Organizaciones de derechos humanos de México y de Ecuador demandan al gobierno de Colombia por la «masacre injustificada» de cuatro ciudadanos mexicanos cometida en el ataque a un campamento de la guerrilla colombiana en territorio ecuatoriano.
"Será un proceso largo ante diversas instancias, que podría tomar entre tres y 10 años, pero el acuerdo es no dejar impune este crimen", dijo a IPS Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.
En un bombardeo y posterior incursión de fuerzas colombianas en una zona fronteriza y selvática de Ecuador cercana a la frontera, el 1 de este mes, murieron 25 personas, incluido el miembro del secretariado de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), "Raúl Reyes", considerado su portavoz internacional.
El ataque ordenado por Bogotá al campamento de las FARC, sin aviso previo a Quito, provocó la ruptura de relaciones entre los dos países y una aguda crisis política en la región andina.
Cuatro estudiantes universitarios mexicanos murieron allí y una cuarta se recupera de heridas en un hospital militar de Quito. También es posible que haya muerto un ecuatoriano, cuyos restos en poder de Colombia aún no han sido identificados a plenitud.
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Los forenses ecuatorianos han establecido que los cuatro mexicanos murieron mientras dormían por efecto de las bombas arrojadas sobre el sector de dormitorios del campamento, que quedó arrasado.
Según Ramírez, la Liga y otras cuatro organizaciones humanitarias de México, la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu), con sede en Quito, y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador trabajarán con los familiares de los muertos para denunciar al gobierno de Colombia.
"Se llegará hasta las últimas instancias en este caso" con pedidos de condena del Parlamento Latinoamericano y de los Congresos legislativos de Colombia y México, informó el director de la Liga.
Es posible que se llegue a presentar el caso en tribunales mexicanos y en instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, añadió.
"El objetivo final es lograr que se sancione a los culpables de este crimen", señaló Ramírez.
El padre de uno de los mexicanos muertos, Álvaro González, indicó que acudirá "a las instancias pertinentes, sean cuales sean, hasta que se sean castigados los culpables de la muerte de nuestros hijos".
La Aldhu ya presentó en Quito una demanda judicial contra Colombia por el ataque del 1 de marzo que calificó como "acto de terrorismo". De acuerdo a esa organización, la evidencia recogida en la zona del ataque y los estudios forenses sugieren que algunos de los fallecidos fueron ultimados por la espalda y a corta distancia.
La violación colombiana del territorio ecuatoriano fue condenada por la cumbre del Grupo de Río, que reúne a las democracias latinoamericanas y caribeñas, y rechazada por la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Ramírez y las familias de los mexicanos muertos exigen al presidente de México, Felipe Calderón, una investigación propia de los hechos que consideran "un alevoso crimen" en el que se usaron bombas de alto poder, dirigidas "posiblemente desde aviones estadounidenses".
Fuentes militares y diplomáticas han dicho a IPS que Estados Unidos jugó un papel protagónico en el ataque.
Si bien el gobierno de México condenó la violación de la soberanía ecuatoriana, se ha negado hasta el momento a hacer algo similar con la muerte de sus connacionales en el campamento de las FARC.
No obstante, personal diplomático mexicano viajó a Quito para asesorar a los familiares de los fallecidos, quienes acudieron a esa ciudad para identificar y recuperar los restos de sus seres queridos. El jueves y este viernes, las familias retornaron a México.
El gobierno de Calderón está haciendo otro tipo de investigación, para establecer el vínculo entre los estudiantes muertos y las FARC. Los antecedentes divulgados hasta ahora indican que profesaban simpatía hacia esa guerrilla campesina nacida a mediados de los años 60 y que realizaban activismo a favor de ella en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde estudiaban casi todos.
Las autoridades de México consideran a las FARC un grupo delictivo vinculado al tráfico de drogas.
Una nota del diario mexicano Excélsior, publicada este viernes, asegura que entre las actividades de los estudiantes se incluía la venta y distribución en la UNAM de un vídeo que documenta el entrenamiento militar que reciben los jóvenes que deciden ingresar a las FARC.
La versión de los familiares de los muertos —plenamente compartida por las organizaciones de derechos humanos que los acompañan— es que los jóvenes llegaron al campamento de las FARC en una visita de investigación. Sin embargo, la UNAM negó que tuvieran asignada una misión académica.
La próxima semana, la Liga Mexicana y organizaciones estudiantiles celebrarán varios actos públicos en reclamo de una condena del gobierno a las muertes de los mexicanos.
El martes realizarán una caminata dentro del campus de la UNAM, el miércoles un foro abierto y el viernes una mitin frente a la sede de la cancillería.
"Todo hace suponer" que el campamento atacado en Ecuador era un lugar donde se realizaron o se realizarían negociaciones internacionales con miras a liberar a varios de los rehenes que las FARC tienen en su poder.
"Colombia lo sabía y aun así lo atacó, violando la soberanía de un país vecino y matando a inocentes, entre ellos los mexicanos", aseguró el activista.
Fuentes diplomáticas destacadas en Quito han informado a IPS que negociadores franceses se encontraban cerca del campamento e iban a reunirse con Reyes el día en que fue muerto.
Varios medios de comunicación han divulgado que las instalaciones del campamento tenían áreas de cocina, comedores y dormitorios, generadores eléctricos, televisores con pantalla de plasma y una zona de entrenamiento físico y militar.
Bogotá reconoció haber violado la soberanía de su vecino, pero esgrimió ante ello su derecho a la autodefensa.
El gobierno ecuatoriano de Rafael Correa negó conocer la existencia de ese campamento de las FARC en su territorio.
Según varios testimonios, el lugar fue visitado en febrero por un grupo de chilenos que, como los mexicanos, habían asistido en Quito al II Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana, un ámbito de encuentro de grupos izquierdistas radicales latinoamericanos que dice tener entre sus miembros a las FARC.
