El gobierno, organizaciones humanitarias y activistas de Ecuador aseguran que los mexicanos que cayeron bajo fuego colombiano en un campamento de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) eran estudiantes bienintencionados.
Las autoridades de México, en cambio, los investigan por presuntos vínculos con el "crimen organizado".
Según el procurador general (fiscal) de México, Eduardo Medina, las FARC son una organización de narcotraficantes.
"Es una lástima que el gobierno de México no esté en estos momentos más cerca de las víctimas", dijo a IPS Juan Cajas, portavoz en Ecuador de la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB).
Los mexicanos asistieron al II Congreso de la CCB, realizado en Quito entre el 24 y el 28 de febrero, con presencia de unas 400 personas de varios países de América Latina.
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Poco después se trasladaron a una zona fronteriza con Colombia, donde encontraron la muerte el 1 de este mes, cuando fuerzas colombianas ingresaron a territorio ecuatoriano para atacar un campamento de las FARC.
Personal del Ministerio de Relaciones de Exteriores de México se encuentra en la capital ecuatoriana para dar asistencia consular a los familiares de los cuatro muertos y una herida en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas.
El ataque, que provocó una grave crisis en la región andina, causó la muerte de 25 personas, entre ellas "Raúl Reyes", portavoz internacional de las FARC.
Familiares de Lucía Andrea Morett, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) herida en ese ataque, denunciaron que los enviados del gobierno mexicano no le han brindado el apoyo esperado.
Tal actitud es muy diferente a la calidez mostrada por las organizaciones de derechos humanos ecuatorianas y el gobierno del presidente Rafael Correa, dijeron.
Pero Juan de Dios Parra, secretario general de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu), con sede en Quito, negó que la delegación de México haya tenido una actitud negativa.
"Sé que la diplomacia de México ha brindado todo tipo de asistencia a las familias de las víctimas y a la joven que sobrevivió", dijo Parra a IPS en entrevista telefónica desde Quito.
A raíz de la muerte de los cuatro mexicanos a los que considera civiles, Aldhu presentó ante autoridades ecuatorianas una denuncia contra Colombia por lo que llamó "masacre cometida con alevosía".
"Fue una masacre porque quienes atacaron eran parte de una fuerza extranjera violando la integridad territorial de otro país, la soberanía de Ecuador". Además, era de noche y tenían muchas ventajas operativas cuando realizaron el ataque, apuntó.
Para Aldhu, os mexicanos fueron víctimas de una acción de "terrorismo" de las fuerzas colombianas.
El derecho internacional humanitario establece que los ataques a la población civil son crímenes de guerra.
Una semana atrás, el ministro de Defensa de Ecuador, Wellington Sandoval, sostuvo que Morett sería entregada a los tribunales ecuatorianos, al igual que las colombianas Martha Pérez y Doris Bohórquez, también heridas en el ataque.
Las tres mujeres, que se recuperan en un hospital militar de Quito, fueron rescatadas por soldados ecuatorianos, cuando la ofensiva había concluido y el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, había informado de ella a su par Correa.
Pero luego de las declaraciones de Sandoval, el fiscal general de Ecuador, Washington Pesantez, dijo que no había procesos contra Morett, Pérez y Bohórquez, por lo que podían abandonar el país cuando lo desearan.
Los cuatro mexicanos muertos eran, como Morett, estudiantes universitarios adheridos a varios grupos que se declaran solidarios con las FARC, con la guerrilla zapatista del sureño estado mexicano de Chiapas y con el gobierno venezolano de Hugo Chávez.
Hasta ahora, han sido identificados plenamente los cadáveres de Juan González y Fernando Franco, estudiantes de la UNAM, y de Soren Ulises Avilés, del también estatal Instituto Politécnico Nacional de México.
