Unos 500 activistas americanos de movimientos y redes contrarias al libre comercio se reunieron en La Habana para buscar nuevos espacios de acción que no disperse esfuerzos, y denunciaron una tendencia a penalizar protestas sociales legítimas.
El VII Encuentro Hemisférico de Lucha contra los Tratados de Libre Comercio, que sesionó en La Habana desde el miércoles hasta el viernes, prevé como próximo paso la celebración de la Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas, del 13 al 16 de mayo en Perú.
Las dificultades puestas a la organización de ese encuentro —que sesionará de manera paralela a la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea— son los ejemplos más claros de la creciente tendencia a la "criminalización" de los movimientos sociales en la región, dijeron los activistas.
"Desde que salió la convocatoria —de la Red Birregional Europa, América Latina y el Caribe 'Enlazando Alternativas'—, hemos tenido que enfrentar todo tipo de obstáculos, incluidos los intentos por vincular a los organizadores con procesos terroristas en la región", dijo a IPS la peruana Rosa Guillén, integrante de la comisión organizadora de la Cumbre de los Pueblos.
Para contrarrestar "la ofensiva del gobierno peruano y exigir que se facilite el espacio para esta expresión democrática, buscamos el apoyo de líderes de opinión y presión europeos, se presionó a las embajadas de Perú en Europa y también se ejerció presión desde las embajadas europeas en Lima", explicó Guillén.
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Otro hecho notable de este proceso lo protagonizó la policía antiterrorista de Perú el 29 de febrero, cuando arrestó, en la frontera con Ecuador, a siete personas que regresaban al país luego de participar en el Segundo Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB) que se había realizado poco antes en Quito. Un juez dispuso mantenerlas en prisión e inició proceso contra ellas.
Además, se desmanteló el capítulo peruano de la CCB, un ámbito que reúne a partidos y movimientos de la izquierda radical de América Latina y dice tener entre sus miembros a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Pero el problema no es sólo en Perú, según los activistas. Esta conducta estatal se constata también en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Colombia y Haití, afirmó Gerardo Cerdas, representante del Grito de los Excluidos, al cierre de una reunión interna de la Campaña por la Desmilitarización de las Américas, celebrada en el marco del encuentro de La Habana.
"Se ha intensificado el trabajo de inteligencia norteamericana (estadounidense) en toda la región, combinado con estrategias tendientes a desarticular la justa resistencia popular frente al genocidio neoliberal", aseguró Cerdas y consideró que tanto este proceso como el crecimiento de la militarización no pueden verse "de forma aislada".
Según el activista, el crecimiento de los presupuestos militares y policiales, así como de la acción de las fuerzas militar y policial, coinciden con la expansión del neoliberalismo, que implica una mayor apropiación y explotación de la fuerza de trabajo, el agua, el bosque, la tierra, el petróleo y los minerales, entre otros recursos.
El neoliberalismo desalienta el papel del Estado en materia social y económica y considera que el libre mercado es el mejor instrumento para el crecimiento, la riqueza y el desarrollo.
En este camino, añadió Cerdas, "se recurre al desplazamiento o aniquilación de comunidades indígenas y campesinas completas, todo lo cual redunda en mayor miseria y en una agudización de los conflictos sociales".
"Se trata de un cóctel explosivo cuyas consecuencias son inimaginables, pero que con toda seguridad radicalizará más todavía la lucha popular, pues se está negando a decenas de miles de personas lo más elemental para su supervivencia", afirmó.
Además de analizar la estrategia neoliberal favorable a los acuerdos de libre comercio, el encuentro incluyó paneles sobre la deuda externa y los mecanismos financieros de dominación, las leyes antiterroristas, el ambiente y la defensa de los recursos naturales, los agrocombustibles y la soberanía alimentaria.
La cita en la capital cubana fue antecedida por dos días de reuniones internas de varias redes y campañas, como la Marcha Mundial de Mujeres y la IV Asamblea de los Pueblos del Caribe, que se realizará en Cuba en julio.
"Denunciamos el carácter patriarcal de la militarización, que asocia la virilidad a la agresión física y a la protección de las mujeres consideradas frágiles y a disposición de la voluntad de los hombres", afirmó el documento final de una reunión de organizaciones femeninas, divulgado el jueves.
Las 54 participantes de 14 países pidieron incorporar la perspectiva feminista para la creación de alternativas de integración, "no como un tema más, sino como estructural para los cambios necesarios al modelo" capitalista.
"El debate acerca de la institucionalidad de los procesos de integración tiene que incorporar no sólo la idea de transversalidad de género, sino la creación de mecanismos concretos para garantizar esa transversalidad en los temas y propuestas", asegura el texto.
La transversalidad implica incorporar una perspectiva de equidad entre hombres y mujeres a todas las políticas, en todos sus niveles y etapas.
Las participantes reclamaron incluir en los ejes de la integración el reconocimiento de "la autonomía de las mujeres sobre el cuerpo y la vida, que pasa por cuestionar la imposición de la maternidad, el patrón de familia, garantizar el derecho al aborto seguro, y el derecho a vivir sin violencia".
Los movimientos sociales representados en el encuentro de La Habana también apoyaron una propuesta de movilización a favor de la liberación de cinco cubanos presos en Estados Unidos, integrantes de una red de inteligencia que infiltraba organizaciones de exiliados en ese país con el fin de evitar ataques terroristas contra esta isla caribeña.
Entre las acciones contempladas para el 12 de septiembre, cuando se cumplirán 10 años del arresto de los cinco cubanos, figuran movilizaciones frente a las embajadas de Estados Unidos en todos los países de la región, envío de postales y mensajes de correo electrónico a las misiones diplomáticas en Washington y la creación de una comisión especial de la Alianza Social Continental.
En el encuentro también se resaltó el canal de concertación que puede significar en la región el Consejo de Movimientos Sociales de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), proyecto propuesto por Venezuela con apoyo de Bolivia, Cuba y Nicaragua.
"El Consejo de Movimientos Sociales del ALBA asume y fortalece la participación de los proyectos e iniciativas de esa alternativa e incluso propone programas de colaboración con aquellos países cuyos gobiernos no son miembros del ALBA", afirmó Joel Suárez, coordinador del no gubernamental Centro Martin Luther King Jr., de Cuba.
