«A mí no me han asesinado a nadie, pero siempre hablo mal de los paramilitares. Los gobernantes les están dando mal ejemplo a mis hijos. Mis hijos ya mienten», dijo a IPS un hombre de 45 años en la manifestación del 6 de este mes en homenaje a las víctimas de estas bandas ultraderechistas señaladas de actuar con la fuerza pública.
"Soy capitalista. Me gusta el capitalismo. Soy un ciudadano independiente. Pero no puedo más. Ustedes los periodistas nunca dicen lo que yo estoy viendo. Por eso me tocó venir acá, para ver. Mire esto. Mire este mar de víctimas", señaló, abriendo los brazos a pocos metros de la Plaza de Bolívar, de Bogotá, a donde fluían unos 300.000 manifestantes, según cálculos de organizadores.
A los paramilitares, desmovilizados parcialmente y algunos de sus jefes sometidos a juicio tras pactos con el gobierno, "les están dando cinco años de cárcel por 500 muertos y luego van a salir a disfrutar su dinero", reclamó, en referencia a que la mayoría son capos narcotraficantes.
Estas fuerzas, creadas en 1982 para combatir a la guerrilla izquierdista, concentraron sus ataques contra civiles a los que consideran que apoyan a la insurgencia.
Mataban incluso a niños, por considerarlos "una amenaza, que se volverían guerrilleros en el futuro", como declaró el 30 de enero el ex paramilitar Jorge Luis Salgado, sobre el asesinato de tres niños y ocho adultos el 21 de febrero de 2005 en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, al noroccidente de Colombia.
[related_articles]
El miércoles, la Fiscalía General de la Nación dictó orden de captura contra 15 suboficiales por este caso, en que las tropas actuaron junto con hombres de "Don Berna", capo hoy desmovilizado y preso, y por entonces en cese del fuego.
El presidente de Colombia, el derechista Álvaro Uribe, señaló en esos días que esa comunidad, que se declara neutral frente a la guerra de décadas, sería "colaboradora" de la guerrilla campesina de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que el mandatario considera "terroristas".
"Están con Colombia o están con el terrorismo", una frase reciente de Uribe expuesta en vallas publicitarias en Bogotá y otras ciudades, define la opinión gubernamental acerca de la neutralidad en el conflicto armado interno en este país.
La acción conjunta de paramilitares, fuerza pública y otras autoridades del país ha sido establecida en 10 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, que han terminado en condenas contra el Estado colombiano.
Para el gobierno, se trata de "casos aislados", y rechaza que existan crímenes de Estado. Cuando reconocen asesinatos en sus actuales confesiones ante la fiscalía, los ex paramilitares suelen justificarlos acusando a sus víctimas de guerrilleros.
El 6 de este mes se realizaron vigilias, concentraciones y marchas en 78 ciudades del mundo y en 24 de Colombia en las que se recordó a las víctimas del paramilitarismo, de agentes del Estado y de parapolíticos, como se llama a quienes dominan a los votantes mediante la violencia ultraderechista.
Las movilizaciones pidieron además un acuerdo gobierno-guerrilla que canjee a uniformados secuestrados por insurgentes presos y libere a rehenes civiles en poder de las FARC, como la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.
También ese eventual acuerdo debe incluir el fin del secuestro extorsivo que practica la insurgencia para financiarse.
La jornada de movilización fue citada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), integrado por cientos de asociaciones, y a ella adhirieron centrales sindicales y otros movimientos sociales.
Ahora, los convocantes están siendo atacados en todo el país andino porque la marcha, según reitera desde el 10 de febrero el principal asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, habría sido "convocada por las FARC".
Las acusaciones de Gaviria fueron refrendadas por los ex jefes paramilitares hoy en prisión, y acto seguido circuló la declaratoria de "objetivo militar" a quien participase en la jornada, por "enemigo de la patria".
Desde entonces, han sido asesinados cuatro promotores de la marcha y una líder fue blanco de un atentado. Además, más de 50 personas y organizaciones han sido listadas con nombre propio en textos amenazantes después de la manifestación, firmados por "Águilas Negras", que anuncian que ese grupo "será implacable" con los convocantes de la movilización del día 6.
Las amenazas mencionan que sus destinatarios "participaron de la marcha en contra de nosotros", y que serían todos "grandes colaboradores de las FARC".
"Si su lema era tierra, dignidad y paz, esta vez será terror, asesinato e infierno", advierte la amenaza a los desplazados de sus hogares que organizaron una caminata de dos días hacia Bogotá, para confluir a la marcha del 6.
Esa "reacción violenta obedece al masivo repudio ciudadano que recibieron el 6 de marzo", expresa el Movice en un derecho de petición enviado al presidente Uribe bajo la premisa de que "esta situación compromete la responsabilidad del gobierno".
El Movice considera que las declaraciones del asesor Gaviria, quien ha centrado sus ataques en la persona de Iván Cepeda, portavoz de ese movimiento, "generaron un ambiente propicio para la violencia", anuncia que "contra él instauraremos acciones judiciales", y solicita a Uribe "que lo destituya". "La incitación a la violencia es un grave delito", sostiene.
Para el gobierno, los paramilitares no existen, pues decretó oficialmente su fin tras su desmovilización en 2006 que resultó, sin embargo, parcial. A las estructuras que subsisten o reaparecieron, el gobierno las denomina "bandas criminales".
Según una fuente de un organismo internacional, que pidió no ser identificada, a fines del año pasado los desmovilizados estaban siendo llamados a retomar las armas en Urabá y Chocó, en el noroccidente del país, y en el departamento del Cesar, fronterizo con Venezuela, en el nororiente, así como "en muchas otras regiones".
La versión, observada en terreno por dicho organismo, coincide con el mensaje reiterado en todas las amenazas, proferidas esta semana también contra misiones diplomáticas en Bogotá, sobre el "total rearme de fuerzas paramilitares".
Este rearme es asumido como un hecho por 22 entidades estadounidenses defensoras de los derechos humanos y centros de estudio especializados en política exterior de ese país, en una carta enviada el miércoles al presidente colombiano.
"Esta cadena de amenazas y de ataques cuestiona directamente la eficacia del proceso de desmovilización paramilitar", escribieron, entre otros, Human Rights First, Human Rights Watch, el capítulo estadounidense de Amnistía Internacional, Refugees International, Washington Office on Latin America y el Robert F. Kennedy Memorial Center for Human Rights.
El presidente Uribe debe tomar medidas para que los miembros de su gobierno no incurran en "observaciones incendiarias", dice la carta.
Recuerda, además, que en Colombia están vigentes dos directivas presidenciales, de 1999 y 2001, expedidas por el anterior mandatario, Andrés Pastrana (1998-2002), que ordenan a los funcionarios "abstenerse de cuestionar la legitimidad" de los defensores de derechos humanos, de "realizar afirmaciones que descalifiquen, hostiguen o inciten al hostigamiento" o "emitir declaraciones públicas o privadas que estigmaticen la labor" de las organizaciones de derechos humanos.
En otra misiva, que enviarán este viernes a Uribe según conoció IPS, una veintena de miembros del Parlamento Europeo expresan que "esta situación viene a corroborar las informaciones según las cuales el paramilitarismo no es un fenómeno superado en Colombia, pues mantiene su capacidad criminal a nivel nacional".
Los parlamentarios europeos exhortarán a Uribe que "se pronuncie sobre estos hechos y dé un apoyo claro a la labor de los defensores de derechos humanos", adelantó desde Bruselas a esta agencia una fuente humanitaria.
