Legisladores oficialistas de Perú proponen dar al Poder Ejecutivo facultades para intervenir los gobiernos regionales cuando éstos adopten medidas que atenten contra la integridad territorial o contra decisiones de la administración central.
"Ningún presidente regional ha planteado el desorden en el país o la desintegración del territorio para que quieran intervenirnos. Como autoridades esperamos un mejor trato", dijo a IPS el coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Yehude Simón, presidente (gobernador) de la región norteña de Lambayeque.
Este martes, Simón se reunirá con el presidente del Congreso legislativo, Luis Gonzales Posada, miembro del gobernante Partido Aprista Peruano que justifica la iniciativa en que algunas regiones han dictado ordenanzas que van más allá de la Constitución y desconocen las normas nacionales.
Son permanentes los conflictos entre las autoridades regionales y el gobierno central por políticas en el sector de la educación, la actividad minera y la lucha contra las drogas.
Precisamente, el gobierno regional del sureño Puno aprobó una ordenanza que declara la coca patrimonio cultural, lo cual, a juicio de Lima, abre la puerta para justificar el cultivo indiscriminado de ese vegetal que es materia prima de la cocaína.
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Para el partido de gobierno, esa ordenanza contraviene la decisión del Poder Ejecutivo de reducir 8.000 hectáreas por año de las plantaciones de coca que, según estudios gubernamentales, se destinan en 90 por ciento al narcotráfico.
Pero el titular de Puno, Hernán Fuentes, respondió con sus propias cifras y aseguró que la norma protege un cultivo consumido tradicionalmente por 95 por ciento de los pobladores de su jurisdicción.
La ordenanza ha sido rechazada por el propio presidente Alan García, al punto de que el Consejo de Ministros aprobó presentar una demanda contra ella ante el Tribunal Constitucional que, según el primer ministro Jorge del Castillo, ya está preparada.
La iniciativa aprista, elaborada por el legislador José Vargas, aparece luego de que Del Castillo y el director ejecutivo del Pacto Social, Víctor García Toma, señalaran la posibilidad de "intervenir" las regiones en casos extremos como el de Puno.
El Pacto Social es un ámbito de diálogo entre empresarios, trabajadores, organizaciones sociales y gobiernos regionales, instituido por García para alcanzar acuerdos en materia de competitividad y empleo.
Según el oficialismo, el proyecto facultaría al Poder Ejecutivo a intervenir cuando la administración regional atente contra la unidad, integridad o soberanía del Estado y su territorio, desconozca a las autoridades electas democráticamente o desacate la normatividad nacional y cuando ocurran graves circunstancias políticas o sociales que originen ingobernabilidad.
"Perú es un Estado unitario con normas que rigen para todo el país, y los gobiernos regionales no pueden dar normas que vayan más allá de las leyes nacionales", señala el texto del proyecto.
"Esto no significa violar la autonomía de las regiones, de lo que se trata es sancionar la autarquía cuando se quiere atentar contra la estructura del Estado y la unidad del país", aseguró a IPS el legislador Vargas, quien reveló su intención de plantear esta semana el debate del proyecto dentro del bloque aprista.
Para el especialista de la no gubernamental Propuesta Ciudadana, Javier Azpur, "el gobierno intenta implementar políticas nacionales de manera autoritaria, cuando el proceso de descentralización debería permitir la apertura al diálogo y la búsqueda de consensos para contribuir a la solución de los problemas".
"No entiendo cómo pretende el Ejecutivo combatir la pobreza, la desnutrición infantil, entre otros problemas que padecen las regiones, si permanece en esta actitud de enfrentamiento con sus autoridades", dijo Azpur a IPS.
El 28 de este mes, García se reunirá con los presidentes regionales, que expondrán su total rechazo al proyecto aprista, entre otros aspectos de la agenda regional, como la descentralización fiscal y el sistema nacional de inversiones, dijo Simón.
La iniciativa legal podría violar la Constitución, que establece la autonomía de los gobiernos regionales en el marco del proceso de descentralización.
"Para que la propuesta prospere tendría que cambiarse la Constitución y no creo que el partido de gobierno deba insistir en esto. Tendrá que dar marcha atrás", consideró Azpur.
Algunos parlamentarios oficialistas, principalmente del interior del país, consideran inviable el proyecto porque ya existen mecanismos legales para solucionar controversias entre una autoridad regional y una política nacional.
"Las normas adecuadas están establecidas. La prueba es que el Ejecutivo va a presentar una demanda contra la norma de Puno. ¿Para qué apelar a otras leyes?", dijo a IPS el legislador de la región norteña de Piura, José Carrasco Távara.
La mayoría de los presidentes regionales ven en esto una estrategia del gobierno para debilitarlos. "Está actuando políticamente y en algunos casos por venganza. Quieren amedrentarnos y hostigarnos", dijo IPS el puneño Fuentes.
Uno de los enfrentamientos entre las administraciones regionales y el presidente estalló cuando el gobierno ordenó que sólo tuvieran oportunidad de ser contratadas las maestras y maestros que obtuvieron las mejores calificaciones en sus centros de formación, una medida conocida como del "tercio superior".
En medio de esta disputa, el ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que denunciaría a los presidentes regionales que desobedecieran la directiva, considerada discriminatoria por sus críticos porque el criterio del tercio superior no debería ser exclusivo para garantizar la calidad quien imparte enseñanza.
El año pasado, autoridades regionales respaldaron protestas por un reparto más equitativo de los recursos recaudados por el Estado, principalmente de la actividad minera.
En respuesta, en julio de 2007 el Poder Ejecutivo dispuso la inhabilitación de funcionarios públicos que tomaran parte en huelgas, en un paquete de 11 decretos aprobados en el marco de las facultades otorgadas al Ejecutivo por el Congreso para enfrentar el crimen organizado.
Pero la estatal Defensoría del Pueblo consideró que 37 por ciento de las modificaciones contenidas en esas normas excedían las atribuciones otorgadas.
"Con una actitud de enfrentamiento no se puede construir políticas nacionales. El partido de gobierno debe dejar de distraer con esas iniciativas legales que le hacen daño al país", reflexionó Azpur.
