Legisladores de Japón contrarios a la pena de muerte hicieron un llamado internacional a fin de presionar a su gobierno para que termine con las ejecuciones.
"Las condenas a muerte aumentaron rápidamente en los últimos dos años", apuntó. El número de ejecuciones también es alto. En diciembre de 2007 fue llevada al patíbulo una persona de 75 años.
"Mi país está a la deriva y me da vergüenza", dijo Hosaka visiblemente enojado.
La Corte Suprema de Justicia confirmó en 2007 al menos 23 condenas a la pena máxima, la mayor cantidad desde 1962, según la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, con sede en Londres.
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A fines del año pasado había 106 presos en el pabellón de los sentenciados a muerte, la mayor cantidad desde 1980, y se realizaron nueve ejecuciones, superando la cifra de 1980.
Japón es indiferente a las condenas de Amnistía y del Consejo de Europa, señaló Hosaka.
La resolución no vinculante aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 18 de diciembre de 2007, que pide una moratoria de las ejecuciones no tuvo, al parecer, gran efecto sobre los japoneses.
En su afán por detener los ahorcamientos, Hosaka, junto a un grupo de legisladores de varios partidos reunidos en la Liga Parlamentaria para la Abolición de la Pena de Muerte, redactó un proyecto de ley que prevé una moratoria.
El plan propone una suspensión de las ejecuciones por cuatro años, como un paso hacia la abolición, explicó Hosaka.
También establece nuevos castigos para la mayoría de los delitos graves y cadena perpetua sin libertad condicional, añadió. Con el sistema actual, los condenados pueden aspirar a salir de prisión después de pasar sólo 10 años en la cárcel.
El proyecto además prevé la creación de comisiones parlamentarias especiales en ambas cámaras legislativas a fin de investigar el funcionamiento del sistema judicial vinculado con la pena de muerte.
Hosaka reconoció que las posibilidades de que el proyecto sea aprobado son escasas.
"Hace dos años teníamos 120 legisladores contrarios a la pena de muerte. Hoy esa cifra disminuyó a 72. El máximo castigo es un tema tabú en el parlamento. Los legisladores saben que si respaldan la abolición pierden apoyo e, incluso, pueden llegar a perder sus puestos", indicó.
"Tampoco tenemos apoyo de la población. Hay que abrirles los ojos a los japoneses, pero el asunto no es objeto de debate en la prensa", añadió.
Hay un aumento sostenido del respaldo a la pena de muerte, confirmó el capítulo japonés de Amnistía Internacional, contrariamente a la tendencia en muchos otros países.
Más de 80 por ciento de los encuestados para un último estudio al respecto se mostraron a favor de mantener ese castigo extremo.
Hosaka señaló a un hombre como el responsable del aumento de la cantidad de ejecuciones: el ministro de Justicia Kunio Hatoyama, acérrimo defensor de la pena capital.
Hatoyama "declaró que las ejecuciones deben realizarse en forma sistemática, como si fuera cinta transportadora", indicó Hosaka.
El ministro de Justicia ya firmó seis órdenes de ejecución desde que asumió el cargo en septiembre de 2007.
Pero Hatoyama introdujo un cambio positivo, que fue divulgar los nombres de las personas ejecutadas, un quiebre con la tradición de mantenerlos en secreto.
Hatoyama, que recibió una lluvia de críticas por sus comentarios acerca de realizar ejecuciones "sistemáticas", fue precedido por Jinen Nagase. Éste fue más cauto en los 11 meses que permaneció en el cargo, pero firmó 10 órdenes de ejecución.
"Los japoneses están entre los pueblos más dulces", escribió Nagase en una columna publicada por Asahi Shimbun en diciembre de 2007.
"Tenemos una cultura que protege a su sociedad mediante el respeto del otro. Algunos piensan que los japoneses no tienen conciencia los derechos humanos y son crueles, pero estoy totalmente en desacuerdo", prosiguió.
Esa concepción del asunto es común en Japón, dijo a IPS Andrew Horvat, profesor invitado de la Universidad Keizai de Tokio y ex presidente de Asia Foundation.
"La mayoría de las familias de las víctimas reclaman justicia. Uno suele escuchar madres y padres afligidos enojados con los jueces por no haber condenado a la horca a los asesinos de sus hijos o hijas. La idea de que el sistema puede equivocarse y ejecutar a inocentes no convenció a la mayoría de los japoneses", indicó Horvat.
Estos tampoco consideran la posibilidad de que los delincuentes peligrosos puedan reformarse, según Noguchi Yoshikuni, ex guardia de prisión, devenido en abogado que ahora hace campaña para facilitar el acceso a las cárceles.
"Las personas pueden cambiar y se pueden reformar, en especial las que fueron criadas sin afectos", dijo Yoshikuni a IPS. "Yo lo vi. Si usted habla con los prisioneros, se dará cuenta de que no son tan malos como cree la gente".
La población no deduce de las estadísticas oficiales que la pena de muerte no es un instrumento efectivo para disuadir los delitos más graves, indicó.
"La creencia popular de que ahorcando delincuentes los delitos disminuyen es falsa", subrayó.
Japón, con 127 millones de habitantes, tiene una cantidad relativamente baja de homicidios en comparación con otros países que recurren a la pena de muerte con asiduidad.
En 2005 hubo 1.391 homicidios, casi cinco veces los registrados en Estados Unidos, según activistas de derechos humanos.
Hosaka tiene esperanzas de que el proyecto de moratoria se discuta en la actual sesión parlamentaria, pero eso aún está por verse.
