La indígena mexicana Eufrosina Cruz no pudo ejercer el derecho a ser elegida alcaldesa de un pequeño municipio del estado sureño de Oaxaca pues, según los «usos y costumbres» de su comunidad, las mujeres no pueden votar ni ser votadas.
"Mi pecado fue no nacer hombre, pero esto no se puede quedar así", señaló Cruz a IPS.
Con 28 años de edad y de profesión contadora, Cruz denunció a varias autoridades la discriminación de que fue objeto, y ha sido amenazada de muerte por hombres de su comunidad.
"Ya me dijeron que una bala me va a callar y por (teléfono) celular un hombre me insultó bien feo y fuerte. Disculpe la palabra, pero me dijo que me va a llevar la verga" (sic), relató en entrevista telefónica desde Oaxaca, capital del estado del mismo nombre.
Este viernes y por solicitud de la estatal pero independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos, el gobierno estadual de Oaxaca, dominado por el Partido Revolucionario Institucional desde los años 20 del siglo pasado, puso a disposición de Cruz agentes policiales para que la protejan.
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"Yo no estoy contra los usos y costumbres, sino contra los abusos y costumbres. En mi estado hay 82 municipios donde las mujeres no tienen derechos comunitarios y por eso no pueden ni opinar en las asambleas, peor votar o ser votadas", indicó.
Oaxaca, uno de los estados más pobres de México y de mayor presencia indígena, tiene 570 municipios y 418 de ellos se rigen por los llamados usos y costumbres.
Según las leyes de Oaxaca, los municipios indígenas pueden elegir a sus autoridades comunales según las asambleas tradicionales y sin que intervengan los partidos políticos.
La actividad electiva, de acuerdo a las mismas normas, debe respetar los derechos constitucionales superiores del Estado, que garantizan la igualdad ante la ley de hombres y mujeres.
"En el papel la ley es buena, pero en 82 municipios, entre ellos el mío, lo tradicional es que las mujeres no participemos y nadie reclamó antes, incluso hay un catálogo (conjunto de normas comunitarias) que usan los alcaldes donde la palabra mujer ni siquiera aparece", relató Cruz.
Esta indígena es originaria del municipio de Santa María Quiegolani, una comunidad de 800 habitantes de la etnia zapoteca enclavada en las sierras de Oaxaca, donde la principal actividad es la agricultura de subsistencia.
De la población total de Quiegolani, 200 hombres mayores de 18 años dominan las asambleas, mientras 250 mujeres adultas "quedamos afuera de toda decisión por los famosos usos y costumbres", sostuvo Cruz.
"Así ha sido siempre, pero yo me rebelé y por eso me han amenazado", apuntó la indígena.
Casi 60 por ciento de la población de Oaxaca de 3,5 millones habita en localidades rurales de menos de 2.000 habitantes.
Cruz salió de Quiegolani hacia la ciudad de Salina Cruz, también en Oaxaca, pero sobre las costas del océano Pacífico, cuando tenía 11 años. Su propósito era estudiar y conseguir un título académico.
"Yo no quería seguir levantándome a las tres de la mañana para hacer tortillas, traer leña, agua y limpiar la milpa (terreno comunitario) y luego terminar casándome a los 13 años, como mi hermana, y teniendo nueve o 10 hijos a los 24", comentó.
"Por eso me fui, y creo que hice bien", añadió.
En Salina Cruz, donde habitan unas 80.000 personas, vivió con unos parientes, pero fue "muy duro, pues para ganar algo de dinero tuve que vender tacos (tortillas de maíz rellenas con vegetales o carnes), dulces, elotes (mazorcas de maíz) y lo que caiga", relató. "Había momentos en los que decía, 'Dios mío, ¿valdrá la pena?'. Es muy fuerte no tener dinero y soñar en algo, de verdad es difícil", declaró. "Salí adelante y nunca deje de visitar mi municipio, de hecho voy siempre cada fin de semana y cuando se puede. Por eso allá me conocen y algunos me quieren porque también les hago aquí en la capital algunos trámites a las señoras ante las autoridades, les averiguo cosas sobre programas sociales y siempre ando preocupada por ellas", indicó.
Cruz vive sola desde hace cinco años en Oaxaca. Allí trabaja de lunes a viernes como coordinadora de programas académicos en escuelas estatales de educación técnica media.
Cada fin de semana, religiosamente, sube a un autobús y tras viajar nueve horas se instala en la casa de sus padres campesinos en Quiegolani.
El año pasado, se propuso postularse para ser la primera alcaldesa de su comunidad, tras conversar la idea con algunos vecinos.
Así, en la asamblea celebrada el 7 de noviembre para renovar ese cargo comunitario que se ejerce por un período de dos años, algunos hombres propusieron a Cruz como candidata y lo expresaron por escrito en sus papeletas de votación.
Al darse cuenta de las preferencias de los asistentes, entre los que no había ninguna mujer, los directores de la reunión suspendieron las votaciones y advirtieron que Cruz no podría comandar el ayuntamiento.
Con tal argumento, procedieron a destruir las boletas emitidas e iniciaron una nueva votación que fue ganada por el profesor de escuela Eloy Mendoza.
Cruz relató que algunos hombres acudieron a avisarle lo que sucedía por lo que ella se presentó a la asamblea para protestar.
"Simplemente me dijeron que por 'vieja' (mujer) y profesional (contadora) no podía ser elegida y me retiraron. Todo esto me dio un coraje grande, pues sentí que mi pecado era ser mujer", declaró.
Junto a una abogada acudió ante las autoridades electorales y el Poder Legislativo de Oaxaca, que acogieron su protesta y su pedido de que las elecciones en su comunidad fueran anuladas.
Sin embargo, tras varias semanas de análisis, las autoridades le señalaron que no podían hacer nada, pues la elección en Quiegaloni había sido legal con base a "los usos y costumbres".
Cruz presentó entonces una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y acudió a la capital mexicana, donde recibió apoyo de partidos políticos y legisladores.
Finalmente, a inicios de este mes, el Congreso legislativo emitió un exhorto para que los diputados de Oaxaca lleven a cabo reformas legales que establezcan de modo taxativo que los usos y costumbres no pueden ser pretexto para faltar a los derechos básicos garantizados por la Constitución.
"Yo me daré por bien servida si aprueban un decreto, o lo que sea, en que eliminen totalmente de los usos y costumbres la marginación de las mujeres indígenas, no para mí, que ya no me interesa volver a presentarme como candidata comunitaria", señaló Cruz.
La población femenina es la más vulnerable de la comunidad indígena de México, que congrega alrededor de 12 por ciento de los 104 millones de habitantes del país. Entre ellas, la esperanza de vida es de 71,5 años, frente a la de los hombres, que es de 76.
Mientras el analfabetismo de los hombres de las etnias originarias es de 18 por ciento, en las mujeres llega a 32 por ciento. Además, cerca de 46 por ciento de las indígenas carecen de instrucción primaria y apenas 8,9 por ciento cursaron la educación media.
En promedio, 39 por ciento de la población indígena de cinco a 24 años no asiste a la escuela en este país, pero ese porcentaje se eleva a 42 si sólo se considera a las niñas y jóvenes.
"Las indígenas somos la última rueda del coche, pero cambiará eso si no le bajamos a la lucha, no estando contra los hombres, sino trabajando junto con los saberes (sic) de cada uno", señaló Cruz.
