Aunque el parlamento de Chile siguen sin aprobar la iniciativa que le permite a la sociedad civil presentar directamente proyectos de ley, un movimiento ciudadano se adelantó a enviar una propuesta que apunta a reducir las tarifas del servicio eléctrico.
La intención de permitir la participación popular en el proceso legislativo se ha planteado desde el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), pero fue sólo en junio pasado cuando se envió el proyecto para su tratamiento parlamentario.
Las propuestas públicas que antecedieron el proyecto proponían que reunir las firmas de cinco por ciento del padrón electoral fuese suficiente para que una iniciativa de ley pasara obligatoriamente a discusión parlamentaria.
Pero el proyecto presentado por el gobierno de la socialista Michelle Bachelet decepcionó, al relegar el diálogo ciudadano a los Consejos de la Sociedad Civil, integrados por organizaciones previamente acreditadas y con un carácter meramente consultivo.
Así, el Proyecto de Ley de Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública establece que cada institución de gobierno genere mecanismos propios para que las personas incidan en su funcionamiento, sin establecer una norma específica para ello.
Hoy el proyecto se encuentra en su segundo trámite constitucional, a pesar de las reiteradas urgencias solicitadas por el Poder Ejecutivo desde su presentación.
La demora en su discusión y la desconfianza que tienen las organizaciones no gubernamentales respecto de su efectividad las llevó a buscar vías dentro del sistema actual para ingresar el primer proyecto de origen ciudadano al parlamento.
"Fue necesario buscar el apoyo de parlamentarios para ingresar el proyecto a la Cámara de Diputados", dijo a IPS Ernesto Medina, presidente de Aquí la Gente.
Los senadores independientes Nelson Ávila y Carlos Bianchi, además del socialista Alejandro Navarro, se sumaron a 17 diputados de diversos partidos políticos que apoyaron la iniciativa y permitieron su trámite legislativo.
El "Proyecto de Ley, que corrige distorsiones, abusos y privilegios de distribuidoras eléctricas", ingresó a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados el 21 de noviembre.
"Pretendemos revertir los privilegios que las empresas distribuidoras han tenido por 25 años, porque los gobiernos de la Concertación no han hecho nada", dijo Medina.
La Concertación de Partidos por la Democracia es la coalición de centroizquierda que gobierna Chile desde 1990 y esta conformada por los demócrata cristianos, socialistas, Por la Democracia y Radical Social Demócrata.
La actual Ley General de Servicios Eléctricos tiene su origen en un decreto dictado en 1982 por el ya fallecido dictador Augusto Pinochet (1973-1990) que desembocó en una ley permisiva para quienes se hicieron cargo de las antiguas empresas distribuidoras de electricidad estatales.
"Hoy la rentabilidad fija de las distribuidoras llega a 10 por ciento, que se suma a otro 10 por ciento que estimamos reciben por los cobros extra que realizan a los usuarios", explicó a IPS Salvador Herrera, presidente de la Asociación de Consumidores de la Provincia de San Antonio (Conprosa), 108 kilómetros al oeste de Santiago.
El cobro por el aparato medidor de consumo eléctrico instalado en cada vivienda y su mantenimiento abultan las cuentas de luz de los usuarios.
Uno de los puntos del proyecto contempla la modificación del proceso de fijación de tarifas, en el que "participan las empresas y los fiscalizadores, pero no hay ningún representante ciudadano", señaló Medina.
Por otro lado, "hay un aprovechamiento con el tema de la asignación de zonas típicas y no se considera un componente social al definirlas", dijo Herrera.
La asignación de zonas típicas es realizada por cada distribuidora y define tarifas mayores para las áreas rurales en comparación con las urbanas.
"Es responsabilidad del Estado hacer un estudio más profundo de las áreas geográficas, porque hoy cada empresa cobra lo que quiere", denunció Herrera.
El Movimiento Aquí la Gente y la Conprosa integran el Consejo Social contra la Desigualdad, organización no gubernamental que agrupa a ciudadanos a favor del proyecto de ley.
Hasta ahora han conseguido el apoyo de entidades empresariales como la Sociedad Nacional de Agricultura, la Asociación de Exportadores, la Corporación Nacional de la Mediana y Pequeña Empresa y la Confederación del Comercio Detallista.
"Nuestra estrategia es la calle, la ciudadanía, confrontar a los parlamentarios con la gente y pedirle al gobierno que le dé urgencia al proyecto", indicó Medina.
Su objetivo es que el Congreso legislativo apruebe el proyecto antes de noviembre de este año, cuando se iniciará un nuevo proceso de fijación de tarifas, que prolongaría el sistema actual hasta 2012.
