A Ucrania le molesta uno de los legados que le dejó la Unión Soviética tras la independencia: la base militar de Rusia que quedó en su territorio, sobre el mar Negro, y que sigue allí en momentos en que Kiev procura incorporarse a la OTAN.
La flota rusa del mar Negro tiene su base principal en la meridional ciudad de Sebastopol, en la ucraniana República Autónoma de Crimea.
Muchos defensores del ingreso a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) ven en la presencia rusa un obstáculo grave a su ingreso a la alianza, una de las prioridades de política exterior de las elites prooccidentales que dominan el gobierno desde el año pasado.
Ucrania declaró su independencia de la hoy disuelta Unión Soviética en 1992, y gran parte de la infraestructura y el personal de la flota en el mar Negro quedó bajo su jurisdicción. Pero de inmediato surgió un conflicto: muchos oficiales manifestaron que su lealtad era con Rusia.
Moscú y Kiev decidieron firmar un tratado que creó un comando conjunto para la flota. Pero el poder terminó quedando en manos rusas.
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En 1997, el Tratado de Partición permitió dividir la flota en dos y distribuir la infraestructura y el armamento en partes igual, pero Ucrania cedió a los rusos el usufructo de gran parte de su base.
El acuerdo admite la presencia militar rusa hasta 2017, y funcionarios del actual gobierno ucraniano aseguraron que luego de esa fecha no se renovará el acuerdo.
Kiev suele acusar a Moscú de obstruccionismo, pues muchas de las instalaciones que usufructúan sus fuerzas no están incluidas en el acuerdo 1997. Por lo tanto, advierten, el tratado debe actualizarse.
Los motivos de tensión entre ambos países se concentran en detalles del acuerdo de usufructo, en especial en la ocupación de faros por el ejército ruso, la cual, según los ucranianos, es ilegal.
Kiev considera que los militares rusos no permiten que los ucranianos realicen inspecciones legítimas del armamento de la flota, que violan normas ambientales y que subarriendan instalaciones en contravención con el convenio de 1997.
Tribunales ucranianos ordenaron a Rusia en varias ocasiones devolver la propiedad en disputa, pero Moscú ignora los dictámenes porque, según dice, el acuerdo establece que los conflictos deben decidirse en un ámbito multilateral y de acuerdo con el derecho internacional.
Kíev reclama con insistencia un inventario de parcelas e inmuebles utilizados por la flota rusa, a lo que Moscú accedió, pero no hubo avances en términos prácticos.
Además, el presidente ucraniano Viktor Yushchenko señaló que el alquiler, estimado en unos 100 millones de dólares al año, que se deduce de la deuda que Ucrania tiene con Rusia por suministro de energía, es inferior al valor del mercado y debe aumentar.
Moscú se niega sistemáticamente a revisar los términos del acuerdo, pero aun así la prensa ucraniana especula que Kiev quiere duplicar el monto del alquiler, en especial si una futura inspección revela que la flota rusa utiliza instalaciones no previstas por el acuerdo de 1997.
Rusos y dirigentes políticos opositores ucranianos suelen mencionar los beneficios económicos que la flota rusa da a Sebastopol y sus alrededores al brindar trabajo a unas 25.000 personas.
El gobierno ruso, además, contribuyó con la construcción de miles de edificios y de una rama de la Universidad Estatal de Moscú en el mar Negro, entre otras instituciones educativas.
El conflicto tiene aristas políticas pero también simbólicas.
Muchos ciudadanos y políticos ucranianos consideran la presencia de banderas y otros símbolos rusos en Sebastopol como una falta de respeto a la soberanía del país, lo que motiva protestas periódicas de los nacionalistas en contra de la flota militar rusa.
"Crimea presenta una situación única en todo el territorio ucraniano. Es la única región con mayoría rusa", dijo a IPS Valeriy Chaly, subdirector general del Centro Razumkov de Estudios Políticos y Económicos, con sede en Kiev.
"La flota militar rusa desempeña un papel político, más que militar. Se trata de un mecanismo de influencia" que permite proteger a "los ciudadanos rusos en Crimea y tener influencia en asuntos sociales de Sebastopol", explicó Chaly.
Más allá del recelo, expertos en defensa sostienen que la cooperación militar y técnica entre ambos países es fructífera, en especial en el sector aeroespacial, y muchas compañías de la industria militar tienen lazos de producción con la otra parte.
Pero la presencia de políticos prooccidentales en el gobierno de Ucrania siempre lleva a reclamos para que los rusos comiencen a preparar de inmediato su retiro en 2017.
Por su parte, los que promueven vínculos más estrechos con Rusia insisten en que el asunto debe ser tratado por el gobierno de 2017, y coinciden con Moscú en que es demasiado pronto para tomar decisiones.
En la última reunión bilateral, ambas partes estuvieron de acuerdo en que no debía politizarse más el asunto.
"La mayoría de los principales partidos políticos coinciden en que Ucrania debe implementar el acuerdo con Rusia y luego prepararse para el retiro, pero difieren en cómo avanzar hacia esa decisión", dijo Chaly a IPS.
Consciente de la necesidad de construir una base militar alternativa a la de Sebastopol, Rusia informó que terminará la construcción de una nueva en el puerto ruso de Novorossiysk, sobre el mar Negro, para 2012, aunque deja abierta la posibilidad de permanecer en Crimea si Ucrania se lo permite.
La flota rusa opera en el mar Mediterráneo y el mar Negro desde fines del siglo XVIII y tiene un gran valor simbólico en la historia y la política de Rusia.
