Líderes comunales indígenas enviaron una carta a las autoridades de Nicaragua para reclamar protección ante la amenaza de un gigantesco incendio forestal que pondría en riesgo a cerca de 60.000 familias.
"Las comunidades tienen miedo, pero están trabajando arduamente para evitar una catástrofe. Saben que con tanto bosque caído un incendio acabaría para siempre con su hábitat", dijo Brooklin Rivera, diputado del partido indígena Yatama.
El huracán Félix, en septiembre de 2007, derribó más de un millón de hectáreas de bosques, y el riesgo de un incendio amenaza a 12 comunidades aborígenes en Puerto Cebezas, un municipio del Caribe nicaragüense, 445 kilómetros al noroeste de Managua.
Los indígenas, señaló Rivera, todos los años queman áreas de bosque para preparar la tierra y cultivarla.
"Hubo mínimos incendios que fueron controlados. Pero nosotros estamos insistiendo, a través de radioemisoras en la zona, y de forma directa por medio de líderes religiosos, comunitarios y maestros, para que no quemen las parcelas, porque de un momento a otro la selva puede desaparecer", dijo Rivera a IPS.
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Félix devastó una franja boscosa de 75 kilómetros de ancho y más de 100 kilómetros de largo en la Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua, según estudios del Instituto Nacional Forestal.
De acuerdo con Rivera, el gobierno realiza esfuerzos para prevenir un siniestro a través de la organización y capacitación de brigadas comunitarias, entrenadas por las instituciones del Sistema Nacional de Prevención y Atención a Desastres.
Uno de los principales problemas que enfrentan las comunidades es que el aprovechamiento de los árboles derribados no se realiza de manera rápida.
"Hay suficiente madera para construir tres veces todos las iglesias, escuelas y casas destruidas, pero no hay capacidad en este momento para procesar todos los árboles", comentó Rivera. Se necesitan 30 aserraderos industriales, pero apenas hay cinco instalados y trabajando, agregó.
Según datos de la Presidencia de la República, Félix destruyó 20.394 viviendas, 57 iglesias, 102 escuelas y 43 centros de salud, además de afectar 1,3 millones de hectáreas de bosques, incluida parte de la Reserva de Biosfera de Bosawas.
El coronel Mario Perezcassar, jefe de Defensa Civil del Ejército, manifestó su preocupación por la alta vulnerabilidad de más de 60.000 familias en la zona del desastre, habitada principalmente por indígenas miskitos, mayagnas y de otras etnias. Hay 139 comunidades en la zona de riesgo, advirtió.
"Hablamos de combustible altamente volátil. Son más de 15 millones de metros cúbicos de madera que se están secando o pudriendo y entre ellos hay coníferas, que son resinosas y altamente inflamables", agregó.
El cambio climático resultó en este caso una ayuda. "Gracias a Dios ha estado lloviendo en la zona y eso ha amortiguado el calor. Pero abril será dramático porque no caerá más lluvia y ahí estará el mayor peligro", dijo Perezcassar.
"Hemos creado un cuerpo de 200 soldados preparados como bomberos forestales que se ha trasladado permanentemente a la zona de riesgo", señaló. Además, se realizan patrullajes terrestres, vuelos de reconocimiento y vigilancia a través de satélites para detectar incendios.
Pero el científico Jaime Incer Barquero, quien recibió en 2006 el premio National Geographic-Buffet en Liderazgo Conservacionista en América Latina, considera que esas medidas son insuficientes.
"Debe haber mano dura, mucha campaña urgente de educación y una presencia amplia y permanente para evitar que los campesinos quemen las tierras en esa zona", dijo a IPS.
Incer Barquero afirmó que las autoridades subestiman el riesgo. Un incendio en esa zona no afectaría sólo a Nicaragua, sino a toda América Central, al perder uno de los últimos pulmones naturales de la región.
"Esa zona está cercana a la Reserva de Biosfera de Bosawas, declarada patrimonio de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Un incendio acabaría con miles de años de desarrollo natural", advirtió el científico.