Otro de los cuerpos, que permanecen en una morgue de Quito, podría corresponder a la mexicana Verónica Natalia Velásquez, estudiante de la UNAM que, según Morett, estaba también en el campamento de Reyes. Los familiares reclamaron al gobierno de su país, encabezado por el conservador Felipe Calderón, una protesta oficial frente a Colombia por la muerte de sus compatriotas.
Hasta ahora, México ha hecho caso omiso al pedido.
No eran delincuentes ni guerrilleros sino estudiantes con inquietudes sociales, afirman las familias y compañeros de los fallecidos.
El secretario general de Aldhu indicó que los cinco jóvenes ingresaron a Quito de forma legal el 31 de enero y que durante febrero realizaron varias actividades en esa ciudad, como participar en un seminario sobre el pensamiento del libertador Simón Bolívar y en el citado congreso de la CCB.
El 28 de febrero por la noche viajaron por tierra a Lago Agrio, ciudad ecuatoriana en la frontera con Colombia y "allí contactaron con un adulto mayor vestido de civil, que habló muy poco y que, sin preguntas y repuestas, les hizo ir dos horas y algo más en vehículo, una lancha y después a pie hasta que a las seis de la tarde del día 29 llegaron al campamento con el propósito de entrevistar a Raúl Reyes", relató Parra.
"Les señalaron un lugar donde comer y dormir para proceder a sus actividades el día 1 (de marzo), pero vino el ataque en la madrugada y murieron la mayoría", añadió.
El secretario de Aldhu sostuvo que días antes del ingreso de los mexicanos a ese campamento, un grupo de chilenos habían visitado el lugar.
Interrogado sobre la facilidad con que esas personas lograron llegar al campamento, sin que ninguna autoridad interviniera, Parra se limitó a contestar que "eso habría que preguntarle al ejército ecuatoriano".
El gobierno de México afirma que debe terminar las investigaciones para descubrir qué hacían los estudiantes en el campamento de un grupo que considera "activamente involucrado en el envío de drogas desde Colombia a otros países, incluido México", según declaró esta semana el procurador Medina.
Si Morett regresara a México podría ser detenida por presuntos vínculos con las FARC.
La guerrilla colombiana tuvo en México una oficina hasta 2002, cuando el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) decidió expulsar a sus representantes por considerar que eran parte de una organización delictiva.
México no utiliza oficialmente el calificativo de terrorista al referirse a las FARC como sí lo hacen los gobiernos de Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea, si bien presta colaboración para combatirla.
Las FARC deben "ser encaradas como cualquier otra organización de tráfico de drogas y tenemos que conjuntar nuestras capacidades de acopiar información de inteligencia y limitar su capacidad", declaró Medina.
Cajas, de la CCB, dijo en entrevista telefónica desde Quito estar "convencido de que los compañeros mexicanos no eran guerrilleros y que fueron víctimas de una masacre". "La CCB no tiene ninguna relación cercana ni lejana con las FARC, pero en el caso de los compañeros mexicanos es claro que fueron llevados al campamento por alguien de esa organización", declaró Cajas. Analistas mexicanos consideran muy difícil que un grupo de estudiantes pueda acceder sin mayores dificultades a un campamento de las FARC donde además se encontraba un importante jefe guerrillero.
La UNAM hizo saber que sus estudiantes no cumplían ninguna misión académica formal.
Mientras, el canciller de Colombia, Fernando Araújo, declaró que trabajaba de forma estrecha con el gobierno de México para determinar el grado de penetración de las FARC en este país y combatirlo de manera coordinada.
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó este viernes en Bogotá que "estas personas no eran propiamente unos angelitos".
"Ellos sabían perfectamente a qué iban y con quién se estaban entrevistando, con quién estaban durmiendo en el mismo campamento", agregó.
Pero Parra apuntó que "no sabían los invasores colombianos que allí había mexicanos o civiles de otras nacionalidades, pero sí sabían que estaban produciendo un acto de guerra ilegítimo en territorio de otro país".
