Más de un millón de personas fueron desplazadas en las tres últimas décadas en Brasil por proyectos hidroeléctricos que en muchos casos sólo benefician a las grandes empresas, denunciaron esta semana activistas del Movimiento de Afectados por Represas (MAB) en actos por todo el país.
Cerca de 250 personas marcharon este viernes, Día Mundial de Acción contra las Represas, en la meridional ciudad de Porto Alegre, para protestar por las inundaciones provocadas por los embalses y los altos precios de la electricidad, pese a que sus fuentes son consideradas baratas.
El movimiento entregó a dos empresas locales de distribución de energía declaraciones de familias que, por consumir menos de 160 kilovatios/hora al mes, tienen derecho a una "tarifa social", pero hasta ahora no obtuvieron los descuentos previstos en un fallo judicial.
El acto culminó una semana de protestas en nueve de los 27 estados brasileños, que comprendieron el bloqueo de un ferrocarril de la Companhia Vale do Rio Doce, principal firma minera del país, ocupaciones de sedes gubernamentales, carreteras, empresas y centrales hidroeléctricas en construcción.
Un campesino baleado en la noche del martes, durante la ocupación de la central hidroeléctrica de Estreito, en construcción sobre el río Tocantins, que nace en el centro de Brasil y desemboca en el norte, fue el único incidente grave de las manifestaciones. Las obras de Estreito seguían ocupadas por activistas este viernes.
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Al menos un triunfo concreto obtuvo la movilización. El Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) aceptó el jueves, en negociaciones con movimientos sociales en Brasilia, escuchar a la población afectada y revisar su evaluación sobre la central de Tijuco Alto, en el río Ribeira de Iguape, a unos 300 kilómetros de la sureña ciudad de São Paulo.
El Ibama había anunciado hace dos semanas en un análisis técnico que consideraba viable el proyecto, un primer paso para la construcción del embalse que inundaría 53 kilómetros cuadrados de la mayor área preservada de la Mata Atlántica, ecosistema boscoso cercano al litoral este de Brasil, que ya perdió 93 por ciento de sus florestas originales.
"No es aún una victoria, sino un paso inicial" para evitar que 2.000 familias de campesinos, indígenas y "quilombolas" (habitantes de comunidades afrodescendientes) sean expulsados de los lugares donde viven de cultivos tradicionales y la extracción de frutos del bosque, sin dañar a la naturaleza, dijo a IPS el activista Evandro Nesello, coordinador del MAB en el valle del río Ribeira.
La represa de Tijuco Alto inundaría también cuevas naturales que son importantes para la actividad turística local, acotó. Como contrapartida a los daños para la población y el ambiente, sólo habría beneficios para la Compañía Brasileña de Aluminio, dueña del proyecto y a la cual se destinaría toda la energía generada, con una potencia de 144 megavatios.
"La población local está consciente de los efectos negativos del proyecto" y dispuesta a rechazarlo "de cualquier forma", sostuvo Nesello, quien vive en el valle del Ribeira como activista del MAB, tras ser expulsado de su tierra por la represa de la central hidroeléctrica de Itá, sobre el río Uruguay, en el sur del país.
En Brasil hace falta un plan estratégico de energía que contemple las dimensiones ambientales y sociales, y no exclusivamente las cuestiones económicas, según Raúl Silva Teles, coordinador de política y derecho del no gubernamental Instituto Socioambiental.
La estrategia energética del país sólo se basa en la demanda creciente y en la búsqueda de las opciones más baratas. Es necesario un plan que considere todos los aspectos, identificando dónde están los recursos hidroeléctricos potenciales y a la vez cuáles "no serán aprovechados" por razones ambientales o sociales, explicó a IPS.
En Brasil están en construcción o en estudio gigantescas represas para la Amazonia, cuyo potencial hidroeléctrico está en fase inicial de explotación, señaló. Pero en la Mata Atlántica, al contrario, se trata de preservar "lo poco que queda" de bosques, por eso el valle del río Ribeira es un caso típico de área no explotable, opinó.
La central de Tijuco Alto, además de no responder a "ningún interés social", abriría el camino a otros tres embalses hidroeléctricos en el Ribeira, ampliando el desastre ambiental, y su energía sólo serviría a la producción de aluminio para la exportación, concluyó.
El Instituto Socioambiental coincide con el MAB en el rechazo a represas cuyos efectos ambientales y sociales superan los beneficios energéticos y también en la defensa de una tarifa social del servicio eléctrico para las poblaciones más pobres de este país que tiene más de 184 millones de habitantes.
En el norte de Brasil, el MAB, que hace parte de Vía Campesina Internacional junto a otros movimientos campesinos, destacó en sus manifestaciones que las grandes centrales hidroeléctricas se construyeron para atender intereses de potencias empresariales.
El precio de la energía suministrada a la Vale, una ex empresa estatal que se convirtió en una de las mayores proveedoras mundiales de mineral de hierro, es 20 veces menor al que pagan los consumidores residenciales de varios estados brasileños, afirmaron los activistas.
Otro blanco de acciones del MAB y Vía Campesina en esta semana fue la empresa belga Tractebel, dueña de varias represas en Brasil. Una de sus instalaciones fue invadida en el sureño estado de Paraná y algunas de las centrales ocupadas por manifestantes son en parte de su propiedad.
Ante tales acciones, la filial Tractebel de Brasil divulgó un comunicado señalando que sus centrales hidroeléctricas poseen certificados de buena gestión ambiental y no sufren "demandas legales o ambientales", además de que los pobladores de sus entornos viven hoy en condiciones "mucho mejores que antes de la construcción" de las represas.
Pero, según el MAB, 70 por ciento de las personas desplazadas por represas en Brasil, que estima en más de un millón, aún no fueron indemnizadas por la pérdida de sus tierras, viviendas y cultivos.
