Con un discurso moderado, pero sin retroceder en su decisión de aumentar el impuesto a exportaciones de oleaginosas, la presidenta argentina Cristina Fernández invitó a las asociaciones rurales a levantar las medidas de fuerza que desde hace 15 días frenan el flujo de alimentos y así dialogar.
"Es muy difícil dialogar con una pistola en la cabeza. Se los pido humildemente como presidenta. Las puertas de la casa de gobierno están abiertas, pero, ¡por favor!, levanten esta medida de fuerza que es contra todo el pueblo", dijo la mandataria en un acto del gobernante Partido Justicialista (peronista) en Buenos Aires en el que fue la única oradora.
El discurso de casi una hora estuvo dedicado por completo a la crisis que se desató tras la decisión gubernamental de incrementar el tributo a las ventas externas de soja y de girasol, que generan a sus productores y exportadores una renta extraordinaria a raíz del alto valor actual de sus precios en el mercado mundial.
La medida no distinguió entre productores de pequeñas y grandes superficies y no contempló reclamos de una pauta distributiva de esa recaudación entre las provincias donde están asentados esos cultivos. Muchos productores se quejan de la falta de obras de infraestructura como caminos, puertos o escuelas para sus hijos en el interior del país.
La cúpula de las asociaciones rurales, que antes del discurso habían manifestado voluntad de "dialogar" y "conciliar posiciones", se manifestó conformes con el convite.
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La presidenta Fernández condicionó ese diálogo a que se deponga la protesta. No obstante, los dirigentes del campo prometieron consultar con sus bases los pasos a seguir.
Ese será justamente el paso más difícil. Fortalecidos por el apoyo espontáneo de manifestantes en las ciudades que desde el martes se expresan en las calles contra el gobierno con golpes de cacerolas, los productores que permanecen en rutas en varias partes del país bloqueando el paso de transportes de alimentos se mostraron reacios a abandonar esa medida luego del discurso.
Alfredo De Angelis, un productor de la oriental provincia de Entre Ríos, rechazó la posibilidad de suspender la medida de fuerza hasta "ver qué nos ofrecen".
La presidenta hizo un discurso "cargado de odio y revanchismo", agregó este dirigente agrario, conocido por ser también uno de los líderes ambientalistas que bloquean desde fines de 2006 un paso fronterizo con Uruguay en rechazo a la instalación de una fábrica de celulosa en ese vecino país. Por su parte, en varias ciudades argentinas, centenares de vecinos comenzaron a golpear sus cacerolas, en señal de disgusto con el discurso presidencial.
El conflicto, que empezó con la expresión de un fuerte malestar entre productores del interior del país, se profundizó el martes luego de que Fernández se refiriera a los bloqueos de ruta como "piquetes de la abundancia" y manifestara que no aceptaría la "extorsión" rural.
El gobierno sostiene que el campo —sin distinguir con precisión entre grandes, medianos y pequeños productores— obtuvo fuertes ganancias desde la devaluación de la moneda nacional frente al dólar a comienzos de 2002.
De hecho, los empresarios agrícolas que estaban en bancarrota renegociaron sus deudas, el valor de sus tierras se multiplicó en dólares, y los precios de los productos del sector subieron fuertemente en los mercados internacionales.
Sólo en el último año, la soja, principal producto de exportación argentino, aumentó su valor en casi 70 por ciento.
La soja representa la mitad de la cosecha de granos de Argentina, que llegó en 2007 a superar las 90 millones de toneladas, un volumen sin antecedentes.
Pero la protesta se expandió más allá del área agropecuaria. Miles de pobladores de Buenos Aires y de otras ciudades grandes y chicas salieron a apoyar a los productores y se constituyeron en un movimiento contra el gobierno centroizquierdista de Fernández, esposa del anterior presidente Néstor Kirchner (2003-2007).
La presidenta indicó que el conflicto en las urbes convoca a "quienes perdieron las elecciones o están contra la política de derechos humanos del gobierno", que impulsa los juicios contra los represores de la última dictadura militar (1976-1983).
"Escuché a manifestantes que gritaban frente a la residencia (presidencial) de Olivos (en las afueras de la capital argentina) que no quieren a (Hugo) Chávez, el presidente de Venezuela, o a Cuba, o a Evo Morales (presidente de Bolivia). ¿Qué tiene que ver eso con el campo?", se preguntó.
Según Fernández, las "retenciones", como se conoce en Argentina al impuesto a las exportaciones, se aplican desde 2002, pero que su gobierno "adoptó la decisión estratégica de frenar la sojización", en referencia a las crecientes extensiones de plantaciones de esa oleaginosa, para fomentar la producción de trigo, maíz, carne y otros productos con mayor valor agregado y que generan más empleo.
El gobierno aumentó las retenciones a la venta externa de soja de 35 a 44 por ciento y dispuso además que la alícuota sea móvil. Si el precio internacional sube, aumenta el porcentaje que se recauda, y si baja, cae también lo destinado al tributo.
"La región sojera aportó uno por ciento de la ocupación en la creación de empleo de los últimos años, mientras que en el resto del país ese índice fue de 17 por ciento", señaló. De todos modos, sostuvo que su gobierno siempre va a contemplar los intereses de los pequeños productores, que hoy son los más enojados.
