El Consejo de Seguridad de la ONU debería intervenir para poner fin a la represión contra la oposición de Zimbabwe en la campaña rumbo a las elecciones del día 29, reclamó un activista de derechos humanos de ese país africano.
Los opositores acusan al gobierno de Robert Mugabe de hostigamiento e intimidación a gran escala en las vísperas de los comicios, y consideran casi imposible que éstos sean libres, justos y transparentes.
Numerosos activistas recurren a los organismos internacionales para ejercer presión sobre Mugabe, el octogenario que gobierna Zimbabwe desde que se declaró independiente de Gran Bretaña en 1980.
El vicepresidente del no gubernamental Foro de Derechos Humanos de Zimbabwe, John Stewart, pidió a la Unión Europea (UE) la aplicación de la cláusula sobre principios democráticos incluida en los acuerdos de Cotonou, base de las relaciones del bloque con África.
En 2002, la UE impuso sanciones a Mugabe y su círculo íntimo, entre ellas el congelamiento de sus activos bancarios y la prohibición de viajar a Europa.
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Pero Stewart argumentó que la UE debe recurrir a otros artículos de los acuerdos de Cotonou, en especial el referido a que la democracia debe ser construida "sobre principios reconocidos universalmente" y que los firmantes, entre los que se encuentra Zimbabwe, deben respetar los derechos humanos y el estado de derecho.
La violencia estatal en el país ha alcanzado tal gravedad que la UE debería tomar cartas en el asunto, agregó. "No pido que envíen tropas, pero se trata de un tema de paz y seguridad sobre el cual hay que hablar", dijo el activista a IPS.
Stewart, de visita en Bruselas, agregó que si la UE analiza el caso de Zimbabwe se podría abrir la puerta para que también sea tratado por el Consejo de Seguridad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
Los ministros de Relaciones Exteriores de la UE manifestaron su preocupación por la falta de garantías electorales en Zimbabwe, y en la misma declaración aseguraron no haber recibido ninguna invitación a enviar observadores.
Aunque Stewart se mostró satisfecho porque la situación de la democracia y los derechos humanos en Zimbabwe permanece en la agenda de la UE, señaló que los cancilleres pasaban por alto el dato fundamental: que el bloque exija elecciones limpias resulta insignificante, "porque, sin duda, eso no va a ocurrir", aseguró.
Quienes querían controlar el normal desarrollo de los comicios recibieron como respuesta que necesitaban permisos especiales del gobierno.
El ex juez Wilbert Mandine, hoy miembro del la filial en Zimbabwe del Instituto de Medios de África Austral, informó que solo una organización fue autorizada a supervisar las elecciones.
Si se expiden más permisos, los 11.000 locales de votación de Zimbabwe carecerán de garantías de un escrutinio no fraudulento, agregó.
Por otra parte, a pesar de la ley que determina que ordena a los medios de comunicación cubrir las campañas electorales de forma justa e imparcial, la televisión se encuentra al servicio de la gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico (ZANU-PF).
A fines de febrero, cuando ZANU-PF lanzó su plataforma electoral, el canal estatal lo transmitió en vivo. El opositor Movimiento por el Cambio Democrático no recibió el mismo tratamiento cuando intentó difundir sus propuestas a la ciudadanía.
Takavafina Zhou, presidente del Sindicato de Profesores Progresistas de Zimbabwe, fue arrestado y torturado por participar el mes pasado en una manifestación en Harare bajo la consigna "Salvemos nuestra educación".
Zhou acusó al régimen de seguir una política de "tortura sistemática" contra los maestros en los últimos ocho años. Como consecuencia, la cantidad de educadores se redujo de 150.000 a 70.000.
"Sólo el año pasado perdimos 25.000 maestros y en lo que va de éste, 8.000. Cien por ciento de los que siguen trabajando están mentalmente resignados, aunque físicamente permanecen en las aulas. Es una situación muy riesgosa para nuestra profesión", agregó.
Aunque Zimbabwe fue caracterizada en su momento como el granero de África, su economía sufrió una alarmante caída a lo largo de la década pasada. En un cuadro de hiperinflación y escasez de alimentos, el desempleo llegó a 80 por ciento y 45 por ciento de la población está desnutrida.
Maureen Kademaunga, una activista por los derechos humanos y de género de la Unión Nacional de Estudiantes de Zimbabwe, dijo que las manifestaciones pacíficas de protesta son brutalmente reprimidas. En una de ellas, una mujer en su noveno mes de embarazo fue duramente golpeada.
Todas las universidades han sido cerradas y no reabrirán hasta después de las elecciones. Esto ha privado del derecho al voto a muchos estudiantes de zonas rurales, que han regresado con sus familias.
Según la ley, los votantes sólo pueden emitir el sufragio en el distrito en el que están empadronados, pero a causa de la pobreza muchos no pueden viajar para hacerlo.
El abogado de derechos humanos Dewa Mavhinga aseguró que la ayuda alimentaria, de la cual dependen cuatro millones de los 12,5 millones de habitantes, es usada como arma electoral.
En las zonas rurales, ZANU-PF se hizo cargo de la distribución de raciones y no la entrega a quienes considera opositores.
