Luego de cuatro golpes militares desde 1960, otro gobierno surgido de elecciones corre el riesgo de ser derrocado en Turquía, aunque esta vez por la justicia.
El fiscal general, Abdurrahman Yalcinkaya, ha pedido al Tribunal Constitucional que proscriba al oficialista Partido Justicia y Desarrollo (AKP), islamista, y que inhabilite para el ejercicio de la actividad política por cinco años al presidente Abdullah Gul, el primer ministro Recep Tayyip Erdogan y a otros 69 dirigentes de la agrupación.
Algunos analistas consideran que se trata de un intento de dar "un golpe judicial" en una "república de jueces".
El fiscal acusa al AKP y a sus dirigentes de intentar reemplazar al Estado secular, que tiene una tradición de 85 años, por uno de tipo confesional. El oficialismo niega que esa sea su intención.
La actitud de Yalcinkaya sacudió al país y levantó un coro de críticas, no sólo en Turquía sino en el exterior.
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"¿No sería más fácil prohibir la democracia?", escribió el columnista Taha Akyol en el diario Milliyet. El holandés Joost Lagendijk, presidente de la comisión del Parlamento Europeo encargada de las relaciones con Turquía calificó a la acción del fiscal general de "incomprensible".
El pedido de Yalcinkaya se produjo días después de que el Tribunal Constitucional aceptó analizar si el levantamiento de la prohibición de usar el tradicional velo islámico en la universidad, auspiciado por el AKP y aprobado por el Parlamento el mes pasado, viola el artículo de la Constitución que señala como inmodificable el carácter secular de la república.
Según el fiscal, el AKP es "un semillero de actividades antiseculares", dispuesto a introducir la Sharia (ley islámica) usando a la democracia como herramienta y, en caso de fracasar, recurrir a la Jihad (guerra santa) para alcanzar sus objetivos.
Entre los cargos incluidos en la acusación, basada en declaraciones públicas y medidas adoptadas desde 1981 hasta la actualidad, Yalcinkaya mencionó la separación por género en algunos lugares públicos, intentos de restringir la venta de bebidas alcohólicas, y permitir el uso del velo en un hospital a pesar de la prohibición.
Según el fiscal, algunos dirigentes del AKP están "actuando como imanes" (máximos clérigos musulmanes) y que los islamistas se "infiltran" en la estructura del Estado.
Contradiciendo declaraciones de Erdogan respecto de que había modificado algunos de sus puntos de vista islamistas del pasado, Yalcinkaya incluye en la acusación una declaración del primer ministro en la que afirmó: "No cambiaré, no puedo hacerlo".
También asegura que Erdogan, cuando se desempeñó como alcalde de Estambul, fue el imán de la capital. Incluye otra cita, según la cual "la soberanía no pertenece al pueblo, sino a Dios. El secularismo puede dejarse de lado si el pueblo lo desea".
Erdogan, quien estuvo cuatro meses en prisión por incitar al odio racial a causa de un poema islámico que leyó en público, negó los cargos de antisecularismo. "Esto constituye un ataque a la voluntad nacional", afirmó.
Desde su primer éxito electoral en 2002, el AKP ha incrementado sistemáticamente su presencia parlamentaria: ahora cuenta con 340 de los 550 escaños que componen la legislatura, lo que le permite aprobar todas las leyes que sólo requieran una mayoría simple.
El partido también ganó la presidencia en las elecciones del año pasado, a pesar de las objeciones de los militares, de fuerte tradición secular. Hasta el momento se han mantenido en silencio, aunque es conocida su posición favorable a intervenir para proteger el orden secular.
Esto deja a los magistrados y los académicos, designados por los gobiernos seculares anteriores, como efectivos oponentes al supuesto intento de introducir valores religiosos en la sociedad. Pero las vacantes que se produzcan en el futuro en los tribunales y la dirección de las universidades serán cubiertas por el presidente Gul.
El abogado Koray Argun dijo a IPS que el caso presentado por el fiscal "es fuerte y está bien documentado. Con su actual configuración, el Tribunal Constitucional podría desplazar al gobierno. Eso sería menos probable en el futuro, cuando cambie su composición".
Ocho de los 11 miembros fueron designados por el ex presidente Ahmet Necdet Sezer (2000-2007), acérrimo secularista que durante su mandato frecuentemente vetó leyes aprobadas por el AKP. Se requiere el voto de siete jueces para que el Tribunal considere el caso, que podría extenderse durante meses.
Argun considera que si el AKP resulta proscrito se creará uno nuevo en su lugar, como ocurrió en el pasado, cuando otras dos agrupaciones islamistas fueron declaradas ilegales por ser antiseculares. El nuevo partido podría continuar funcionando con sus legisladores en el Parlamento y formar gobierno, aunque sin la participación de los dirigentes inhabilitados, como Erdogan.
Gul podría continuar ejerciendo la presidencia, ya que goza de inmunidad durante el período de su mandato.
Turquía tiene el mayor "cementerio de partidos políticos" del mundo. Desde 1963, han sido proscritos 24, acusados de antisecularismo, ideología extremista o fomentar el separatismo.
