Mientras el Supremo Tribunal Federal de Brasil tiene que decidir si las investigaciones con células embrionarias son constitucionales, organizaciones de mujeres advierten sobre una ofensiva conservadora que podría provocar retrocesos en materia de derechos reproductivos y aborto.
"Vemos esa amenaza sobrevolando sobre nosotras desde hace mucho tiempo", dijo a IPS la secretaria ejecutiva de la Red Nacional Feminista de Salud y Derechos Reproductivos, Telia Negrão, con sede en la sureña ciudad de Porto Alegre.
La Red, que participó activamente en la discusión sobre la despenalización del aborto, está a favor de las investigaciones con células madre procedentes de embriones.
"Defendemos el avance de la ciencia, con la posibilidad de curar a millones de personas en nuestro país que sufren síndromes diversos, enfermedades degenerativas y consecuencias de accidentes", dijo.
La Red cuestiona que el debate se haya desviado hacia la cuestión sobre el instante en que comienza la vida, "si en el momento de la concepción o de la anidación (desarrollo embrionario en el útero)", dijo Negrão.
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Si se impone el criterio del derecho a la vida desde el momento de la concepción, agregó, se vería afectada la lucha para una legalización más amplia del aborto e incluso podría haber retrocesos en los casos ya permitidos, cuando está en riesgo la vida de la madre o cuando el embarazo es consecuencia de un estupro.
"Eso determinaría que en nuestro país ningún tipo de aborto pueda ser realizado, ni los permitidos actualmente por la ley", señaló Negrão.
El tema pasó a consideración del Supremo Tribunal Federal a raíz de que el procurador general, Claudio Fonteles, basado en argumentos defendidos por la Iglesia Católica, pidió la prohibición de investigaciones con células embrionarias porque "se oponen al derecho a la vida", garantizado por la Constitución brasileña.
Las células madre embrionarias permiten regenerar tejidos del cuerpo humano. Los científicos creen que podrían ser fundamentales en la cura de enfermedades degenerativas, genéticas y hasta en casos de cáncer, sin las limitaciones que presentan las células madres adultas. La ofensiva de los sectores más conservadores de la Iglesia "impedirá ayudar a personas que están vivas y que pueden beneficiarse con los nuevos descubrimientos de la ciencia", dijo Regina Soares Jurkewicz, coordinadora ejecutiva de la no gubernamental Católicas por el Derecho a Decidir.
La jerarquía católica lanzó este año una campaña por el derecho a la vida que reafirma su posición contraria a la eutanasia y el aborto. También se opone a las investigaciones con células madre porque considera que derivarán en la despenalización total del aborto.
El ministro de Salud, José Temporão, consideró que se trata de una posición "oscurantista" y se manifestó abiertamente a favor de las investigaciones.
"Desde el punto de vista del derecho, la vida termina cuando no hay función cerebral. Con el mismo criterio, se podría decir que comienza cuando se inicia esa función y eso es posterior a la fase embrionaria", opinó.
Católicas por el Derecho a Decidir defiende la legalización del aborto y recuerda que el Vaticano asumió una posición contraria "absoluta" apenas en 1860.
"Antes había inclusive discusiones teológicas en las que se debatía si la vida comenzaba cuando 'el alma venía al cuerpo' 40 días después de la concepción", señaló Jurkewicz para demostrar que lo que hoy la Iglesia presenta como un dogma "no fue siempre así".
"En un Estado laico como el nuestro no puede ser que se impongan argumentos teológicos. Son decisiones de ciudadanos y ciudadanas. Esas cuestiones y otras de derechos reproductivos no pueden pasar por el filtro teológico, intentando imponer un punto de vista religioso en un país donde existe diversidad religiosa", destacó.
En Brasil, según el Ministerio de Salud, se realizan por año alrededor de un millón de abortos clandestinos, que producen por lo menos 250.000 internaciones en el sistema de salud pública, por las secuelas que sufren las mujeres.
La cartera informó que el costo de los abortos ilegales mal hechos para el sistema de salud pública fue de 80 millones de dólares en cinco años.
Que el aborto sea tratado en Brasil como un delito, dijo Negrão, "no lo inhibe. Se realizan igual y las mujeres pagan con su propia vida la consecuencia de no poder decidir si quieren o no dar continuidad a una gestación".
"Es un cuadro inaceptable, porque no existe violencia mayor que la pérdida de la vida o la salud por no poder decidir cuándo tener hijos", agregó.
El aborto, señaló Jurkewicz, es "una decisión individual" que el Estado está "obligado a asistir".
"Al defender la legalización del aborto también planteamos que se ofrezca educación sexual en la escuela y haya acceso a métodos anticonceptivos", agregó.
Una encuesta de la consultora Ibope, encargada por Católicas por el Derecho a Decidir, reveló que 95 por ciento de los consultados estaban a favor de las investigaciones con células madre embrionarias.
Un porcentaje similar de católicos y 94 por ciento de los evangelistas también se mostraron a favor de su empleo para la cura de enfermedades.
