«No queremos vender más soja a China, sino tofu. Aspiramos a ser granja del mundo, huerta, despensa y surtidor de biocombustible», dijo el ministro de Agricultura de la provincia de Buenos Aires, Fernando Vilella, al definir el salto de calidad que busca el agro argentino.
La creciente demanda internacional de alimentos, impulsada por China e India, está provocando una revolución en el campo argentino. Pero el gobierno nacional asegura que su prioridad es garantizar en primer lugar el abastecimiento interno, a precios acordes con la capacidad adquisitiva de los salarios nacionales.
Las autoridades anunciaron el martes un nuevo régimen de impuestos a las exportaciones de granos que pone fin a las alícuotas fijas e inaugura retenciones móviles, con variaciones que dependerán de cómo fluctúen los precios internacionales. De momento la medida alcanza a la soja, el girasol, el maíz y el trigo.
Así, el precio neto del exportador se mantendrá igual cualquiera sea el valor en el mercado mundial. Las autoridades creen que de este modo se combatirá la inflación, al separar el precio interno de los alimentos de sus cotizaciones internacionales, se fomentará la diversificación de la producción agrícola y se alentará el desarrollo de exportaciones con mayor valor agregado, además de elevar los ingresos fiscales.
La medida recibió rechazo airado de los empresarios agropecuarios.
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El ministro de Economía, Martín Lousteau, dijo que lo recaudado servirá para financiar los subsidios que el Estado entrega al sector para evitar mayores subas en los precios internos de los alimentos. En el último año desembolsaron casi 500 millones de dólares en subvenciones y harán falta 1.000 millones más este año, dijo.
"Esto que hicieron no tiene calificativo, es el certificado de defunción para los productores más chicos", dijo a IPS Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina. "Sólo van a quedar en pie las grandes firmas que tienen mayor escala y poder de negociación", vaticinó.
Para Buzzi, representante de agricultores pequeños y medianos, el impuesto debería aplicarse en forma "progresiva y diferencial" para afectar más a los que más tienen. "No se puede dar igual tratamiento a los que son diferentes, es algo inaudito, no tienen vergüenza", dijo enojado.
La sostenida demanda internacional de soja, principal cultivo de exportación de Argentina, provocó en el último año un aumento de precio de 70 por ciento. El gobierno de Cristina Fernández ya aplicaba un gravamen de 35 por ciento a esas ventas externas, pero el martes anunció que la retención subirá hasta 44,1 por ciento.
En el caso del girasol, cuyo valor aumentó 90 por ciento en los últimos seis meses en el mercado mundial, la retención pasó de 32 a 39,1 por ciento. En cambio para el maíz, ésta bajó de 25 a 24,2 por ciento, pues las autoridades quieren asegurar su provisión interna. Lo mismo ocurrió con el derecho de exportación del trigo, que bajó de 28 a 27,1 por ciento.
De esa manera las autoridades intentan frenar la inflación interna impulsada por la suba de los alimentos básicos.
Todo el sector agropecuario rechaza el impuesto a las exportaciones desde que entró en vigencia en 2002, luego de una devaluación monetaria de casi 270 por ciento. Pero este ajuste, que podría ser mayor si sigue la escalada de precios, tomó a los empresarios desprevenidos.
La medida aparece apenas tres días después de la euforia por el exitoso cierre de la mayor feria de maquinaria agrícola que se realiza anualmente en el país, y que este año concitó una enorme atención de público nacional e internacional.
En una entrevista con un grupo de corresponsales extranjeros, el ministro bonaerense del área agrícola, el ingeniero agrónomo Vilella, consideró que el nuevo régimen de retenciones no va a alterar el predominio de la soja, cuya producción mostró ser muy eficiente, según su opinión.
Vilella, director del Programa de Agronegocios y Alimentos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, destacó que el aumento de las retenciones se adoptó en el marco de una política que busca recaudar más apelando a una renta extraordinaria.
"Ojalá parte de esa recaudación vaya a mejorar la infraestructura, porque si la producción agropecuaria aumenta 30 por ciento en cinco años, como está previsto, y la demanda internacional sigue sostenida en el tiempo, el sistema va a colapsar por falta de caminos, autopistas y puertos", advirtió.
Si bien Argentina está incrementando su producción agropecuaria, si se queda en la provisión de soja y maíz, "será un fracaso", dijo el funcionario que comanda la cartera agraria de una provincia ubicada en el centro-este del país, y que produce más de 40 por ciento de los granos y 50 por ciento de las carnes nacionales.
"Argentina debe dejar de ser un fuerte exportador mundial de maíz y soja para pasar a transformar esos granos en aceites, biocombustibles o carnes. Ayer estuve reunido con una delegación china y le dije: No queremos seguir vendiéndoles soja sino tofu'", el queso elaborado con leche de esa oleaginosa, muy rico en proteínas.
Si en lugar de granos, Argentina hubiera exportado el año pasado el mismo volumen en carnes, habría multiplicado por cuatro el valor de las ventas y generado mayor empleo en el campo, añadió. Lo mismo ocurriría con la soja, si una porción importante se destinara a elaborar alimentos y biocombustibles.
El funcionario admitió que en la medida en que creció la rentabilidad de la oleaginosa, la ganadería quedó reducida a áreas marginales. Por eso ahora se busca promover el engorde de terneros en corral, alimentados con granos y no sólo con pasturas, para lograr una producción más intensiva y eficiente, abandonando en parte la tradición de las vacas dispersas por las extensas llanuras argentinas.
En opinión de Vilella, la soja fue una tabla de salvación para muchos pequeños cultivadores, pues consiguen un alto rendimiento aun con parcelas chicas. Y también están quienes viven de rentas, alquilando apenas sus campos a precios cercanos a 600 dólares por hectárea.
