y el camino a la federalización, también estaba previsto en el documento, y anticipa que, tras la realización de los referendos en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, entre el 4 de mayo y el 22 de junio, el gobierno y las regiones negociarán una adecuación entre el proyecto de Constitución nacional del oficialismo y los estatutos autonómicos.
Por la sucesión de los acontecimientos y los escenarios previsibles, Ortiz califica de "farsa" a la lucha entre oriente y occidente, expresada en un intercambio de mensajes y discursos agresivos a través de los medios de información.
El líder vecinal y de la Universidad Pública de El Alto, Daniel Chinche, apuntó ante IPS que la fuerza de las movilizaciones de octubre nació de las familias pobres que habitan las zonas marginales de esta ciudad, que rebasaron los objetivos moderados de sus dirigentes y terminaron cercando al poder en la Plaza Murillo, el centro político de Bolivia.
Pero Ortiz reconoce que la caída de Sánchez de Lozada "desinfló" la fuerza de los vecinos de El Alto, la ciudad contigua a La Paz, porque "no había vocación de poder y una agenda política común".
Hoy, a cuatro años de aquella Guerra del Gas que costó la vida de por lo menos 60 personas y heridas a otras 200, un Colectivo de Organizaciones Populares y Pueblos Originarios propone que se recuperen los objetivos de la rebelión popular, desde el territorio, los centros laborales y de estudio para construir un proyecto alejado del modelo de país en curso.
La nacionalización efectiva de los recursos naturales y de la minería, la industrialización como una respuesta a la falta de empleos y la distribución de tierras para acabar con el latifundio están entre los objetivos de la organización que agrupa a ciudadanos de El Alto, de las regiones mineras de occidente y del Chaco, donde se localizan los principales campos petroleros.
