Una veintena de organizaciones ambientalistas retiraron su apoyo a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, por considerar que ésta incumplió un acuerdo programático suscrito cuando era candidata. A ello se suman denuncias de persecución contra el movimiento ecologista.
Las 23 organizaciones no gubernamentales que a fines de 2005 habían firmado el "Acuerdo de Chagual" con Bachelet anunciaron el miércoles que ya no respaldarán su gestión como mandataria, porque su gobierno violó de forma flagrante el compromiso de no incluir la opción nuclear en la política energética nacional, dijeron.
Bachelet, de la centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia, asumió el 11 de marzo de 2006 y finalizará su gestión en igual fecha de 2010.
La ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, dijo el jueves que la mandataria cumplirá íntegramente el "Acuerdo de Chagual" y que sólo existe "una diferencia de interpretación" con los ambientalistas. También aseguró que "la puerta del gobierno siempre ha estado abierta para las organizaciones" del sector.
Los ecologistas "tienen el derecho a tomar las decisiones que les plazca. Pero este gobierno, como todos los de la Concertación, ha logrado o intenta lograr la ecuación inteligente entre la necesidad de desarrollo y crecimiento productivo y la preservación y sustentabilidad ambiental", reafirmó este viernes el portavoz de gobierno, Francisco Vidal.
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"Si los ecologistas creen que abandonando la Concertación y acercándose a la (oposición de) derecha van a tener sustentabilidad ambiental, que Dios los guarde o los pille confesados", agregó el vocero durante un encuentro con corresponsales de prensa extranjera.
El fin del pacto "no significa que se rompieron las relaciones con el gobierno. Evaluaremos caso a caso", explicó a IPS el presidente del no gubernamental Instituto de Ecología Política, Manuel Baquedano. "Pero yo avizoro un escenario de mayor conflictividad ambiental", recalcó.
El activista cree que en los próximos dos años se enfrentará "el deseo del Ejecutivo de aprobar rápidamente proyectos productivos, aunque tengan problemas ambientales" con la acción de grupos ecologistas y ciudadanos que buscan que las inversiones se evalúen de forma integral y que se rechacen aquellas que no son sustentables.
Hasta ahora "la conflictividad ambiental" era relativamente baja gracias al acuerdo suscrito "aunque los problemas eran mayores" que en años anteriores, aseguró Baquedano.
Este escenario probablemente cambiará, observaron líderes ambientalistas consultados por IPS, aunque todos plantearon que sus organizaciones seguirán trabajando con el gobierno en los proyectos que estimen necesarios.
Baquedano cree que la oposición ecologista se hará sentir principalmente en la contaminación atmosférica de Santiago, dado que los pronósticos para el invierno que se aproxima no son auspiciosos.
El "Acuerdo de Chagual" contemplaba 10 puntos tan diversos como la modernización de la institucionalidad ambiental y el compromiso de descartar la energía nuclear y de no autorizar los cultivos transgénicos comerciales (hoy sólo es posible multiplicar semillas para su exportación).
Los ambientalistas sólo reconocen avances claros en el primer ámbito, por empuje de la ministra Uriarte, dado que en junio el gobierno enviará al parlamento los proyectos de ley para crear el ministerio de medio ambiente y la superintendencia de fiscalización ambiental.
También se valora la elaboración de una estrategia nacional de gestión integrada de cuencas hidrográficas, que se encuentra en etapa piloto.
Pero los ecologistas no identifican ningún progreso en los otros compromisos suscritos por Bachelet, como el establecimiento de un "sistema de cuentas ambientales" y de dos "líneas de política fiscal tendientes a lograr sustentabilidad ambiental", así como la ampliación del fondo que apoya a los centros de estudio y organizaciones de la sociedad civil.
Tampoco hay señales del establecimiento de estudios de impacto ambiental para la reproducción de semillas modificadas genéticamente y de la protección de glaciares, aseguran.
El quiebre se gestó cuando el gobierno, presionado por la estrechez energética que atraviesa el país, anunció en marzo de 2007 que constituiría una comisión presidencial denominada "Grupo de Trabajo en Núcleo Electricidad" a la que destinó 100 millones de pesos (218.000 dólares) para estudios sobre el estado del arte en la materia.
Aunque algunas organizaciones ecologistas quisieron romper el pacto en ese momento, explicó Baquedano, se optó por aceptar las explicaciones de la mandataria, quien aseguró que durante su administración no se implementaría la energía nuclear sino que sólo se harían los estudios necesarios para que el próximo gobierno tomara una decisión al respecto.
El golpe final lo dio el propio ministro de Energía cuando anunció, el 27 de marzo, que se destinarán dos millones de dólares para evaluar la incorporación de la energía nuclear en la matriz eléctrica nacional. La ocasión elegida fue el seminario "Energía nuclear: una opción para Chile", auspiciado por empresas extranjeras y patrocinado por el Poder Ejecutivo.
La presidenta del no gubernamental Programa Chile Sustentable, Sara Larraín, explicó que con estas acciones el "gobierno iba en la dirección contraria a lo suscrito" en 2005.
A juicio de Baquedano, la presidenta cedió a la presión de personeros de la propia Concertación, como el ex presidente y actual senador Eduardo Frei Ruiz -Tagle (1994-2000), proclive a la energía nuclear, con lo que se terminó de sepultar el "gobierno ciudadano" que Bachelet prometió en su campaña electoral.
"El problema de fondo es que el proyecto de Bachelet de instaurar un 'gobierno ciudadano', en el que se inscribía el 'Acuerdo de Chagual', se esfumó. Quedó claro que la segunda mitad del gobierno es de los partidos políticos y que no hay espacio para los movimientos sociales", indicó.
Antes de dar por finalizado el pacto, líderes ambientalistas habían denunciado ser víctimas de vigilancia del aparato de inteligencia del Estado, con la finalidad amedrentarlos y frenar su oposición a proyectos de inversión emblemáticos.
Según esas denuncias, agentes policiales los siguen y se infiltran en sus actividades, sus teléfonos son intervenidos y sospechan de los robos de computadores que en los últimos años han sufrido algunas organizaciones.
Ante una consulta de IPS, el portavoz de Bachelet desestimó estas denuncias señalando irónicamente que "yo los recomiendo (a los ambientalistas) irse a un bosque tranquilos. Estamos en democracia, a lo mejor alguno se quedó pegado (en la represiva dictadura de Augusto) Pinochet (1973-1990)".
Pero el propio subsecretario del Interior, Felipe Harboe, declaró recientemente que es necesario aumentar el control de las organizaciones ecologistas, particularmente su financiamiento, lo que encolerizó a los líderes del sector, que dicen cumplir estrictamente con la ley.
Harboe también cuestionó la situación migratoria del millonario estadounidense Douglas Tompkins en Chile, quien financia a algunas organizaciones ambientalistas y ha comprado vastos terrenos en el sur del país con fines de conservación.
Tompkins sólo tiene visa de turista, pese a que lleva varios años viviendo en Chile, si bien pasa mucho tiempo viajando por sus negocios, según ha dicho.
En caso de que el Ministerio del Interior siga con "sus declaraciones de carácter intimidatorio" los ecologistas no descartan recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indicó Larraín.
"Desde (Fundación) Terram pensamos que el incumplimiento del gobierno en materia ambiental va más allá de los puntos pactados en Chagual", dijo a IPS su directora ejecutiva, Flavia Liberona.
El gobierno no es capaz de responder a las problemáticas socio-ambientales del país por la inexistencia de una política ambiental explícita, concluyó.
