Tres meses después del llamado de la Asamblea General de la ONU a la moratoria de las ejecuciones, cientos de condenados a muerte continúan viviendo con la soga al cuello en Nigeria. Activistas de derechos humanos acusan al gobierno de inercia.
"No veo que las autoridades sigan las recomendaciones de la ONU" (Organización de las Naciones Unidas), dijo a IPS Demian Ugwu, de la no gubernamental Organización de Libertades Civiles, con sede en Lagos, capital económica de Nigeria.
"Los nigerianos apoyan en general la pena de muerte por la alta criminalidad", señaló. El gobierno puede exhibir el estado de la opinión pública para justificar ante la comunidad internacional su inacción ante el llamado a la moratoria, explicó Ugwu.
Según la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, hay en el "corredor de la muerte" nigeriano 784 detenidos en celdas "diminutas, oscuras y sucias".
Tres de cada cuatro son sospechosos de robo a mano armada y los restantes aguardan ser juzgados por asesinato. Entre ellos hay ancianos, enfermos mentales e incluso madres jóvenes.
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El gobierno anunció en mayo de 2007 que otorgaría una amnistía a todos los condenados a muerte mayores de 70 años de edad y a quienes tuvieran al menos 60 y hubieran pasado 10 o más aguardando la ejecución.
Pero a Amnistía no le consta que alguno de ellos haya sido liberado.
Activistas de derechos humanos también acusan al gobierno de romper su promesa de respetar una moratoria de hecho, pues, aseguran, llevó a cabo ejecuciones secretas.
Ugwu afirmó que las hubo el año pasado en el septentrional estado de Kano, y dos años atrás en el suroriental de Enugu. "Las autoridades nos cierran el camino a esa información. Dicen que ya no aplican la pena de muerte pero sabemos que esas ejecuciones se realizaron", dijo.
En 2007, Amnistía dijo contar con evidencia de siete ejecuciones en los últimos dos años, aunque podrían haber sido más. Las condenas fueron avaladas por el gobernador de Kano, Malam Ibrahim Shekarau, indicó la organización.
El abolicionista Olawale Fapohunda, miembro del no gubernamental Consorcio de Recursos Legales, no pudo confirmar las denuncias de Amnistía al respecto.
Aunque la Corte Suprema de Justicia de Nigeria declaró constitucional la pena de muerte, muchos gobernadores estatales cumplen una moratoria de hecho "porque creen que algunos de los condenados podrían ser inocentes", dijo Fapohunda a IPS.
Algunos detenidos carecen de abogado, lo eleva el riesgo de condena a inocentes, agregó.
La falta de asistencia legal para los pobres también fue resaltado por Amnistía. Ochenta por ciento de los 25.000 acusados con juicio pendiente carecen de ella.
El Consejo de Ayuda Legal, órgano estatal a cargo de brindar defensoría a quienes no pueden pagarla, cuenta con un presupuesto escaso y con apenas un centenar de abogados.
La falta de representación legal determina que muchos detenidos deban esperar años para que sus casos lleguen a juicio.
El riesgo de condena a muerte de inocentes llevó a la Comisión Presidencial para la Reforma de la Administración de Justicia a reclamar en mayo de 2007 una moratoria oficial de las ejecuciones "hasta que el sistema asegure la equidad y el debido proceso".
Fapohunda considera fundamental que los activistas mantengan la presión para que la abolición de la pena de muerte se mantenga en la agenda pública.
Ugwu cree que Nigeria finalmente hará algo. "No tenemos otra opción más que unirnos al resto del mundo y dejar de lado la pena de muerte en un futuro cercano", pronosticó.
Sin embargo, Amnistía es cauta sobre la situación de quienes ya se encuentran detenidos, incluidos los condenados a muerte.
"La realidad es que los presos tienen pocas posibilidades de que sus derechos sean respetados. Los que no tienen dinero, menos todavía", advirtió la organización.
