El gobierno peruano propone reducir los límites admitidos de emisiones tóxicas en la actividad minero-metalúrgica para mejorar la salud ambiental, pero aún está lejos de cumplir estándares internacionales.
El proyecto de decreto supremo aprobaría los nuevos Límites Máximos Permisibles (LMP) para efluentes líquidos y emisiones atmosféricas, fijados en normas de 1996 para el sector minero-metalúrgico, así como la regulación para su cumplimiento.
Cuando expertos del Conam terminen de evaluar los aportes, el documento pasará a la Presidencia del Consejo de Ministros para su aprobación final. No tienen plazos para hacerlo.
Según la propuesta, en los desechos líquidos que se vuelcan a lagos, ríos o arroyos la concentración de arsénico no deberá sobrepasar en ningún momento del día los 0,5 microgramos por litro (mg/l).
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Esto reduce a la mitad el límite nacional vigente, de un mg/l, pero es hasta cinco veces mayor que el adoptado por el Banco Mundial en 2007, de 0,1 mg/l, según la Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW, por sus siglas en inglés).
La no gubernamental Red Muqui pidió a la química Mercedes Lu y al bioquímico Mark Chernaik, de ELAW, que revisaran la propuesta del gobierno para contribuir al debate.
Según ese análisis al que accedió Tierramérica, el límite para el zinc es de dos mg/l, ligero avance comparado con los tres mg/l de la norma actual, pero mucho más laxo que el del Banco Mundial, de 0,5 mg/l.
Por primera vez se busca establecer parámetros a las emisiones de cadmio, que serían de 0,1 mg/l, cuando en el plano internacional se está proponiendo un límite anual promedio de 0,05 mg/l, según los investigadores de ELAW.
El arsénico puede provocar cáncer de piel y perjudicar pulmones, riñones y próstata, recordó el médico Hugo Villa a Tierramérica.
Villa investiga la salud de los pobladores afectados por las emisiones de la fundición que de la empresa estadounidense Doe Run en la andina ciudad de La Oroya, de 35.000 habitantes, y trabaja en su único hospital estatal.
Mejorar un poco no significa un avance sanitario real, dijo a Tierramérica la secretaria ejecutiva de la Red Muqui, Ana Leyva.
Para el experto Iván Lanegra, la iniciativa del Poder Ejecutivo echa por tierra la idea de que las leyes ambientales para el sector minero están a la altura de las exigencias mundiales.
Entre 1992 y 2007, las empresas mineras y energéticas de Perú generaron inversiones superiores a 24.150 millones de dólares, según la Sociedad Nacional de Minería.
La Oroya está en la central región de Junín. La mayoría de sus habitantes menores de seis años de edad llevan una carga mortal: más de 40 microgramos de plomo por decilitro de sangre (mg/dcl), cuatro veces más que el máximo admitido por la Organización Mundial de la Salud, según estudios efectuados por entidades nacionales e internacionales en 1999, 2003 y 2005.
La intoxicación con plomo causa encefalopatías, lesiones cutáneas, disminución de las capacidades intelectuales, hiperactividad y agresividad.
Los investigadores de ELAW también consideran preocupante que se proponga autorizar hasta 458 miligramos de dióxido de azufre por metro cúbico de aire, cuando el Banco Mundial sólo permite hasta 200.
El decreto propuesto establece que el límite de emisiones esté supeditado a la cantidad de azufre que ingrese al proceso de producción minero-metalúrgica y, en el caso de actividades que demanden más generación de tóxicos, establece como máximos tolerables entre 183 y 458 miligramos por metro cúbico, pero sin permitir que se sobrepase ese límite en ningún momento del día.
Eso constituye una mayor exigencia, según Lanegra.
Según información oficial, hasta diciembre de 2006, Doe Run lanzaba diariamente al aire 810 toneladas de dióxido de azufre.
"En situaciones críticas de salud pública, como La Oroya, una medida como ésta representa al cabo de tres años un grave riesgo", opinó Mercedes Lu.
El Conam señala en su página web que cuando hay una concentración de entre 400 y 900 microgramos de dióxido de azufre por metro cúbico de aire, en 24 horas aumentan los trastornos respiratorios en los asmáticos.
Además, a partir de 500 microgramos por metro cúbico hay "un agravamiento de las personas con enfermedades pulmonares y cardiacas", según Conam.
Lanegra, también gerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente de Junín, informó a Tierramérica que si entrara en vigencia la iniciativa del decreto supremo, Doe Run no estaría obligada a acatarla inmediatamente porque el Estado aceptó que la empresa cumpliera con la meta de la norma vigente en octubre de 2009.
"Por lo tanto, la necesidad de una norma equivalente a los estándares internacionales tiene como fundamento asegurar esa exigencia para los nuevos proyectos mineros", agregó Lanegra.
Pero Leyva considera que el proyecto debe estar a la altura de los estándares mundiales para luego exigirle a Doe Run que los cumpla.
Los expertos de ELAW también recomiendan enfatizar en la participación de los pobladores en el control de estas medidas y que el Ministerio de Salud intensifique su presencia.
* La autora es colaboradora de IPS. Este artículo fue publicado originalmente el 29 de marzo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
