Los líderes de China apuestan a la creación de «superministerios», con la esperanza de que esa centralización del poder los ayude a superar la oposición regional y del sector industrial a sus planes para moderar el crecimiento económico y proteger el ambiente.
Pero incluso dentro del gobernante Partido Comunista hay quienes advierten que si no se realizan cambios políticos profundos, todo se limitará a un ejercicio de remodelación administrativa.
La racionalización del sector público no será suficiente para combatir la corrupción endémica, el descontento de la población y la degradación ambiental que amenazan la estabilidad del país, señalaron.
Desde el lanzamiento de su programa de reformas de mercado, hace tres décadas, Beijing concretó cinco reestructuraciones del gobierno. Esta nueva iniciativa es considerada el más audaz intento de reducir la burocracia y la duplicación de los organismos de supervisión.
La propuesta, revelada este martes durante la sesión anual del Congreso Nacional del Pueblo, apunta a crear un gobierno más ágil, orientado a la prestación de servicios y más expuesto a los controles.
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"Todos se han estado quejando porque las dependencias oficiales tienen un gran poder pero responsabilidades muy pobremente definidas. La nueva reforma busca mejorar la función de servicio público del gobierno", dijo Ding Ningning, del estatal Centro de Investigaciones del Desarrollo.
Los problemas de Beijing a causa de las responsabilidades poco claras quedaron expuestos a principios de febrero, durante la celebración del Año Nuevo chino, cuando tormentas y fuertes nevadas dejaron a millones sin electricidad e impidieron que trabajadores migrantes regresaran a sus hogares para festejar con sus familias.
Aunque el presidente Hu Jintao y el primer ministro Wen Jiabao predican la promoción de una "sociedad armoniosa" y una economía con menos desequilibrios, Beijing no ha podido poner en caja a funcionarios regionales "díscolos" ni a los intereses creados del sector industrial.
Hu y Wen, quienes se encuentran en el comienzo de su segundo mandato de cinco años, están decididos a implementar un plan más ambicioso para moderar el rápido crecimiento económico chino, con el objetivo de alcanzar una distribución más equitativa del ingreso, desarrollar las empobrecidas áreas rurales y poner freno a la degradación ambiental.
Los líderes comunistas buscan racionalizar algunos de los ministerios que concentran buena parte del gasto, especialmente en los sectores del transporte y la industria, para concentrar el proceso de definición de políticas y su implementación.
La reforma también contempla la creación de un superministerio encargado de ejecutar el nuevo plan de salud y evitar futuros escándalos como los que se produjeron a causa de alimentos y medicamentos de mala calidad.
También se trabaja para crear un superministerio de Energía, pero informes de prensa sugieren que esta iniciativa enfrenta una fuerte oposición de parte de las grandes compañías petroleras estatales.
La Agencia de Protección Ambiental sería elevada al rango de ministerio, lo que le otorgará mayor influencia y un presupuesto más elevado para combatir los abusos en ese terreno.
Todos estos cambios son resistidos por la burocracia y las grandes empresas propiedad del Estado, que temen ceder una porción más abultada de sus ganancias para financiar la asistencia social.
Si, tal como se espera, el nuevo plan resulta aprobado, llevará años completar la reestructuración. Mientras tanto, China enfrenta desafíos inmediatos a su prosperidad, derivados de la inflación doméstica y la desaceleración de la economía mundial.
Algunos dirigentes comunistas han advertido que el país afrontará problemas económicos si no se produce una genuina reforma política que limite el poder del partido.
"El sistema político retrógrado está afectando el desarrollo económico", señaló un informe elaborado por investigadores de la Escuela Central del Partido Comunista, donde se forman los funcionarios de mayor jerarquía.
"La creciente conciencia democrática de los ciudadanos y la grave corrupción entre los dirigentes del partido y funcionarios del gobierno obligan a demandar con urgencia la reforma del sistema político", señalaron.
Los autores argumentaron que China debe reformar su parlamento, que se limita a aprobar a libro cerrado las decisiones de los líderes, a través de un mecanismo de elecciones competitivas y otorgando poder a los legisladores para que elaboren el presupuesto y controlen el gasto gubernamental.
También consideran que la aparición de una prensa independiente es una "tendencia inevitable" si se quiere realizar algún avance en la lucha contra la corrupción.
Aunque los líderes chinos coinciden en la necesidad de una reforma, no existe consenso sobre sus aspectos concretos.
Li Jinru, asesor del gobierno y vicepresidente de la escuela de formación del partido, sostiene que las transformaciones que se comenzarán a implementar son un gran avance en el terreno de la reforma política.
"Si la intención es hacer que los funcionarios de bajo nivel rindan más cuentas a sus superiores en lugar de hacerlo al público, no estamos hablando de ningún cambio en el sistema político", dijo el politólogo Yang Fengchun, de la Universidad de Beijing.
