Miles de personas que subsisten de restos de alimentos y desechos reciclables del basurero municipal de Managua, protagonizan una protesta inédita por mejores condiciones de vida, bloqueando el acceso de los camiones recolectores al vertedero y colocando a más de un millón de habitantes en riesgo sanitario.
Hace dos semanas cerca de 1.600 recolectores informales que laboran en el basurero municipal La Chureca, en la periferia noroeste de la capital nicaragüense, decidieron bloquear el ingreso de los camiones recolectores de Managua al vertedero.
La protesta, explicó a IPS el dirigente de los trabajadores informales, Germán Salgado, se inició el 1 de marzo, pero venía incubándose desde hace dos años.
Según Salgado, el problema se desató por el control de la basura y la comercialización de algunos desechos que llegan al vertedero a cielo abierto.
Los trabajadores informales, que tradicionalmente escarban para extraer material reciclable, acusaron a las autoridades municipales de promover entre sus obreros la extracción del producto para venderlo directamente a empresas inscritas en la Dirección de Contribuyente de la Alcaldía.
Esa decisión, según Salgado, viene afectando desde hace dos años a más de 2.000 personas que subsisten de la recolección de materiales como aluminio, hierro, cobre, bronce, papel, plástico y vidrio.
"Aquí somos día y noche más de 1.600 personas que vivimos de esto, y otras 400 ó 500 que lo lavan y lo venden. Pero desde hace dos años la basura cada día viene más pobre (con menos material reciclable) y ahora nos damos cuenta de que la alcaldía extrae los materiales y los vende", dijo Salgado a IPS.
La medida municipal, según Edgard Narváez, promotor de la protesta y miembro del no gubernamental Movimiento Comunal, ha colocado a estas personas al borde del hambre y en peores condiciones de vida.
"Antes un trabajador aquí ganaba hasta tres dólares al día, ahora pasan muchos días en que no logran obtener ni un solo dólar de su trabajo, porque la basura viene pelada", explicó a IPS Narváez, quien demandó al ayuntamiento que sus trabajadores no seleccionen los desechos sólidos y los depositen "completos" en La Chureca.
Un informe del Centro de Trámites de Exportaciones de Nicaragua detalló el valor comercial que ha alcanzado el mercado del reciclaje: en 2006 se generaron 18 millones de dólares en exportación de material recuperable, y cerca de 21 millones de dólares en 2007.
La protesta provocó que los encargados de los 60 camiones que recogen los desechos de la capital, al no lograr depositar su carga en el vertedero municipal, dejasen de acopiar 1.200 toneladas diarias de basura.
El alcalde de Managua, Dionisio Marenco, dijo que la medida amenaza la salud de 1,2 millones de capitalinos.
Autoridades del Ministerio de Salud y del Sistema Nacional de Prevención de Desastres lanzaron una alerta sanitaria y advirtieron del riesgo de una epidemia.
Walter Calderón, coordinador de comunicación del no gubernamental Centro Dos Generaciones, que investiga y apoya a la población residente en el vertedero La Chureca, dijo a IPS que la protesta de los hurgadores "es apenas la punta del iceberg de una problemática social profunda".
"Tuvo que ocurrir una emergencia para que la sociedad nicaragüense recordara que existe un infierno donde las mujeres paren a sus niños en la basura", dijo Calderón, para quien la protesta debe servir de llamado de atención a las autoridades.
La Chureca se encuentra en los alrededores del barrio costero Acahualinca. Fue abierto en 1975 a orillas del lago de Managua y tiene una extensión de 64 hectáreas.
De las más de 1.600 personas que laboran en el lugar, según datos del Centro dos Generaciones, más de 500 son niños y adolescentes entre siete y 18 años, que participan en la labor de extracción de materiales y productos de consumo doméstico.
El ambiente es sobrecogedor: cerros de basura humeante por todos lados, con corrientes de lodo y podredumbre que bajan hacia el lago. Seres humanos, perros y aves de rapiña pelean entre sí buscando alimentos.
Cerca de 147 familias se asentaron a un costado del basurero y levantaron un barrio con casas de cartón, ripios de madera, pedazos de lata y otros materiales extraídos de la basura.
Allí habitan hacinadas, según un estudio de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Nicaragua, cerca de 700 personas de todas las edades.
Antes del ingreso de esta organización religiosa al lugar, hace 12 años, La Chureca era una zona de consumo de drogas, licor y ejercicio de prostitución. Según estadísticas policiales, el lugar estaba considerado zona roja, por la cantidad de actos violentos que se cometían.
"A mí me pegaron una puñalada en la espalda cuando trataba de jalar (extraer) una bicicleta vieja. La competencia en este mundo es dura y no todos sobreviven", cuenta Antenor García, un fundador del asentamiento.
Justina Santos, de 45 años de edad y con 12 en el vertedero, narró a IPS que la situación de violencia y delincuencia en los últimos tiempos ha mejorado, pero no las condiciones de vida.
"Antes comíamos al menos dos veces al día, ahora con costo y logramos hacer una sopa para engañar el estómago de mis niños", dijo Santos, quien junto a su compañero de vida y tres hijos menores de 13 años se dedica a hurgar entre alimentos descompuestos, animales muertos, latas, vidrios, polvo y tierra.
Para el sociólogo Cirilo Otero, director del Centro de Iniciativas de Políticas Ambientales, esta protesta es la mejor oportunidad para acabar de una vez por todas con el lugar y darles a estas personas una mejor opción de vida.
"No se va solucionar ese problema botando mejor basura para que la gente tenga de qué vivir, la solución es sacarlos de ahí, capacitarlos en algo e insertarlos en una labor más sana y productiva", dijo a IPS.
"La medida de retirarlos sería salvarle la vida a muchos de esos niños que cada día están muriendo por la ingestión de alimentos contaminados", consideró.
En 2007, una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y de la Universidad de Lund de Suecia determinó que más de 30 por ciento de las niñas y niños que viven y trabajan en La Chureca padecen intoxicación con plomo, mercurio y DDT, por exposición a la basura y por el consumo de pescado del lago de Managua.
Tras 17 días de protesta, las autoridades municipales, el gobierno central y sus instituciones discutían una solución al problema, mientras cientos de trabajadores informales seguían obstaculizando el ingreso de los camiones recolectores. Pero no todo es trágico para los habitantes y trabajadores de la zona. En medio de la protesta, la alcaldía firmó un acuerdo de colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para financiar un proyecto de cierre técnico del vertedero municipal.
Elena Montobbio, coordinadora regional de la cooperación española, explicó a los medios de comunicación que su país aportará 30 millones de euros (casi 47 millones de dólares) para que las autoridades cierren el vertedero, construyan un barrio con viviendas dignas y una planta recicladora para manejo comunitario y así, en cinco años, miles de personas dejen para siempre este lugar.
