Las sanciones de la Unión Europea (UE) contra Birmania podrían ser extendidas otro año debido a la falta de avances en materia de derechos humanos en ese país del sudeste asiático gobernado por un régimen militar.
Las sanciones incluyeron una prohibición a la importación de gemas, madera y metales preciosos.
Eslovenia, que actualmente preside la UE, espera que las sanciones sean renovadas por otros 12 meses.
El secretario de Estado para Asuntos Europeos de Eslovenia, Janez Lenarcic, dijo que también espera que el bloque exhorte formalmente a las autoridades birmanas a comenzar a planificar un "gobierno civil legítimo" y a liberar a prisioneros políticos, entre ellos la líder prodemocrática Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz.
[related_articles]
Pero algunas organizaciones no gubernamentales sostienen que no será suficiente sólo prolongar las sanciones. Human Rights Watch (HRW) urgió a reforzar las medidas ya existentes y a adoptar otras complementarias.
Aunque la UE congeló los bienes de los altos mandos militares birmanos, HRW sostiene que estas medidas financieras deberían ser más exhaustivas. En particular, quiere que se prohíba cualquier uso de registros de morosos o la realización de cualquier transacción financiera dentro de la jurisdicción de la UE por parte de miembros de la junta militar birmana.
La organización también quiere ampliar el espectro de objetivos para las sanciones. Actualmente, las exportaciones de petróleo y gas desde Birmania no son afectadas por las sanciones, como ocurre con los contratos firmados por el gigante energético francés Total, para explotar el yacimiento gasífero de Yadana, en el sur del país.
HRW sostiene que las sanciones deberían extenderse para cubrir a compañías que financien al ejército birmano, como la estatal Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE).
La directora de HRW en Bruselas, Lotte Leicht, señaló que las sanciones pueden influir en el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (SPDC) —nombre oficial con el que se autodesigna la junta militar birmana—, pero sólo si su postulación es controlada intensamente.
"Para avanzar hacia un efectivo régimen de sanciones contra Birmania se debe pensar en cosas pequeñas y que se adapten", sostuvo.
"Ir a los verdaderos perpetradores y los que se benefician con el gobierno militar, y poner como objetivo su capacidad para acceder a las redes financieras internacionales para esconder sus ganancias, comprar armas y otras herramientas de represión", añadió.
También subrayó la necesidad de tener información constantemente adaptada sobre los miembros del SPDC y las compañías controladas por los militares.
"La UE debe cooperar con otros estados que hayan adoptado sanciones, como Estados Unidos y Australia, para compartir información y coordinar las acciones. Hacer menos que esto convertiría a las sanciones en una herramienta vacía, y favorecería directamente al régimen militar, acostumbrado a recibir discursos duros pero medidas suaves como resultado de los divergentes enfoques de la comunidad internacional", indicó.
Los miembros del Parlamento Europeo también habían pedido sanciones más severas. Los planes de la junta birmana de realizar un referendo sobre un nuevo texto constitucional el mes próximo fueron criticados por los legisladores.
Brian Crowley, representante de Fianna Fáil, el mayor partido de Irlanda, sostuvo que el texto constitucional reserva un cuarto de todos los asientos en el parlamento birmano a los militares, y no permite la participación en los futuros comicios de Suu Kyi "por estar casada con un extranjero".
Hélène Flautre, del Partido Verde francés y quien preside el comité europarlamentario de derechos humanos, dijo que los esfuerzos para redactar una nueva constitución parecían inicialmente positivos, pero se "convirtieron en una estrategia maquiavélica".
