Ocho reclusos asesinados en dos prisiones de El Salvador obligan a los especialistas a recordar la ausencia de rehabilitación, el narcotráfico y la superpoblación que plagan el sistema penitenciario de este país.
El Estado no puede garantizar la seguridad de los reclusos, al "no tener control" efectivo de los centros penales, coincidieron las fuentes consultadas por IPS.
El 5 de marzo, cinco miembros de la Mara Salvatrucha (MS) aparecieron asesinados en varios sectores del penal de Chalatenango, ubicado en el norteño departamento del mismo nombre, donde están alojados 800 presos, todos de esa pandilla.
Los muertos habían sido traslados a fines de 2007 y principios de este año desde la cárcel de Cuidad Barrios, ubicada unos 150 kilómetros al noreste de San Salvador, donde el domingo 9 fueron acuchillados otros tres presos también pertenecientes a la MS, que, meses antes, habían sido llevados desde Chalatenango, en movimientos frecuentes efectuados por las autoridades.
En Ciudad Barrios se alojan 1.800 presos, integrantes también de la MS.
En abril y mayo de 2007, IPS visitó ambas prisiones y constató el hacinamiento extremo en que conviven los privados de libertad.
Si bien la "lucha de poder" entre las "clicas" (células) de las pandillas podría estar detrás de estos crímenes, no se debe ignorar que han sucedido "fundamentalmente por el hacinamiento", por la "falta de programas de rehabilitación" para la población reclusa y por las condiciones deplorables de las prisiones, dijo Nelson Flores, coordinador del Centro de Estudios Penales de la Fundación para el Estudio de la Aplicación del Derecho (Fespad).
Flores, que visitó el penal de Chalatenango en diciembre, dijo a IPS que el hacinamiento también propaga enfermedades, como hepatitis y VIH, virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida.
Por las noches, los pisos de los recintos se cubren de "alfombras humanas", ya que los presos duermen en el suelo, junto a los escasos y desbordados servicios sanitarios, aseguró Flores.
Además, los reclusos y sus familiares sufren maltrato de las autoridades penitenciarias, aseveró.
El ministro de Seguridad Pública y Justicia, René Figueroa, dijo a la prensa que la muerte de los reclusos, que purgaban condenas por homicidio, se debía a "pugnas internas" en la MS y que las autoridades llevan a cabo "mayores esfuerzos para controlar esta situación".
Cuatro nuevas prisiones serán inauguradas en los meses próximos para reducir el hacinamiento, prometió Figueroa.
Las autoridades acusan a la MS y a la Mara 18 de ser organizaciones criminales con gran poder en esta nación centroamericana, y las responsabilizan de buena parte de las extorsiones, los robos, la distribución de droga y el sicariato. Pero en 2006, sólo se pudo comprobar la participación de sus miembros en menos de 12 por ciento de los casos de asesinatos que llegaron a los juzgados.
La MS y la Mara 18, que mantienen una rivalidad a muerte, se han distribuido zonas extensas del territorio donde mantienen su dominio, particularmente en los barrios pobres.
De acuerdo con el portavoz de la Dirección General de Centros Penales, Alberto Uribe, hasta principios de marzo, el sistema carcelario albergaba a unas 18.300 personas adultas en 19 prisiones, cuando la capacidad instalada no toleraría más de 7.500. De ese total, un poco más de 5.000 son integrantes de la MS y la Mara 18.
Además, 2.000 menores de 18 años están recluidos en cuatro centros en diferentes regiones de este país que tiene 5,9 millones de habitantes.
El sistema carcelario adolece de "falta de controles" efectivos, lo que facilita el ingreso de drogas, muchas veces en complicidad con la seguridad de los penales, desde donde se "ordenan delitos" como extorsiones y asesinatos, dijo la jueza primera de Ejecución de Medidas al Menor, Aída de Escobar.
Puesto que muchas personas aún a la espera de sus juicios son internadas con otras que ya cumplen sus condenas, "se están creando más fieras", dijo De Escobar a IPS.
Hay quienes marchan a la cárcel "por un simple hurto y luego se convierten en homicidas", aseguró.
Un informe elaborado por Fespad en 2007, indica que por cada 100.000 salvadoreños, 207 están privados de libertad.
El aumento desproporcionado de la población reclusa, que en 2004 era de un poco más de 12.000 personas, se debe sobre todo a la política de mano dura, que redunda en capturas masivas de miembros de las maras, pero que no ha resuelto el problema de la delincuencia, afirman los especialistas.
Además, la reforma de julio de 2001 al artículo 103 de la Ley Penitenciaria violenta los derechos básicos de los presos, señalan.
El texto reformado habilita a imponer un "régimen especial" para muchos internos, que incluye el "cumplimiento aislado de la pena, restricción a su libertad ambulatoria dentro de la cárcel, restricciones a las comunicaciones telefónicas internas", y autorización de visitas familiares sólo ante "la presencia de custodio con separación que evita el contacto físico".
De Escobar agregó que mientras las penas máximas pasaron de 30 años a 75 años de penitenciaría, lo que también contribuyó a elevar la población carcelaria que es abrumadoramente de escasos recursos, quienes cometen "delitos de cuello blanco" reciben tratos especiales, alojados en celdas de las sedes policiales.
El Estado no debe cerrar "los ojos ante esta situación", manifestó la magistrada. Las autoridades carcelarias están obligadas "por ley a garantizar la seguridad de los reos", recordó.
