La polémica sobre el periodismo en Venezuela arropó las denuncias de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), integrada por propietarios de periódicos, sobre lo que entiende estancamiento de la libertad de información en el hemisferio.
"No podemos decir que hay deterioro porque en la reunión de Miami, hace seis meses, hubo más denuncias sobre tensiones y asesinatos en la región", dijo a periodistas el guatemalteco Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP.
Pero "tampoco se puede decir que la situación ha mejorado, simplemente los peligros persisten", aclaró Marroquín al repasar, en su informe final, que durante el semestre fueron asesinados tres periodistas en México, uno en Argentina y otro en Honduras, en tanto decenas padecieron amenazas, ataques o prisión en Colombia, Cuba y Perú.
Los asesinados son Juan Carlos Zambrano, del Canal 7 en la septentrional provincia argentina de Jujuy, Carlos Salgado, de Radio Cadena Voces de Honduras, y los mexicanos Bonifacio Cruz y su hijo Alfonso, del semanario El Real, y Gerardo García, de La Opinión de Uruapan, en el estado de Michoacán.
Pero las resoluciones de condena por estos hechos apenas consumieron minutos y unas pocas líneas en comparación con las horas y páginas de polémica sobre el país anfitrión de esta reunión semestral de la SIP, en la que participaron unas 300 personas. "A pesar del acoso por parte del gobierno venezolano, de su negativa a inaugurar el evento y de las demostraciones antagónicas fuera del hotel, la reunión se llevó a cabo exitosamente", destacó el informe final de la conferencia de editores. La referencia a las manifestaciones fue a las decenas de partidarios del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que expresaron repudio a la SIP a las puertas de su convención.
También el parlamento venezolano consideró no grata la presencia de la dirección y representantes de la SIP en el país y el gremio de editores sostuvo que el gobierno influenció a algunos hoteles para que rehusaran albergar su conferencia, finalmente reunida en un lujoso hotel de Caracas.
Días antes de la reunión de la SIP se anunció un "Encuentro Latinoamericano sobre Terrorismo Mediático", con una docena de periodistas y comentaristas de varios países de la región y otro tanto de Venezuela, todos simpatizantes del proyecto político que dirige Chávez.
El foro sobre "terrorismo mediático" deliberó en paralelo a la reunión de la SIP y recogió opiniones sobre campañas de prensa contrarias a gobiernos como los de Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Cristina Fernández en Argentina.
"Nuestro foro no se convocó como anti-SIP aunque es imposible no serlo, si en la SIP están representados quienes promueven el terrorismo mediático", comentó a IPS Freddy Fernández, de la gubernamental Agencia Bolivariana de Noticias. "Pero esta es una reunión de periodistas y aquella de propietarios de medios", agregó.
El encuentro sobre "terrorismo mediático" acogió propuestas como la de Eleazar Díaz Rangel, director del tabloide caraqueño Últimas Noticias, de pedir a gobiernos de la región que exijan a la Organización de Estados Americanos investigar la conducta sesgada de los medios privados ante gobiernos y procesos electorales.
En su opinión, líderes como Néstor Kirchner, ex presidente de Argentina (2003-2007), y los actuales mandatarios Chávez, Evo Morales, de Bolivia, Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, Rafael Correa, de Ecuador, y Daniel Ortega, de Nicaragua han sido afectados desde antes de ser elegidos por campañas sostenidas por medios alineados con tendencias políticas de derecha.
La SIP, por su parte, criticó a Paraguay "por el mayor número de ataques verbales en contra de los medios", así como "acciones para minar la credibilidad de la prensa en Argentina, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Uruguay y Venezuela".
Los gobiernos de Argentina, Guyana, México, Nicaragua y Venezuela fueron señalados de castigar a periódicos que "mostraron opiniones críticas, reteniéndoles indebidamente la publicidad oficial".
Respecto de Venezuela, "la reunión de la SIP resuelve condenar las violaciones por parte del gobierno de Chávez a los derechos humanos de los periodistas, trabajadores de los medios de comunicación, y las constantes amenazas intimidantes y atropellos contra la prensa, la radio y la televisión independientes", indicó la sociedad.
El gobierno de Chávez (se discutió incluso calificarlo como "régimen") "utiliza el control de cambios impuesto en Venezuela para limitar la oportuna aprobación y otorgamiento de divisas para la importación de papel para la prensa", asentó la SIP.
La resolución de la SIP "es un manifiesto de la oposición venezolana", declaró Marcos Hernández, presidente del grupo pro-oficialista Periodistas por la Verdad. "Dice que viola los derechos humanos de los periodistas, cuando la verdad es que no hay ni uno solo preso o perseguido por su ejercicio profesional", dijo Hernández a IPS.
Varios periodistas venezolanos, adversarios del gobierno, se encuentran encarcelados, sometidos a procesos judiciales o autoexiliados al imputárseles delitos que van desde presunta autoría intelectual de homicidios hasta prácticas de soborno.
Hernández sostuvo que sólo un diario del sudeste venezolano, Correo del Caroní, propiedad de David Natera, presidente del empresarial Bloque de Prensa, cerró durante varios días por falta de papel "producto de su relación con la empresa proveedora, pero ese problema comercial se subsanó y reapareció el periódico".
El debate sobre la cuestión venezolana opacó en esta cita de la SIP no sólo sus consuetudinarias críticas a Cuba, "donde la transferencia de poder, de Fidel Castro a su hermano Raúl, no afectó la situación de los 25 periodistas que permanecen en la cárcel en ese país", sino los reconocimientos a los cambios positivos en la región.
"En el aspecto legal, hay mejoras que permiten el acceso del público a la información oficial. Nicaragua y Honduras han emitido reglamentos, Chile está estudiando medidas similares y en Guatemala un decreto abrió para el público información militar clasificada", fue una de las conclusiones de la SIP.
También saludó que el presidente ecuatoriano Correa declarase inconstitucional la colegiación obligatoria de los periodistas y que en Brasil un tribunal despenalizase los delitos contra el honor al declarar inconstitucional varios artículos de la ley de prensa. Al no poder escapar la SIP de la polarización política que vive Venezuela desde hace 10 años, Marroquín comentó que "el problema de los venezolanos deben resolverlo los venezolanos. Esperamos que haya conciencia en la opinión pública de que la libertad de expresión no es algo que les pertenece a los periodistas, sino a todo el pueblo".
